Sobre el Consejo de Seguridad Nacional y los estados de excepción

El Líbero, 3 de enero 2024

Pedirles a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad pública de la Región Metropolitana es pedirle al gato que meta las manos al fuego para sacar las castañas.

Producto de la inseguridad que se vive en buena parte de Chile y en particular en la Región Metropolitana, parlamentarios de todo el espectro político han pedido al Presidente de la República que cite al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y decrete estado de excepción constitucional de emergencia en la capital y otras ciudades principales de Chile.

El grave problema criminal que se vive en buena parte de Chile claramente afecta la seguridad nacional. Se suma a la insurgencia que tenemos en la Macrozona Sur, al uso de Chile como país de tránsito para el tráfico de drogas, y al hecho de que nuestras fronteras del norte y noreste son usadas para el ingreso ilegal de inmigrantes, algunos de los cuales y quizás los menos, vienen a potenciar las capacidades de los grupos criminales que operan en el territorio nacional.

Excepto por la insurgencia que opera en la Macrozona Sur, todos los otros problemas claramente son de carácter criminal y por ende deben recibir soluciones en donde las capacidades de Carabineros y de la PDI se suman a las del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio Público, los tribunales y otras organizaciones del Estado que se dedican a trabajar el tema delictual.

En situaciones como estas las Fuerzas Armadas pueden prestar capacidades logísticas y tecnológicas, pero no más que eso, ya que se les prepara para la guerra y no para labores policiales. Lamentablemente producto de que parte del material que tienen las Fuerzas Armadas es polivalente, y al hecho de que son organizadas y disciplinadas, hay quienes tratan de que se hagan cargo de todos los problemas de Chile, incluyendo por cierto lo criminal.

Constitucionalmente las Fuerzas Armadas sólo pueden ser usadas excepcionalmente y repito excepcionalmente, para situaciones que sean calificadas de emergencias, sean estas producto de eventos de la naturaleza, o de situaciones de conmoción o desordenes internos. Para ello hay todo un protocolo legal que se debe seguir y mecanismos de control que recaen en el Congreso y la Contraloría General de la Republica. Ello producto de que siempre puede existir la tentación del Ejecutivo de usarlas para fines distintos a las emergencias como puede ser el sostenerse en el poder con el apoyo de las armas.

Claramente lo anterior no es bien entendido ni por el Ejecutivo que las viene usando en forma permanente y no excepcional en la Macrozona Sur, o por los políticos que las piden para resolver todos los problemas de Chile incluyendo los de tipo criminal.

Como no era suficiente para los fines y propósitos del Ejecutivo, y de los políticos en general, además crearon la figura constitucional de la protección de la infraestructura crítica, la que permite usar a las instituciones de la Defensa Nacional para resguardar infraestructura de los daños que los mismos chilenos puedan causar. La definición que los políticos hicieron es bastante amplia y más extensa de lo que indica el sentido común o lo que es crítico. Un buen ejemplo es que incluye el resguardo de las zonas fronterizas, que de infraestructura no tiene nada y más bien apunta a su uso para evitar la inmigración ilegal, lo que tiene más cara de un tema de policías que de militares.

En lo que se refiere al Cosena, su propósito en la Constitución del 80 fue permitir la supervisión del sistema político por parte de las Fuerzas Armadas. Eso se corrigió en las modificaciones del 2005, en la llamada Constitución de Lagos, que dejó al consejo como algo inútil y sin propósito, ya que no tiene atribuciones ejecutivas, sesiona cuando lo cita el Presidente, y sólo tiene carácter consultivo, por lo que se entiende que los parlamentarios sólo están buscando publicidad y portadas de los diarios.

La seguridad publica es una responsabilidad del Ejecutivo y la ejerce a través de la ministra Tohá como ministra del Interior y Seguridad Pública. El Presidente, la ministra Tohá, y sus subsecretarios del Interior y de Prevención de Delitos son los únicos responsables por la situación imperante, y no sacan nada con chutear la pelota al córner, o de responsabilizar a otros por el desmadre actual.

Pedirles a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad pública de la Región Metropolitana es pedirle al gato que meta las manos al fuego para sacar las castañas. Es pedirles algo para lo cual no tienen las capacidades materiales y personales, como tampoco de la protección legal que su trabajo necesitaría.

Ya basta con que tengan que apagar incendios en verano, estar desplegadas en las provincias de la Macrozona Sur, y resguardando fronteras con el fin de que no haya más inmigración ilegal a Chile. Todos los excesos son malos y aquí claramente estamos frente a uno.

Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab

Fuente: El Líbero