COMENTARIO | Contrainsurgencia 101: necesidad de actualización

El reciente ataque con disparos y explosivos contra un vehículo de Carabineros que se atribuyó un grupo denominado Resistencia Mapuche Lavkenche en un comunicado, ha llamado poderosamente la atención porque quienes cometieron esa acción emplearon nuevas tácticas, como hacer detonar un autobomba, demostrando capacidad y entrenamiento para concentrar fuego sobre un objetivo. Posteriormente, publicaron fotos en redes sociales donde aparecen armados y equipados al estilo de muchas guerrillas latinoamericanas que han desangrado infructuosamente a la región por décadas. Pero el acento, creemos, debiera estar en la progresiva y constante degradación del estado de derecho que ha permitido, por desidia y falta de voluntad que se arrastran por años, la proliferación y acción impune de estas organizaciones.

Un análisis de lo ocurrido, sobre la base de fuentes abiertas, permite obtener valiosas conclusiones que sirven para determinar la magnitud de la amenaza contra el imperio de la ley y la convivencia nacional que se ha manifestado nuevamente y con inusitada violencia en la provincia de Arauco.

Más allá de las armas que se exhiben (al parecer escopetas de cañón largo que ocupan munición que no permite peritajes balísticos), y dado que todavía no se conoce la composición del explosivo empleado, el mismo comunicado y las imágenes dicen bastante más de lo que se intuye a simple vista.

Al leer el texto completo, disponible en internet, se advierte una correcta redacción, que no goza ni de los desvaríos ni de la ortografía deliberadamente torcida de los manifiestos anarquistas o antisistémicos que usualmente acompañan la colocación de bombas o el envío de paquetes explosivos a autoridades. Por ejemplo, se afirma que “a poco más de un año el escenario es diametralmente opuesto…” o que “En los predios forestales ocupados masivamente, donde se ha plasmado materialmente la autonomía comunitaria en base a la independencia organizativa, alejado de las directrices políticas…”. Este lenguaje sofisticado nos remite inmediatamente a guerrillas como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que irrumpió en el sur de México en 1994, con reivindicaciones indigenistas claramente articuladas a nivel discursivo por activistas con estudios universitarios que emigraron de las ciudades a zonas rurales para “inyectar” ideología a grupos descontentos. La acción de inteligencia debiera estar puesta justamente sobre ellos.

Por lo demás, el comunicado desarrolla como epicentro del conflicto más una disputa interna, que la “guerra” contra el Estado de Chile. En especial se apunta a comunidades locales que habrían optado por trabajar junto a compañías instaladas en esta zona, lo cual parece ser extremadamente grave para el grupo. Los clásicos de la contrainsurgencia, desde el capitán francés David Galula hasta el general estadounidense David Petraeus, enseñan que el centro de gravedad de todo conflicto insurgente está en la población y, por lo mismo, tener a un sector de la comunidad local actuando dentro de la ley y ejerciendo su derecho al trabajo, es muestra de una división. Es a ese sector, que se intuye mayoritario, al cual el Estado debe proteger con todos sus medios y evitar así que sea coaccionado o cooptado por una minoría radical. “Una guerrilla sin apoyo popular es un pez fuera del agua”, advertía el mismo Mao Xedong.  

En el énfasis mismo en la actividad maderera, sustento productivo local, indica el interés de Resistencia Mapuche Lavkenche por el control de un recurso de donde también debe provenir su fuente de financiamiento. El tráfico ilegal de madera o el pago de extorsiones, no son actividades poco frecuentes en zonas de conflicto. El castigo de las conductas criminales que permiten este comercio ilícito es clave para asfixiar financieramente a los insurgentes.

Solo al final del comunicado se invoca “el derecho a la autodefensa” y “la obligación de expulsar, de forma definitiva, a las empresas forestales y sus lacayos de nuestro territorio”, mientras se invita a las comunidades a “retomar un camino propio como mapuche, basado en las normas que han trazado nuestros kuivikeche (antepasados) y que nos obliga a no tranzar con el winka usurpador”. De este modo, se busca enmarcar la reciente acción violenta en un contexto mayor de subversión. La provincia de Arauco, cabe recordar, es cuna de movimientos que desafían abiertamente al Estado de Chile, como la Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco.  

Información interesante se obtiene también de las mismas fotos. Cualquier persona que haya estado en campamentos guerrilleros o en compañía de rebeldes en zonas de combate, sabe que suelen estar embarrados o sucios y operan a cara descubierta, puesto que se mueven en áreas que están lejos del alcance del Estado. Si bien las imágenes no tienen buena resolución, se observan uniformes y chalecos tácticos más bien nuevos y limpios. Es decir, es probable que se muevan en vehículos. Lo que sumado a los rostros cubiertos por pasamontañas o bandanas, nos lleva a advertir que podría tratarse más bien de milicianos, o sea, que sus miembros se entremezclan entre la población local, reuniéndose para hacer acciones específicas y evitan ser reconocidos.

