Millones de kilómetros cuadrados de austro chileno en la constitución

Para comprender la importancia material que los territorios australes tienen para el futuro del conjunto del pueblo chileno resulta útil señalar que la región de Magallanes y Antártica Chilena —medida desde el Campo de Hielo Sur al Archipiélago del cabo de Hornos (en sentido longitudinal cerca de 700 kms o la distancia entre Santiago y Temuco)— abarca un área 8,5 veces mayor que la del territorio de la Región Metropolitana.

El Mostrador, 9 de febrero 2022

Diversas iniciativas populares orientadas a lograr la singularización constitucional de los territorios terrestres, insulares, marítimos y polares del país se han presentado para ser discutidas por la Convención Constituyente. Concitando un gran número de suscriptores, todas ellas ilustran interés por un tema trascendente, que, aunque ignorado por anteriores constitucionalistas, entre otros asuntos hoy refleja la preocupación de la sociedad por el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales de nuestra geografía.

Es el caso de, primero, nuestra soberanía submarina en el Pacífico Sudeste (desde la “triple unión” de la Península de Taitao en Aysén hasta las placas tectónicas de Rapa Nui, Sala y Gómez, San Félix y San Ambrosio frente a la costa de Atacama); segundo, la cuestión no zanjada de límites en el Campo de hielo Sur y, tercero, del desafío asociado al reclamo argentino de territorios en el océano Austral más allá de lo pactado con Chile en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Vinculado a esto último se encuentra también la cuestión de los reclamos de plataforma continental presentados por Australia, Noruega, Francia, Sudáfrica y Argentina al interior del área de aplicación de la normativa del Sistema del Tratado Antártico.PUBLICIDAD

Estas circunstancias merecen nuestra atención y preocupación tanto por los desafíos diplomáticos y de seguridad que en si representan, como porque, desde una óptica alternativa y conforme con el Derecho, constituyen oportunidades para reforzar la lógica que sostiene la tesis geo-legal de la continuidad y la integridad de nuestros territorios desde Visviri al Polo Sur, y desde las cumbres andinas a Rapa Nui.

En el caso de nuestros territorios en “el sur más lejano del planeta”, ese concepto cobija geografías hasta y más allá de las 200 millas marinas, incluidos los territorios submarinos que se sitúan entre el llamado “Punto F” del Tratado de Paz y Amistad (a circa 260 kms al sur del Cabo de Hornos) y ambas costas del territorio chileno Antártico. Se trata del sector chileno del océano Austral conocido bajo el anglicismo de “Paso Drake”.

Diversos estudios prospectivos incluyen a esa parte del territorio chileno entre los espacios más apetecidos por ambiciones geopolíticas y geo-económicas foráneas, pues —literalmente—  se trata de millones de kms2 que, por una parte, albergan enormes volúmenes de recursos naturales vivos y no vivos y, por otra, constituyen la ruta interoceánica más austral, cuyo valor estratégico es evidente en el contexto de la “nueva guerra fría” entre Occidente, China y Rusia. Algo similar está ocurriendo en el sector Indo-Pacífico del océano Austral, un fenómeno político y geopolítico que incluye la revalorización de los pasos marítimos entre los océanos Índico y Pacífico, que ha motivado una novedosa alianza entre la India y Australia.

Para comprender la importancia material que los territorios australes tienen para el futuro del conjunto del pueblo chileno resulta útil señalar que la región de Magallanes y Antártica Chilena —medida desde el Campo de Hielo Sur al Archipiélago del cabo e Hornos (en sentido longitudinal cerca de 700 kms o la distancia entre Santiago y Temuco)— abarca un área 8,5 veces mayor que la del territorio de la Región Metropolitana. Se trata de una superficie equivalente al tamaño de Nicaragua o Grecia, e incluso más extensa que la de Corea del Norte. Si a esa superficie se agrega la proyección de zona económica exclusiva y la plataforma continental legal (200 millas), se comprueba que solo el territorio marítimo magallánico tiene al menos 400 mil kms2 que, sumados a la superficie terrestre, hacen de Magallanes (sin la Antártica Chilena) un área total de circa 540 mil kms2, esto es, la superficie terrestre de Francia.

Si a esa enorme territorio agregamos nuestras posesiones antárticas —estimadas a partir  del citado “Punto F” del Tratado de 1984 y entre las longitudes 53º y 90º (Decreto Antártico de 1940 y Estatuto Antártico 2021)—, comprobamos que —haciendo uso del Derecho Internacional— al sur de dicho punto nuestro país puede considerar propia un área cercana a lo menos 3,6 millones de kms2, compuesta por el sector chileno del océano Austral y nuestra terra firme Antártica: un espacio incluso superior a la superficie de la India.

Todo ese enorme territorio se compone de varios sectores que, por razones de coherencia geográfica y política, conviene distinguir. A saber: primero, el sector chileno de la Patagonia (“país de los Patagones” al norte del estrecho de Magallanes, solamente); segundo, el propio estrecho (per se una unidad biogeográfica, geo-económica y geoestratégica); tercero, el sector chileno del Archipiélago Fueguino (Provincia de Tierra del Fuego, una región distinta de la Patagonia), y; cuarto, las regiones insulares, oceánicas y polares que se abren hacia el Polo Antártico a partir de los canales Beagle y Cockburn.

Debido a que este último sector de Chile incluye “todas las islas al sur del canal Beagle”, en nuestra división político-administrativa ese territorio corresponde a nuestra provincia Antártica con cabecera en Puerto Williams.

Se trata de un ¨nuevo-nuevo mundo austral” que, —muy importante— entre las islas del cabo de Hornos y el Beagle, desde tiempo inmemorial estuvo habitado por algunos de nuestros pueblos originarios (ocupación, uso y control del espacio).

Todos los países vecinos han incorporado en sus respectivas Constituciones Políticas referencias expresas a sus territorios. Chile sigue sin hacerlo.

Esto no solo perjudica el concepto que la propia ciudadanía tiene de los activos geográficos que le pertenecen, sino que facilita que en determinadas ocasiones, en la aplicación de ciertas leyes y políticas, determinados servicios públicos tengan dudas y vacilaciones para, por ejemplo, comprender que un viaje entre Punta Arenas y cualquiera de nuestras bases antárticas no es un “viaje internacional” sino que, simplemente, un simple viaje al interior de la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Los constituyentes tienen entonces la oportunidad de resolver el problema incluyendo en la nueva Carta Magna una definición clara y precisa de la extensión de nuestros territorios terrestres, insulares, oceánicos y polares. Así, en adelante,  políticas públicas (incluida políticas educacionales) podrán contar con un referente geográfico concreto en el cual cualquier acción del Estado deba materializarse para, de manera inteligente y sostenible, ocupar, utilizar y poner en valor todos nuestros activos geográficos.

Jorge Guzmán
Investigador AthenaLab