La preocupante militarización de Chile

El Mostrador, 12 de enero 2023

Se esperaba que, con la llegada del Gobierno de Boric y la poca amistad de algunos con las instituciones de la Defensa, sumado ello a las promesas de campaña, el uso de las Fuerzas Armadas bajara notoriamente. Pero bastó un par de meses para que se tuvieran que tragar sus palabras y ya no solo se pide la presencia en la Macrozona Sur, sino también en toda la extensión de la frontera con el Perú y la República Plurinacional de Bolivia, pasando a ser algo normal, y que no llama la atención, la renovación del Estado de Emergencia de La Araucanía.

Esta no es la primera vez en que manifiesto mi preocupación por la militarización de Chile impulsada por los gobiernos democráticos de los últimos tiempos y que, con el paso de los años, ha ido en aumento, demostrando la incapacidad de los poderes del Estado para resolver los problemas de seguridad interior con los medios tradicionales de los que se dispone.

La Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad el martes 10 de enero, y sin reparos, el proyecto de protección de la infraestructura crítica, enviándolo para su siguiente trámite a la Sala de la Cámara Alta, concluyendo que, si no hay senadores que se opongan, va a ser ley prontamente.

La militarización de Chile de tiempos recientes parte con el apoyo y participación de las Fuerzas Armadas en la normalización de zonas de Chile afectadas por desastres naturales, como son incendios forestales, terremotos, tsunamis, inundaciones, y cosas de ese tipo, en donde concurren con sus capacidades operacionales y logísticas, de mando y control y, más importante, con la disposición a ayudar al prójimo que está en problemas.

Asumanos que por un minuto lo anterior es correcto y aceptable, ya que son eventos esporádicos, pero ello comienza a ser cuestionable cuando la excepción se vuelve la norma. Eso sucedió en el Gobierno de Piñera II, cuando se les empleó para la contingencia del COVID, el soporte tecnológico y logístico a las policías en la frontera norte, en lo que se conoce como el Decreto 265, y en la Macrozona Sur, producto de la operación de grupos insurgentes y criminales.

Se esperaba que, con la llegada del Gobierno de Boric y la poca amistad de algunos con las instituciones de la Defensa, sumado ello a las promesas de campaña, el uso de las Fuerzas Armadas bajara notoriamente. Pero bastó un par de meses para que se tuvieran que tragar sus palabras y ya no solo se pide la presencia en la Macrozona Sur, sino también en toda la extensión de la frontera con el Perú y la República Plurinacional de Bolivia, pasando a ser algo normal, y que no llama la atención, la renovación del Estado de Emergencia de La Araucanía.

Pero más asusta el que ahora el mismo Congreso que le aprueba los Estados de Excepción al Gobierno de Boric, este dispuesto a aprobar el proyecto de infraestructura crítica que vuelve normal algo que antes era excepción y reduce las exigencias de supervisión del Parlamento al quehacer del Gobierno en materias de seguridad. Nos vamos de pedir la excepción cada 15 días a 90 días, se amplían las causales de uso y con reglas poco claras o derechamente malas para determinar cuándo y cómo se usa la fuerza.

No hay nada malo en usar todos los elementos del Estado para resolver problemas nacionales, pero cuando se trata de las FF.AA., producto de la naturaleza de estas, debemos tener particular cuidado. Las razones son muy simples, pero, a pesar de ello, no son observadas por la clase política.

Las principales consideraciones para tener en cuenta en esta materia:

1. Las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la soberanía, el territorio y el interés nacional donde sea que esté ubicado.
2. Usar a las Fuerzas Armadas para tareas no fundamentales implica correr el riesgo de que unos u otros se malacostumbren a que estén a cargo, con lo que ello implica.
3. Las Fuerzas Armadas solo se deben usar excepcionalmente en labores distintas a las que les son propias, y que, dicho sea de paso, no es algo para lo cual estén entrenadas, por lo que el entrenamiento para estas funciones roba tiempo y recursos del que se necesita para mantener sus capacidades fundamentales y la disuasión que el país requiere.
4. Los problemas delictuales y criminales se resuelven con las policías y no las Fuerzas Armadas. Distinto es el caso de la insurgencia, que necesita de una atención especializada que solo las FF.AA. pueden proveer efectivamente, pero que al parecer no es el caso, ya que este Gobierno y el anterior solo hablan de actividad criminal y de violencia rural en el sur de Chile.
5. Los problemas de seguridad interior de Chile se resuelven con inteligencia, voluntad política y el accionar coordinado de todos los poderes y recursos del Estado. No se resuelven con el estacionamiento de fuerzas militares en puntos fijos y en labores del tipo de resguardo de caminos, y se torna ineficaz si además se les acompaña de reglas de uso de la fuerza mal diseñadas y poco apropiadas.

Tengo la esperanza de que, en alguna parte del Congreso Nacional, exista el sentido común y salte que es más que evidente que el proyecto de infraestructura crítica no es la solución a los problemas de Chile, y, lo que es más, puede contener riesgos que muchos quieran obviar.

La creciente militarización de Chile por parte de gobiernos democráticos no es una buena solución a los problemas de seguridad interior, y en lo personal, darle más atribuciones a un Gobierno sin la adecuada supervisión del Congreso me causa escalofríos.

Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente de AthenaLab

Fuente: El Mostrador