Aunque presenta bosques, la misma zona donde se realizó el ataque no tiene ni grandes accidentes geográficos ni una espesa densidad de vegetación que permita la actuación sostenida de grandes unidades guerrilleras sin que pasen inadvertidas (en la foto aparecen una cincuentena de personas y el parte policial habla de 30atacantes). Por eso, cercar el teatro de operaciones con puestos de control o checkpoints fijos y móviles, junto a una mayor vigilancia remota, es una fórmula que suele aplicarse en casos similares. Como la maniobra guerrillera clásica consiste en golpear y huir, justamente se deben cortar las vías de escape.

Más que tratar de ubicar cabecillas para descabezar a la organización, táctica contrainsurgente que se aplicó con éxito contra guerrillas altamente estructuradas tipo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o Sendero Luminoso de Perú, acá, de lo que se trataría es de desarticular la red en cual opera este grupo que no presenta jefaturas visibles, lo que supone cortar los ramales o arcos por donde transitan armas, dinero y comunicaciones entre los distintos nodos que la componen. Esto solo es posible si el liderazgo a cargo de esta tarea entiende la “conciencia compartida” que mueve a la organización insurgente, aplica una “ejecución empoderada” de los recursos disponibles y sienta una nueva narrativa para describir el conflicto. Y por último, acelera sus ritmos de retroalimentación y respuesta. Es la forma como actúa la contrainsurgencia actual.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha respondido a la última acción del grupo Resistencia Mapuche Lavkenche interponiendo una querella por terrorismo en contra de quienes resulten responsables, a la vez que se anunció el despliegue de Fuerzas Especiales de Carabineros en una zona que viene siendo golpeada sistemáticamente por hechos de violencia, que incluyen ataques contra policías, maquinaria forestal y antenas de telefonía celular (infraestructura crítica). Todo esto a pesar de que el área se encuentra bajo estado de excepción constitucional desde marzo por la pandemia del coronavirus, con lo cual se refuerza aún más la gravedad de lo ocurrido, pero también se abren oportunidades de ejercer un mayor control.

Las democracias son malas para defenderse cuando son atacadas, porque además de velar por la integridad de las personas, propiedades e instituciones, en ellas se defiende el principio de que la vida política debe estar libre de violencia. Incluso cuando no queda duda de que se trata de acciones terroristas. Y el ataque ocurrido a la altura del puente Lleulleu presenta esa connotación. Se trató de una acción violenta, que provoca efectos psicológicos desproporcionados respecto a consecuencias materiales, por lo que cumple con su objetivo de impactar a una audiencia mayor. Ocupó portadas de diarios nacionales y espacio en los principales noticieros, pese a que los daños materiales fueron menores y los carabineros no resultaron heridos. Es propaganda por los hechos. Por lo demás, se suma a otros ataques sistemáticos, imprevisibles y selectivos antes mencionados.

Con todo, se reconoce que la compleja esencia del conflicto en Arauco y de otras regiones cercanas, no es netamente la de un problema de empleo de fuerza. Existen condiciones objetivas de pobreza, falta de oportunidades y cuentas históricas respecto al comportamiento del Estado chileno ante los pueblos originarios. Todas las cuales se han atendido con distinto énfasis y resultado a lo largo de las últimas tres décadas.

Sin embargo, debemos advertir, sobre la base de experiencia en otras zonas de conflicto, que una vez que el estado de derecho se empieza a degradar producto de hechos violentos ejecutados por actores armados que operan en la impunidad, es muy difícil recuperarlo. Ya sea si se trata de un estado frágil sin presencia territorial completa o, en cambio, si se trata de un estado fuerte, pero que carece de voluntad política para hacer uso de los instrumentos legales y legítimos que tiene para imponer el orden y la seguridad, que es una función básica de la organización política. Lo estamos viendo en algunas zonas rurales y ahora lo vemos también en partes de nuestras ciudades. Por eso, lo ocurrido en el puente de Lleulleu es una advertencia, pero también una oportunidad de actuar a tiempo. Por lo cual, nos permitimos sugerir las siguientes recomendaciones:

1. Defender siempre el Estado de Derecho. No bastan las querellas, que al final terminan archivadas.

2. Realizar mayor inteligencia local.

3. Cortar fuentes de financiamiento. Para lo cual se precisa atacar los delitos e ilícitos ocultos en un problema de esencia política. Como robo de maderas, abigeato y extorsiones.

4. Determinar apoyos externos a esta causa. Desde fuera de la provincia e incluso externos al país.

5. No inmiscuir a las Fuerzas Armadas, por el momento.

6. Demostrar voluntad política de querer resolver el problema de fondo y no seguir administrando la crisis.