Contribuyendo a la Gobernanza Sustentable de nuestros Océanos mediante la implementación efectiva de la Política Oceánica Nacional de Chile

Hoy conmemoramos el día mundial de los océanos y si bien la humanidad en general y nuestro país en particular, hoy centran todos los esfuerzos en minimizar los devastadores efectos de la actual  pandemia que vivimos, esta trágica vivencia y el aislamiento demandado, me ha permitido reflexionar sobre un tema que me apasiona desde el año 1978, cuando llegara a mis manos la obra “Política Oceánica” editada por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile bajo la dirección de Francisco Orrego Vicuña y auspiciada por la entonces Oficina de Planificación Nacional ODEPLAN. 

Hace sólo dos años, el Estado de Chile mediante el Decreto Supremo N°74 de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgó la “Política Oceánica Nacional de Chile”.  En su introducción se destaca la importancia de contar con una Política Oceánica y expresa que ella “Constituye un nuevo paso hacia la consolidación de nuestro compromiso con la gobernanza internacional de los océanos, situando a nuestro mar en el lugar preponderante que le corresponde. Al mismo tiempo, expone que esta Política “Sienta las bases de nuestras acciones futuras, poniendo de relieve la conservación y uso sostenible de nuestro mar y sus recursos, el combate a la pesca ilegal, a la polución marina y a los efectos del cambio climático en el océano”.

A diferencia de la Política Oceánica del año 1977, la actual Política Oceánica Nacional de Chile del año 2018 posee una notable innovación. En efecto, junto con explicitar su Visión, los Objetivos Generales, las Áreas Sectoriales involucradas y las Acciones concretas a desarrollar en cada una de ellas, establece que “La presente Política Oceánica será ejecutada, sectorialmente mediante un Programa Oceánico para su implementación, actualización, seguimiento y cumplimiento de la misma.” De esta forma, esta idea de un Programa Oceánico permitirá coordinar e integrar adecuadamente a las organizaciones e instituciones responsables de cada una de las Acciones de las respectivas Áreas Sectoriales de la Política Oceánica, explicitando y relacionando dichas Acciones con la legislación asociada y visualizando los correspondientes costos y plazos para su implementación en el tiempo. 

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