El convenio policial con Venezuela

El Líbero, 1 de marzo 2024

Seleccionar a los socios es clave y, no sólo el socio en sí, sino que también sus relaciones internacionales.

Entre todos los comentarios sobre lo que pudo haber sucedido en el caso del secuestro del exmilitar venezolano, desde un medio de Caracas se especuló sobre el rol del convenio policial firmado entre Chile y Venezuela. La segunda democracia de América Latina firmaba un acuerdo con la segunda dictadura (después de Cuba) de la región. Al menos, preocupante. 

Caracas no sólo cuenta con un gobierno dictatorial, sino que además tiene relaciones con naciones como Rusia e Irán, se ha comentado sobre las acciones de Hezbolá en ese país y el rol que el crimen organizado tiene en el gobierno de Maduro. Asuntos que debiesen haber estado sobre la mesa al momento de tomar la decisión de firmar un convenio con Venezuela. 

Si en su momento la licitación de los pasaportes a una empresa china cuestionó la continuación de la visa waiver con Estados Unidos, ¿qué dirá entonces, nuestro socio estratégico sobre este convenio? En especial frente a la posibilidad de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca.

En materia de ingresos ilegales la falta de información compartida por Caracas y su poca disposición a colaborar aparecen como problemas para enfrentar una ola migratoria que trae consigo a quienes buscan oportunidades y al crimen organizado que se mueve por las mismas rutas. 

Entonces ¿cómo es posible firmar un acuerdo de intercambio de información con un país que no comparte información?, ¿por qué decidir asociarse con un Estado donde el tráfico de armas, minería ilegal, tráfico de petróleo, narcotráfico, etc. controlan el territorio?

Chile es un país que honra su palabra y cumple los compromisos. Sin embargo, un gobierno dictatorial apoyado por Estados cuestionados internacionalmente tiene pocos incentivos para cumplir su palabra.

Luego de leer el documento quedan más preguntas que respuestas. La sola amplitud de éste es un riesgo. En caso de que exista intercambio de información, ¿qué tan ciertos serán los datos entregados por Venezuela, qué uso le dará ese país a la información entregada por Chile? Y, más allá de eso, por qué un país controlado por el crimen organizado querría compartir datos que servirían para perseguirlo, o… tal vez lo que busca es contar con inteligencia que contribuya a su seguridad. 

Sea cual sea la razón, Chile no se beneficia mucho. El Subsecretario del Interior se ha justificado afirmando que el convenio no está activo y que lo publicado por el medio venezolano es falso. Pero, el hecho de que no esté vigente aún no lo hace menos riesgoso ni disminuye el impacto que puede tener en la imagen de Chile el suscribir un documento como este con un país como Venezuela. 

El combate contra el crimen organizado tiene un aspecto internacional no menor. La cooperación es fundamental para perseguirlo y los instrumentos del Estado deben contribuir a ello. Seleccionar a los socios es clave y, no sólo el socio en sí, sino que también sus relaciones internacionales. Enfocarse en el árbol y no en el bosque podrían terminar instalándonos en medio del “eje del mal”, como dirían en Estados Unidos. La urgencia por solucionar un asunto puntual asociado a expulsiones podría terminar siendo más riesgoso si no se hace el análisis pertinente.

Pilar Lizana
Investigadora senior AthenaLab

Fuente: El Lïbero