ANÁLISIS | Cuencas y fronteras: proyecciones del fallo de la CIJ sobre el río Silala

INTRODUCCIÓN

La sentencia anunciada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya sigue en la línea de enterrar la estrategia jurídica de Bolivia para intentar alterar su frontera con Chile y los recursos que existen sobre ella, desconociendo lo acordado en el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Si en 2018 el tribunal fue contundente al decir que Chile no tenía la obligación de negociar una salida al mar con su vecino, producto de las supuestas expectativas creadas por distintas instancias de diálogo que se dieron en el tiempo, también aceptó la realidad de que el Silala es un curso de “agua internacional” y “que las partes acuerdan que tienen derecho al uso equitativo y razonable según el derecho internacional consuetudinario”.

No se debe olvidar que la idea de llevar a Chile ante la CIJ fue sugerida por veteranos diplomáticos peruanos, que de este modo vieron la posibilidad de armar un frente judicial simultáneo, dado que en Torre Tagle construyó durante más 30 años el caso de la delimitación marítima pendiente. Sin embargo, la fortaleza de los argumentos detrás de las demandas de Lima y La Paz probó ser muy distinta, si se toman en cuenta las respectivas sentencias.

De esta forma, casi 10 años después de Bolivia interpusiera su primera demanda en 2013, las maniobras judiciales del país han demostrado ser infructuosas. El largo camino judicial iniciado, además de costoso para ese país por los pagos a los abogados y los estudios jurídicos, también debe ser frustrante por las expectativas sembradas en la población por los gobiernos del Movimiento al Socialismo liderados por Evo Morales (2006-2019) y hoy por Luis Arce (2020-a la fecha). Como es conocido, las acciones contra Chile han sido empleadas en clave interna como factor de unidad en el país altiplánico en reiteradas ocasiones.

No obstante, las acciones diplomáticas, políticas y jurídicas de Bolivia no cesarán, aunque quizás bajen de intensidad, puesto que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de (2009) contempla un mandato permanente para sus gobernantes en cuanto a la búsqueda de una salida al mar.

En su capítulo cuarto titulado “Reivindicación Marítima, Artículo 267”, se estipula: “I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo”, y: “II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”. Esto no es un dato menor, puesto que actúa como marco para cualquier aproximación a Chile.

Se estima que la actitud de Bolivia hacia Chile, que se refleja en sus demandas judiciales y en otros hechos contingentes e históricos, puede influir la percepción de los chilenos sobre el país vecino, como demostró la Tercera Encuesta de Política Exterior y Seguridad de AthenaLab/IPSOS, dada a conocer en mayo pasado. Cuando se consultó sobre la posición de Bolivia respecto a Chile, en el caso de la población general, solo un 13% la percibe como un socio, 32% la considera neutral y un 36% observa un competidor, mientras 18% dijo no saber o no respondió. En el panel de expertos, los valores fueron 8%, 33%, 57% y 3%, respectivamente.

Si bien cuando era diputado se manifestó en 2018 a favor de una salida al mar para Bolivia, en su condición de Presidente de la República, Gabriel Boric, ha dicho que no se negocia sobre la soberanía, en un mensaje que da cuenta de su positivo cambio de opinión.

Tras conocer el contenido del fallo, el presidente Boric afirmó “que la voluntad de nuestro país es, de aquí en adelante, continuar trabajando con la hermana República de Bolivia, habiendo resuelto este asunto, en un espíritu de buena vecindad, de colaboración e integración”. Ahora, por lo tanto, eso debe ocurrir “en todos los temas que requieren la cooperación entre ambos Estado, profundizando nuestros lazos y dándole continuidad al trabajo que se inició durante el Gobierno anterior, del presidente (Sebastián) Piñera, lo que conoce como la Agenda de los 12 Puntos”, precisó.

No obstante, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, dio otra interpretación al fallo. A su juicio, quedó establecido “que Chile no tiene ningún derecho adquirido para el uso del total del Silala”.

Uno de los problemas más urgentes a resolver con Bolivia antes de pensar en cualquier apertura de relaciones diplomáticas, rotas por decisión de Bolivia desde 1978, es la mejora del control fronterizo, asumiendo que los límites siempre tienen dos lados. Es indispensable para frenar el contrabando de drogas provenientes de Bolivia y el de autos robados en Chile, así como para ordenar los flujos migratorios. Trabajar sobre intereses comunes es un primer paso para restablecer la confianza, porque intentar avanzar anteponiendo posturas irreconciliables ha conducido al escenario actual. Primero los gestos concretos, después las palabras y solo al final las relaciones diplomáticas.

