COMENTARIO | Alcances sobre la “zona de paz” sudamericana

De forma reciente, el Senado de Argentina aprobó por unanimidad una declaración que rechaza la decisión de Chile de extender los límites de la plataforma continental, tal como se establecieron en la Carta Náutica N°8. De este modo, es cada vez más claro que la disputa abierta en la región austral por las pretensiones argentinas de construir una proyección hacia la Antártica —sin importar si pasa a llevar territorios chilenos y territorios bajo administración británica— se agudiza día a día. No parecen haberse internalizado, al otro lado de la cordillera, las lecciones de 1978 y 1982.

Por otra parte, nos enteramos de que el gobierno de Alberto Fernández contempla asignar US$ 660 millones en el presupuesto de 2022 para la compra de una docena de aviones de combate, entre los que menciona el caza chino JF-17. A pesar de todos los problemas económicos y el deficiente manejo de la pandemia, Buenos Aires apuesta por volver a potenciar su Fuerza Aérea y, de paso, seguir acercándose a China, país que ya cuenta con una base de monitoreo espacial en territorio trasandino.

El Presidente peruano, Pedro Castillo, que proviene de un partido de extrema izquierda que tiene un ideario “antiimperialista”, hizo espacio en su agenda para observar en terreno el desarrollo de la Operación Unitas LXII, que contó con la participación de 12 países —Estados Unidos incluido— y donde se simuló la toma de una cabeza de playa.

En el litoral de Río de Janeiro, el Presidente Jair Bolsonaro se embarcó en el portahelicópteros “PMA Atlántico” para observar maniobras de la Marina de Brasil, que entre sus principales misiones tiene la protección de la “Amazonía Azul”, es decir, los mares de ese país y sus recursos.

Si por paz entendemos la definición clásica de ausencia de guerra entre Estados, efectivamente estamos en una región pacífica. El último conflicto de esta naturaleza se registró en 1995 entre Ecuador y Perú, por una disputa territorial en la selva amazónica. Pero, por lo visto, tenemos muchas noticias relacionadas con las Fuerzas Armadas para la llamada “zona de paz” sudamericana. Todo lo cual nos habla de que los países siguen manejando escenarios de crisis, por más que la mayoría adscriba al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas o que algunos suscriban a mecanismos de resolución jurídica de conflictos, como el Pacto de Bogotá. 

Es una realidad indesmentible que en Sudamérica existen múltiples disputas territoriales y marítimas entre Estados: entre Chile y sus vecinos (Bolivia, Perú y Argentina); entre Venezuela y Guyana, por la zona del Esequibo, y entre Venezuela y Colombia, por un golfo que se proyecta al Caribe. Mientras estos diferendos persistan, la integridad territorial de los países involucrados estará bajo presión y, por ende, las posibilidades de crisis se mantendrán latentes. Y si bien es cierto que nadie quiere la guerra —por su costo humano, económico y político—, es difícil que estén dispuestos a aceptar la paz a cualquier precio.

Brasil, el gigante regional, en su última Política de Defensa de 2020 incluyó la posibilidad de un conflicto armado en Sudamérica, sin explicitar a los protagonistas; aunque muchos apuntaron a Venezuela, régimen que se ha armado con equipos rusos y chinos y que tiene constantes roces con sus vecinos de Colombia y Guyana. Además, Caracas abre la puerta a potencias extrarregionales, como Irán, que le estaría suministrando de misiles y bombas, según una revelación de la revista Semana.

Una forma de evitar que las tensiones escalen es a través de la cooperación y medidas de confianza, que no son un fin en sí mismo, sino un medio al servicio del interés nacional. Es la cooperación que se subordina al interés nacional, y no al revés. Por tanto, debe ser establecida en función de una estrategia que identifique claramente el interés nacional beneficiado. Sin embargo, hoy no existe una arquitectura de seguridad vigente en la región para canalizar esa cooperación, puesto que la heredada de la Guerra Fría ha quedado en desuso. Además, algunos organismos de la Unión de Naciones Suramericanas probaron ser plataformas ideológicas.

En este escenario, donde la cooperación parece distante y la inestabilidad sacude a la región, los gobiernos no pueden debilitar su instrumento militar llevados por un deseo unilateral respecto de un entorno que no controlan. No por decretarse su inexistencia los conflictos van a dejar de existir.

Si algo se debe aprender de la pandemia, es que pequeños eventos disruptivos pueden escalar rápidamente hasta desatar emergencias no calculadas. La paz es deseable, qué duda cabe, pero un pacifismo ingenuo es irresponsable y revela un profundo desconocimiento de la historia. Curiosamente, con un abismo de diferencias entre ellos, Fernández, Castillo y Bolsonaro parecen darse cuenta.

HACIA LAS “ZONAS GRISES”

Hace cinco años, en Cartagena de Indias y ante numerosos representantes de la comunidad internacional, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, firmaron un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto interno que había dejado 260.000 víctimas desde 1964.

Al desparecer la guerrilla más grande y antigua de América Latina, Santos auguró que la región se volvería una “zona de paz”, en una expresión que reflejaba un loable deseo, más que una realidad.

Es cierto que los conflictos internos han ido a la baja, aunque a cinco años de la firma de la paz, el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, estima que el 40% de los combatientes del Ejército de Liberación Nacional y de las ex-FARC operan en Venezuela, es decir, unos 1.900 guerrilleros delinquen a uno y otro lado de la frontera. También existen expresiones insurgentes marginales en Perú y Paraguay.

Pero una visión basada en los conflictos inter e intraestatales no sirve para entender que la realidad que desangra a América Latina —con un promedio de 140.000 muertos anuales o 30% de los homicidios a nivel global con solo 8% de la población del mundo— es una guerra criminal protagonizada por carteles del narcotráfico y pandillas que han adquirido un poder de fuego y económico tal, que les permite desafiar a gobiernos y controlar territorios de forma selectiva.

Por todo lo anterior, más que hablar de “zonas de paz”, hoy resulta más certero y actualizado enfocarse en el amplio espectro de amenazas que se ciernen sobre América Latina, y Sudamérica en particular, asumiendo también la complejidad de las “zonas grises”, ese espacio intermedio entre la resolución de los conflictos sobre la base de las normas internacionales (zona blanca) y la confrontación armada abierta (zona negra). Sin emplear totalmente la fuerza y tensando los límites de la legalidad, es en las “zonas grises” donde se consiguen los objetivos estratégicos.

Una larga “zona gris” podría empezar a cubrir Sudamérica, la pregunta es si sabremos procesar lo que esto significa y qué capacidades se requerirán para moverse en ella.