El control político de las capacidades estratégicas ya existe

El Mostrador, 6 de enero 2022

Se debe hacer notar que las FFAA, además de dedicar la mayor parte de sus medios al entrenamiento táctico y técnico, también han perfeccionado a su personal en las materias que justamente se necesitan en la discusión a través de maestrías y doctorados en universidades como Harvard, King´s College, Universidad de Carnegie Mellon, National Defense University, Georgetown University, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Pontificia Comillas en España. Para contar con unas FFAA modernas y flexibles, se debe entender el contexto en que se desarrolla y emplea la fuerza militar. Dichas instituciones han entendido el nuevo escenario de seguridad en que vivimos, sin desestimar “códigos emergentes” como se plantea. En consecuencia, toda administración política de la defensa no podría desestimar esta valiosa capacidad y masa crítica, más aún cuando en el país escasean. Nos inclinamos más por una sana relación integradora de civiles y militares trabajando por una defensa robusta y eficiente en pos de los intereses nacionales. Aquí no sobra nadie.

En 2019 se aprobó la Ley 21.174 que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional y que incorpora en la discusión sobre capacidades al Ministerio de Defensa, al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República.

En una columna de opinión en este medio titulada “Capacidades estratégicas de la Defensa para el siglo XXI”, el Sr. Eduardo Santos señala que la nueva administración, encabezada por la futura Ministra de Defensa, deberá generar acuerdos y hacerse cargo de lo que Santos ha denominado “el propietario ausente”, en clara referencia a la autoridad política, que según él no ha ejercido una propiedad responsable. Nos parece que el comentario no es justo ya que la conducción política de la defensa —en general— se ha desempeñado correctamente, ya que lo contrario le otorgaría una influencia a las Fuerzas Armadas irreal e impropia, toda vez que en el país se ha dado cumplimientos a las leyes y sus respectivas normas, con un claro predominio del poder político sobre la fuerza militar, desde hace ya varias décadas. Podrá no ser perfecto, pero es uno que hoy está a la altura de toda democracia. De allí que, junto con compartir algunos alcances del autor como la necesidad de contar con más civiles preparados en materias de defensa —al mismo tiempo que convenimos en la idea que los requerimientos de capacidades estratégicas son mucho más que un asunto militar— se hace necesario precisar algunos alcances, sobre los que evidentemente no concordamos.

El autor destaca que el nuevo equipo que llegue al Ministerio de Defensa deberá impulsar un proyecto de planificación de capacidades estratégicas que incluya a una “fortalecida institucionalidad civil”. Pero, esto ya existe. En 2019 se aprobó la Ley 21.174 que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional y que incorpora en la discusión sobre capacidades al Ministerio de Defensa, al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República.

La mencionada ley se construye sobre 6 pilares, de los cuales cabe mencionar dos. Primero, la Política de Defensa corresponde al criterio orientador de las capacidades estratégicas. Ella, generada desde el Ministerio de Defensa, junto a la política militar y restantes políticas públicas sectoriales, son el criterio superior para elaborar la planificación. Y segundo, la existencia de mecanismos explícitos de control civil y democrático del gasto en defensa. Por un lado, la Contraloría General de la República puede observar decretos supremos y ordenar auditorías, al mismo tiempo que ejerce la fiscalización que corresponda sobre la inversión. Por otro, el Congreso Nacional será informado de los proyectos, revisará su presupuesto, recibirá de parte del Ministro de Defensa las observaciones realizadas por la CGR y una vez al año rendirá cuentas sobre la manera en que se materializan las capacidades estratégicas. Es un hecho que la “institucionalidad civil”, como la llama Santos, tiene un rol crítico en el desarrollo de las capacidades estratégicas de la defensa.

cita tipo=”destaque”]Para contar con unas FFAA modernas y flexibles, se debe entender el contexto en que se desarrolla y emplea la fuerza militar.[/cita]

Adicionalmente, llama la atención que se pretenda inhibir a los militares en la discusión sobre el desarrollo de capacidades estratégicas. En este sentido, si se requiere desarrollar propuestas educativas o mejorar las políticas de salud, seguramente se llamará a los especialistas en la materia. Pues bien, lo mismo sucede en la Defensa. Es cierto que esta discusión se debe dar a nivel ministerial y que además faltan más civiles especializados, pero resulta sorprendente pretender desarrollar la Defensa y sus capacidades, sin la opinión de las FFAA. Se trata de integrar y coordinar a los mejores especialistas, sin hacer distinciones sesgadas, teniendo claro que los militares asesoran y proponen y el poder político resuelve.

Asimismo, se debe hacer notar que las FFAA, además de dedicar la mayor parte de sus medios al entrenamiento táctico y técnico, también han perfeccionado a su personal en las materias que justamente se necesitan en la discusión a través de maestrías y doctorados en universidades como Harvard, King´s College, Universidad de Carnegie Mellon, National Defense University, Georgetown University, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Pontificia Comillas en España. Para contar con unas FFAA modernas y flexibles, se debe entender el contexto en que se desarrolla y emplea la fuerza militar. Dichas instituciones han entendido el nuevo escenario de seguridad en que vivimos, sin desestimar “códigos emergentes” como se plantea. En consecuencia, toda administración política de la defensa no podría desestimar esta valiosa capacidad y masa crítica, más aún cuando en el país escasean. Nos inclinamos más por una sana relación integradora de civiles y militares trabajando por una defensa robusta y eficiente en pos de los intereses nacionales. Aquí no sobra nadie.

Además, sin mencionar referencias, Santos afirma que un “debate presupuestario centrado principalmente en las restricciones impuestas por la situación financiera produce en los líderes militares su bloqueo mental”. ¡Nada más lejos de la realidad! Por un lado, subestima y ofende las capacidades de nuestros militares, marinos y aviadores, quienes han liderado misiones y ejercicios ganándose prestigio internacional y, por otro, desconoce el hecho de que las FFAA de Chile y sus líderes tienen claridad en que es el poder político quien define prioridades y aprueba los recursos financieros. Por lo demás, desde hace un par de décadas vienen cumpliendo un mayor número de misiones que ellas han debido planificar, proponer y ejecutar sin ningún tipo de bloqueos y con menos presupuesto.

Finalmente, invitamos a continuar con una discusión informada sobre estas materias. Coincidimos en que existen problemas en el área de Defensa, pero estos no se concentran primordialmente en las FFAA como se pretende exponer, si no que se relacionan más con el rol del poder político que las manda. Las FFAA “son de todos” y lo seguirán siendo. Son de acuerdo con varias encuestas recientes las instituciones mejor evaluadas y percibidas por los chilenos, al menos, mejor que los gobiernos que las dirigen, el congreso que las controla y algunos que las critican.

Pilar Lizana y Marcelo Masalleras
Investigadores AthenaLab