La lógica del modelo de negocios del crimen organizado

El Líbero, 3 de julio 2024

Más que estar atacando a los alcaldes que levantan la voz, quizás sea mejor que el ministro Cordero y el subsecretario Monsalve perfeccionen la legislación anticorrupción.

En la última semana de junio se produjo una gran polémica después de que una alcaldesa indicó que había evidencias de que hay políticos que se financian con platas narco. Su declaración generó aireadas reacciones de parte de ministros y subsecretarios del gobierno de Boric.

La verdad es que yo que ella habría sido más taxativo aún y habría indicado que más que evidencias, estamos hablando de un modelo de negocios que para ser exitoso requiere corromper, y que incluso la misma oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la droga y el delito dice que incluye la corrupción de funcionarios públicos. La definición de la ONU dice:

“La delincuencia organizada es una empresa delictiva continua que trabaja de manera racional para sacar provecho de actividades ilícitas que, a menudo, tienen gran demanda pública. Su existencia continua se mantiene mediante la corrupción de funcionarios públicos y el uso de la intimidación, las amenazas y la fuerza para proteger sus operaciones”.

Teniendo claro que es un modelo de negocios que para su existencia continua debe, entre otras cosas, corromper a funcionarios públicos, la pregunta a responder es cuáles serían los que son de su interés, pero antes veamos algunas obvias características del modelo que todos los interesados en la materia deben conocer, incluyendo los ministros y subsecretarios del actual gobierno, y, por cierto, diputados y senadores interesados en la materia.

• El crimen organizado es como dice su nombre organizado, es decir, racional, y planificado.
• El crimen organizado es una actividad económica y opera con la lógica de un negocio. Esto fue algo que el Nobel de economía Gary Becker dejó claro en su ensayo escrito en 1968 sobre la materia y que ayuda a explicar la forma en que opera.
• El crimen organizado busca las formas en que puede maximizar su utilidad, lo que logra cuando llega a ser un monopolio, y de no ser posible, operan como oligopolios. Tienen estrategia, y estructura para darle forma.
• El crimen organizado como actividad económica sigue usos y prácticas que se encuentran en otros tipos de negocios, siendo uno de los más novedosos, su franquiciamiento a terceros, el cobro de royalties, y el pago de derechos de operación donde les sean cobrados por quien domina el territorio.
• El crimen organizado, valga la redundancia, se organiza igual que las empresas comerciales o con fines de lucro. Tienen gobierno corporativo, accionistas, gerente general, tesorero que maneja la caja, gerente de compras y proveedores, unidad de cobranzas, la gerencia de operaciones que maneja la operación en terreno, una unidad de recursos humanos que se encarga del reclutamiento, bienestar de los colaboradores y el desarrollo de carrera, una unidad de logística que almacena y traslada, y así muchas otras.

El crimen organizado, al igual que todo negocio, busca pagarles dividendos a sus accionistas, o el retiro de utilidades, lo que exige tener la capacidad de lavar sus ingresos, lo que se logra por la vía de hacer lícitos los ingresos que provienen de la actividad económica criminal. El nombre de lavado de activos viene de la cadena de lavanderías que Al Capone montó en Nueva York para literalmente lavar o limpiar los ingresos que sus actividades ilícitas producían.

Para ser exitoso, el crimen organizado no sólo busca eliminar la competencia, algo que hace por medios violentos, sino también asegurándose que las autoridades y funcionarios públicos los dejen operar sin problemas, y a los que no, los elimina. A los que va a buscar corromper son todos aquellos que les pueden hacer la vida difícil o bien hacer más fácil el desarrollo de sus operaciones.

Las personas objeto de sus acciones de corrupción son:

• Administración municipal: Alcaldes, concejales y funcionarios municipales.
• Sistema judicial: Jueces y funcionarios de tribunales, y fiscales del Ministerio Público.
• Servicios Policiales: Carabineros de Chile, PDI y a la Policía Marítima de la Armada de Chile.
• Gendarmería: Gendarmes a cargo de las cárceles y de la custodia en tribunales.
• SII y UAF en lo que se refiere a control y origen de actividades comerciales ilícitas.
• Servicio Nacional de Aduanas en lo que se refiere a internación de mercaderías.

Para tranquilidad de la ministra Tohá, del ministro Cordero y del subsecretario Monsalve, es muy poco probable que el crimen organizado tenga interés en ellos, como también en diputados, senadores y otras posiciones de elección popular. Ellos operan bajo lógica comercial y no pagan a quien no les dan valor agregado, entendiéndose por ello, los que les son necesarios para desarrollar sus negocios, generar ingresos, y transformarlos en dividendos a pagar o utilidades blanqueadas a repartir.

A los mismos que busca corromper son los que amenaza, extorsiona, e intimida. Entienden muy bien los esquemas de castigos e incentivos, sólo que cuando usan el garrote, lo hacen extensivo a las familias y amistades, lo que les permite mantener controladas sus operaciones.

A los testigos de sus operaciones los amenazan o derechamente matan. Para ellos no hay sobornos, simplemente los acallan, como es el caso de tres que ya fueron ajusticiados este año. Aquí se debe revisar la forma en que operan los programas de protección de testigos del Ministerio Público, ya que de lo contrario quién va a querer colaborar en juicios contra el crimen organizado.

Más que andar exigiendo a quien dice lo obvio, las autoridades del actual gobierno deben buscar entender la lógica de una operación del tipo crimen organizado, asegurándose de que no se estén realizando acciones que busquen corromper o afectar a sus funcionarios. Lo mismo aplica a la Corte Suprema en lo que a tribunales se refiere, Fiscal Nacional para lo que es Ministerio Público, y a los que corresponde fiscalizar y controlar a las autoridades municipales, incluyendo las que revisan la legalidad y origen del financiamiento de las elecciones de alcaldes y concejales.

Más que estar atacando a los alcaldes que levantan la voz, quizás sea mejor que el ministro Cordero y el subsecretario Monsalve perfeccionen la legislación anticorrupción y se mejoren las capacidades el Ministerio Público en esta materia, como también las que cada una de las organizaciones que son objeto (listadas anteriormente) tienen o deben tener para evitar acciones de corrupción, o bien proteger a sus integrantes del garrote que usa el crimen organizado cuando la corrupción no funciona. Hora de aplicarse a lo suyo y no andar preocupados de atacar a otros.

Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab

Fuente: El Líbero