Director de AthenaLab es consultado sobre cómo combatir la violencia en la Araucanía

Apuntar a fuentes de financiamiento de grupos extremos y reforzar inteligencia: cómo combatir violencia en zona mapuche según expertos

El Líbero, martes 30 de junio 2020

Más de 70 ataques se registran en la macrozona sur desde el inicio del Estado de Catástrofe, el 19 de marzo, por la pandemia. Analistas aconsejan debilitar el capital de grupos irregulares -que les permiten llegar a armas y explosivos-, una mayor inteligencia policial y establecer un diálogo para evitar una eventual confrontación. «Recuperar el Estado de derecho es clave», apuntan.

La Araucanía y la Provincia de Arauco, en el Biobío, están bajo amenaza. Más de 70 atentados se acumulan en las regiones desde que se decretó el Estado de Catástrofe, el 19 de marzo, producto de la pandemia de la Covid-19. Frente a la escalada de violencia, el Gobierno decidió desplegar más de 80 efectivos del Ejército en un intento de evitar nuevos ataques. La acción provocó una amenazadora advertencia de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM): «Estamos preparados para un enfrentamiento armado. Ya resurgió el weichan (guerra mapuche) y nuestros weichafe ya nos hemos convocado, con consciencia y con valor. Hoy contamos con capacidad militar para la defensa de lo recuperado y para seguir avanzando».

La declaración coincidió con un reiterado llamado del intendente de La Araucanía, Víctor Maloni, a conversar para solucionar el conflicto. «Como Gobierno siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, pero no bajo presiones», dijo en una conferencia de prensa el 24 de junio.

¿Qué hacer en una zona donde la violencia no se detiene y los atentados aumentan en intensidad y se relacionan con robo de madera, narcotráfico y tenencia de armamentos ? Expertos consultados por El Líbero entregan sus posturas al respecto.

Para Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab, es fundamental entender la «lógica» de los grupos violentos y recomienda atacar sus fuentes de financiamiento. «La respuesta de seguridad puede ser un aumento de la vigilancia en materia de presencia directa o en materia remota. Creo importante identificar las fuentes de financiamiento de las minorías o los grupos radicales. Es la línea correcta, lo clave es conocer quién está involucrado e inmovilizar esos activos, como cuentas (bancarias), porque eso es lo que, finalmente, permite a ellos acceder a las armas y explosivos», afirma.

La CAM, que se atribuye varios atentados en la macrozona sur, tiene aliados relacionados con el narcotráfico. Emilio Berkhoff Jerez, cercano a Llaitul y defensor de la causa mapuche, fue detenido por estar presuntamente involucrado en una red de tráfico de drogas, el 12 de junio. Según reportes de la Policía de Investigaciones (PDI), él y otras 10 personas mantenían en su poder 823 kilogramos de pasta base de cocaína. El cientista político y doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Jaime Abedrapo, advierte que se presentan focos de inseguridad en distintas dimensiones. «En los sectores urbanos, el narcotráfico está muy bien organizado y tomándose el control de algunas zonas, y a través de ocupar una causa como se denomina la mapuche, o en cierto nivel la autonomía o reivindicación de tierras», explica.

El resultado de la seguidilla de ataques son camiones incendiados, rutas devastadas y hasta torres de telecomunicaciones destruidos. Para Toro no son casuales estos objetivos. «Quieren generar un vacío de comunicación», resalta.

Quienes organizan estos actos violentos evitan ser rastreados. De ahí que sea una estrategia común el corte de rutas terrestres y de comunicaciones. Si en algo coinciden los expertos es en reforzar las labores de inteligencia policial para desarticular a los responsables de los atentados. «Gran parte de estos conflictos se soluciona con inteligencia policial, atacando fuentes de financiamiento y desarticulando las redes que hay detrás, y reduciendo la impunidad. Para recuperar el Estado de derecho eso es clave», indica Toro.

En ese sentido, y en plena alza de los atentados, el intendente Maloni pedía al Congreso aprobar el proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia de las fuerzas de seguridad del Estado. «Hago un llamado a los parlamentarios, especialmente a los de la región, que nos permitan agilizar este trámite», solicitó en un punto de prensa el 20 de junio.

De hecho, frente a la ola de violencia, la Cámara de Diputados decidió realizar una sesión especial el 7 de julio para debatir los atentados en la Araucanía. «Queremos conocer el estado de avance de la agenda legislativa ingresada por el Gobierno en relación al fortalecimiento del sistema de inteligencia y la investigación de hechos que la ley califica como terroristas», dijo el parlamentario Miguel Mellado hace unos días.

Según Abedrapo, este es uno de los principales obstáculos en materia de seguridad. Opina que Chile tiene «problemas importantes» desde el punto de vista de la inteligencia policial y eso se evidencia en la dificultad para desarticular a los responsables de los actos violentos. «Esa desnudez probablemente hoy en día, como Estado, está siendo muy palpable; porque cuando uno piensa que hay que hacer alguna acción por parte del Estado, la mayoría de las personas tienden a asociar las fuerzas militares a mayor contingente», asegura.

Reducir impunidad para recuperar el Estado de derecho 

El diálogo sería una vía para la resolución del enconado conflicto que, según advierten ambos analistas, podría elevarse en los siguientes días. «Ya tienen capacidad de fuego real. La situación, en verdad, puede en cualquier minuto aumentar y de ahí solamente (continúa) la espiral de violencia», dice Abedrapo.

El cientista lo experimentado en la macrozona sur obedece a un asunto político. «Se resuelve con diálogo, con entendimiento, disuadiendo. Por cierto, teniendo una absoluta y rotunda, por parte de todos los actores políticos y sociales, rotundo rechazo a la violencia», indica.

Entretanto, Toro coincide en una salida pacífica, mediante el diálogo, pero indica que no se debe abandonar las medidas de seguridad. «Cuando las partes dejan de dialogar entran en escalada y esto lo que hace es incrementar los niveles de violencia», argumenta.

Sobre procedimientos policiales con contingente más reforzado, Toro subraya que «tienen que ser ajustados a estado de derecho». Y agrega que, en cuanto a Derecho Internacional, este varía dependiendo del gobierno y del tipo de amenaza.

Apunta: «Lo que pasa es que en Chile si se cumplieran las leyes como están escritas ya tendríamos pleno funcionamiento de Estado de derecho… nadie puede cortar una ruta o agredir a las fuerzas del Estado. Gran parte de estos conflictos se soluciona con inteligencia policial, atacando fuentes de financiamiento y desarticulando las redes que hay detrás, y reduciendo la impunidad. Para recuperar el Estado de derecho eso es clave».

En este contexto, para el director ejecutivo de AthenaLab, es un «riesgo» enviar militares. «Es complejo, porque la verdad que, en un contexto político, donde se ve que la policía no ha actuado con toda la contundencia que ha podido actuar, esto podría suponer una escalada mayor». De ahí que recomienda «mucha cautela» en los operativos policiales para «no exacerbar» el conflicto. «Hay que tener estrategia consistente y coherente para que la misma población de la zona se ponga del lado del Estado de derecho», agrega.

Fuente: El Líbero