Caso Aisino: Chile obtiene un pasaporte directo a la rivalidad de China y Estados Unidos

La controversia desatada por la decisión del Registro Civil de anular la adjudicación a la empresa china Aisino de la elaboración de los nuevas cédulas de identidad y pasaportes, que también involucra a Estados Unidos, ha evidenciado dos problemas muy serios para Chile:

1. La urgencia de contar con una legislación sobre inversiones extranjeras en sectores estratégicos de la economía.
2. La necesidad de desarrollar una estrategia de país para minimizar el impacto o incluso aprovechar la competencia estratégica entre Beijing y Washington, que se manifiesta en los ámbitos político, comercial, militar y tecnológico.

Respecto al primer punto, es un tema que se viene arrastrando hace tiempo y emergió hace casi justo un año, cuando la empresa estatal china State Grid adquirió una compañía de distribución eléctrica basada en Chile.

En aquel entonces, algunos diputados y senadores de distinto signo tuvieron cierto despertar geopolítico y admitieron que era conveniente contar con una regulación sobre inversiones extranjeras en sectores estratégicos (que deben son pocos y bien definidos). Es evidente, ahora más que nunca, que la economía chilena necesita que sigan arribando capitales, pero los ingresos de hoy no pueden transformarse en costos mañana. La legislación específica aún brilla por su ausencia.

Tal como se hizo, todos los países protegen de una u otra forma ciertos sectores de sus economías por razones de seguridad, a pesar de lo complejo que se ha vuelto esto en un mundo interdependiente. Por ejemplo, Estados Unidos cuenta con un Comité de Inversión Extranjera, un organismo compuesto por nueve agencias y presidido por el Departamento del Tesoro, que tiene la competencia para revisar inversiones que pueden poner en riesgo la seguridad nacional. Mientras, China tiene una ley que da origen a la llamada “negative list”, que define sectores prohibidos o restringidos a los capitales foráneos. Lo mismo varios gobiernos europeos, entre ellos Alemania.

Si bien el Registro Civil alegó “inconsistencias” de la firma Aisino, entre ellas no explicar el alcance de la nueva Ley de Seguridad de Datos del régimen chino, según afirmó La Tercera, el ministro vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, admitió que la continuidad del programa de la visa que facilita el ingreso de los chilenos a Estados Unidos fue un factor clave en la decisión final.

La misma Embajada de Estados Unidos en Chile ya había avalado esta versión a través de un comunicado, donde si bien no celebró la decisión, la Sección de Prensa indicó que “cada país debe adoptar sus propias decisiones acerca de la seguridad nacional, pero los países y ciudadanos deben poder confiar en que sus documentos de identidad no estén sujetos a riesgos que amenacen la seguridad nacional, la privacidad o la seguridad de los datos”.

Como es lógico, el embajador de China en Santiago, Niu Qingbao, expresó su “preocupación” puesto que, a su parecer, “el motivo de la anulación se refiere a la política de exención de visados de terceros países, lo que indica que la decisión de anulación se tomó teniendo en cuenta factores de terceros países”. Así lo afirmó en El Mercurio del jueves 18 de noviembre en la página C1.

Aisino, en tanto, barajaría acudir a tribunales internacionales de arbitraje. En tal sentido, el guion de la Embajada china sigue siendo que las empresas privadas de su país no son dirigidas por el gobernante Partido Comunista y operan de acuerdo a sus propios criterios. Si bien esto puede ser aceptable, Ian Bremmer sostiene en un artículo en el último número de Foreign Affairs, que las compañías tecnológicas en China suelen alinearse explícitamente con las prioridades del régimen autoritario en cumplimiento de objetivos nacionales.

Las preguntas que surgen, a esta altura, es si este impasse que enfrenta a Beijing y Washington, con las posibles repercusiones comerciales para Chile, pudo ser previsto. La respuesta es absolutamente afirmativa. Las señales de la tormenta que se avecinaba eran evidentes.

En 2019, el entonces secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y el canciller chino Wang Yi, trasladaron a Santiago, con fuertes declaraciones en un sentido y otro, su disputa tecnológica a propósito de quién escoger a la hora tender la red 5G y el cable submarino de fibra óptica para conectar a Chile con Asia. Este último, finalmente, se dirigirá hacia Australia.

Este país oceánico, además, es el vivo ejemplo de lo que los costos que se pueden llegar a pagar cuando se entra en una disputa comercial con Beijing. Desde que Canberra excluyó a la empresa Huawei para levantar redes 5G por razones de seguridad, sus exportaciones a China empezaron a sufrir caídas y restricciones abruptas por distintos motivos.

Esto nos lleva al segundo punto, la necesidad de desarrollar una estrategia de país para minimizar el impacto o incluso aprovechar la competencia estratégica entre Beijing y Washington. Una tarea nada fácil, puesto que China es el primer socio comercial de Chile y ahora inversionista, mientras que Estados Unidos es un socio comercial importante, pero también es cercano en el plano militar por estar en la misma región y comparte un sistema político con valores democráticos similares.

Será tarea del próximo gobierno convocar a distintos sectores, la sociedad civil incluida, para resolver uno de los dilemas más acuciante de la política exterior en décadas, el cual debe ser abordado teniendo en cuenta los intereses nacionales de Chile. Cuando el espacio para neutralidades activas o no alineamientos parece reducirse cada día, en lo concreto la noticia relacionada con Aisino llega en momentos en que el proceso estaba demasiado cerca de concretarse, pese a todas las campanadas de alerta. Ahora queda prepararse para asumir los costos que vendrán por no tener ni legislación ni estrategia y seguir resolviendo al día a día nuestra relación con las dos principales potencias del mundo, cada vez más enfrentadas.

Equipo AthenaLab