COMENTARIO | Más allá del narcotráfico. Crimen organizado: recursos naturales, personas y datos

Los estudios clásicos sobre los grupos de crimen organizado (GCO)[1] asumen que en los países desarrollados estos se desenvuelven en una esfera distinta y opuesta a la del Estado. De este modo, mientras las autoridades intentan eliminarlos, los GCO buscarían que el Estado no se entrometa en sus actividades ilícitas, las que apuntan a conseguir el monopolio de una industria delictual específica gracias a la adquisición de poder coercitivo e información suficiente para convertirse en la fuerza dominante.

Por tanto, se trataría de un juego de suma cero entre representantes del Estado y los GCO, donde para que uno gane, el otro debe necesariamente perder.

Sin embargo, nuevas investigaciones constatan que en países en vías de desarrollo, donde el Estado no se ha consolidado completamente, los GCO más bien apuestan por lograr una coexistencia con las autoridades que sea funcional a sus objetivos.

A estos grupos les preocupa alcanzar un dominio territorial selectivo[2] —y no total—, en lo que se refiere al control de rutas, actividades económicas y seguridad de la zona donde operan. Pero, a la vez, necesitan de los servicios básicos que provee el Estado para que la gente que ahí vive pueda desempeñar actividades productivas. Es decir, prefieren un Estado débil y corrupto, y por tanto, manipulable, que uno ausente.

En el caso de que estos grupos se dediquen a explotar actividades ligadas a recursos naturales y personas, se asume que necesariamente van a tener que generar algún tipo de control administrativo primario[3], con el fin de poder transportar y luego comerciar libremente la mercancía de contrabando; sobre todo, en el caso de materias primas, cuando el volumen de la carga de contrabando sea mayor y difícil de ocultar.

Surgirá así una llamada “zona gris de criminalidad”, donde se puede dar la coexistencia de GCO con las autoridades locales, o incluso policiales, en una relación construida sobre la base de coerción o cooptación, que va minando día a día la gobernabilidad democrática local.

De este modo, el comercio ilícito, además de ser un problema económico para los productores legales afectados por el robo de sus mercancías, se vuelve también un problema político, puesto que quienes violan las leyes en busca de extraer rentas de la zona donde operan no reconocen la legitimidad del Estado. Se trata de organizaciones que, partiendo de una actividad depredadora, pueden terminar convertidas en verdaderos parásitos de la economía y el Estado[4]. 

Al revisar el panorama de seguridad de Chile, siempre se destaca la baja tasa de homicidios del país comparada con las del resto de la región (3,7 por 100.000 habitantes el año pasado)[5], el bajo nivel de corrupción[6] y el hecho de que es un país más bien de tránsito de droga debido a sus dinámicos puertos[7]. No obstante, nada garantiza que esos indicadores vayan a permanecer inamovibles, ya que, en particular, esto dependerá de si algunos GCO logran desarrollar operaciones altamente rentables y sostenidas en torno a la explotación de recursos naturales y personas, lo cual es factible en un país productor de materias primas como Chile, fuertemente conectado con mercados globales y atractivo para migrantes.

En busca de consolidar su dominio sobre el mercado ilícito que estos grupos explotan, tarde o temprano podrían optar por proveerse de un poder de fuego —si aún no lo han hecho— que les permita defender sus operaciones, en caso de ser atacadas, o bien expandirlas; aunque la violencia no siempre es concomitante al crimen organizado, sino más bien suele expresarse cuando se quiere generar algún tipo de control territorial.

A falta de un panorama consolidado, hemos reunido varias cifras que provienen de gremios y de las policías a través de fuentes abiertas, las que permiten dimensionar las enormes sumas de dinero que el crimen organizado maneja. Se trata de millones de dólares que constituyen verdaderos mercados ilícitos, y cuyo desmantelamiento debiera volverse prioritario. En este sentido, el gobierno del presidente Sebastián Piñera presentó una batería de proyectos en el Congreso, que han corrido una suerte dispar, para castigar el robo de madera, reforzar la persecución a las asociaciones criminales y actualizar la ley de drogas con el fin de cubrir nuevas actividades relacionadas con el narcotráfico.

En primer lugar, se destacarán las cifras asociadas a pérdidas y robos de productos, como maderas, pescados y cobre, donde hay números netos, asumiendo que siempre los montos asociados a las actividades ilegales tienen el carácter de estimación, por su naturaleza opaca. En segundo lugar, mencionaremos el tráfico de personas y el robo de datos, como otros crímenes que también generan sus propios mercados ilícitos.

Las preguntas que surgen son muchas. ¿Quiénes son los responsables de los robos? ¿Cómo ingresan las enormes cantidades de dinero que obtienen al sistema financiero? ¿Existen representantes del Estado comprometidos en redes de corrupción que facilitan estos negocios?

Tempranamente, Moisés Naím advirtió que el comercio ilícito “da impulso a quienes rechazan el buen gobierno y las normas sociales. Proporciona un abrigo económico a rebeldes, ladrones y terroristas. Estimula la corrupción, perjudica al desarrollo económico, y nos hace más vulnerables a quienes obedecen las leyes y dependen de ellas para su protección”[8].

Juan Pablo Toro
Director Ejecutivo de AthenaLab

[1] Por “grupo de crimen organizado” se entiende a “un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención (de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas 2004) con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”^. En: https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf

[2] Grillo, I. (2018). Caudillos del crimen. Grijalbo: Ciudad de México, p. 406.

[3] Trejo G. y Ley S. (2020). Votes, Drugs and Violence. The political logic of criminal wars in Mexico. Cambridge University Press: New York, p. 61

[4] Lupsha, P. “Transnational Organized Crime versus the Nation-State”, en Transnational Organized Crime Volume: 2 Issue: 1 Dated: (Spring 1996), pp. 21-48.

[5] Insight Crime (2020). “Balance de InSight Crime de los homicidios en 2020”. Disponible en:   https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-insight-crime-homicidios-2020/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Servicio%20de%20Polic%C3%ADa,desde%20que%20se%20tienen%20registros.

[6] Transparency International (2021). “CPI 2020: AMERICAS”. Disponible en https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-americas

[7] Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Informe 2019, p. 92, en:  https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_Report/Spanish_ebook_AR2019.pdf

[8] Naím, M. (2006). “Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo”. Debate: México, p. 332.