CONTEXTO HISTÓRICO

Las relaciones de Chile y Bolivia han sido complejas a lo largo de la historia. El último capítulo de esta serie, son la demanda chilena y la contrademanda boliviana, con relación al uso de las aguas del río Silala.

Chile y Bolivia zanjaron sus problemas territoriales mediante el “Tratado de Paz, Amistad y Comercio” de 1904, después del término de la Guerra del Pacífico (1879-1883). Dicho cuerpo legal estableció ciertas obligaciones para Chile (libre tránsito por territorio chileno, construcción del ferrocarril Arica-La Paz, otras de carácter financiero) y, en el caso de Bolivia, esta cedió y reconoció a perpetuidad la soberanía de Chile sobre aquellos territorios al oeste de la cordillera de los Andes, entre el río Loa y el paralelo 23º latitud sur.

No obstante, distintos gobiernos bolivianos han recurrido a Chile u otras instancias para recuperar un eventual acceso soberano al Pacífico. En este derrotero, que ha caracterizado y definido las relaciones bilaterales, en 1978 Bolivia optó, unilateralmente, por romper relaciones diplomáticas con Chile, las que aún no se reestablecen, pese al interés manifiesto de Santiago.

SITUACIÓN FRONTERIZA

La frontera chileno-boliviana, tal como se afirmó, quedó fijada y establecida por el Tratado de Paz y Amistad Chile-Bolivia de 1904. De esta forma, Chile comparte una frontera con el vecino país desde el hito tripartito norte entre Chile, Perú y Bolivia, hasta el tripartito sur entre Chile, Bolivia y Argentina. Dicha longitud separa los departamentos bolivianos de La Paz, Oruro y Potosí, de las regiones chilenas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta a través de la cordillera de los Andes. La longitud no lineal se estima en 850 km. Adicionalmente, existen más de 100 pasos entre ambos países de los cuales de manera formal se controlan no más de diez. Dicho espacio denominado frontera establece un área de interaccional binacional en ambas direcciones que desencadena procesos culturales, sociales, económicos y, por cierto, de seguridad, en forma permanente.

En materia de recursos naturales, los caudales de agua binacional con Bolivia son los que más tensan la relación bilateral en el último tiempo. En lo general, los recursos hídricos binacionales han utilizado el principio de delimitación de “divisoria de las aguas” y han dejado en territorio chileno los ríos que fluyen hacia el Pacífico y los que fluyen hacia Bolivia en su propio territorio, aunque existen excepciones a esa regla.  Sin que nuestra pretensión sea dejar constancia de la totalidad de las cuencas compartidas binacionales entre Chile y Bolivia, mencionaremos las principales, conforme se muestra en figura Nº1 que se acompaña: cuenca del río Lauca, cuenca del río Isluga, cuenca del río Sacaya y cuenca del río Silala.

Es importante destacar que la totalidad de las cuencas hídricas binacionales poseen un caudal aproximado de 10.000 litros por segundo. De dicha totalidad de recursos la cuenca del río Lauca tiene un caudal de 3.190 litros/seg, así como la del río Silala, cuace internacional que nace en Bolivia y por pendiente descendente escurre hacia Chile con un caudal de unos de 170 litros/seg.

MANIOBRAS RECIENTES

Durante las últimas décadas, Bolivia comenzó a cuestionar la condición de curso de agua internación del río Silala, exigiendo que Chile compense a La Paz por su explotación histórica. Al respecto, en 2009 existió un proyecto de acuerdo entre ambos Estados para definir la distribución del volumen de agua del río Silala, sin embargo, La Paz se retiró del proceso ante la oposición de Potosí, región que pretendía exigir el cobro correspondiente por el uso de las aguas en el pasado.

Ya en 2016, el gobierno encabezado por Evo Morales planteó su idea de una acción ante la CIJ, mediante la cual reclamaría el derecho soberano del 100% del caudal. Ante tal escenario, en el mes de marzo del mismo año, Chile se adelanta presentando una demanda, mediante la que solicitaba; 1) que declare que el río Silala es un curso de agua internacional; 2) que a Chile le asiste el derecho de uso razonable y equitativo de sus aguas; 3) que su actual uso cumple actualmente con tales principios; y 4) que Bolivia adopte las medidas apropiadas para prevenir la contaminación del río Silala y que dicho país notifique a Chile de medidas que pudiesen contaminar el curso del río. Los más relevantes, sin duda son los aspectos relacionados con la condición internacional del río y del derecho legítimo a uso y aprovechamiento chileno, por lo que no cabría ningún tipo de compensación hacia Bolivia, ni pasada ni futura.

EL FALLO

Finalmente, el jueves 1 de diciembre de 2022, la CIJ resolvió dar la razón a Chile respecto de sus principales postulados, vale decir, reconoce la condición internacional del río Silala, por lo que Chile le asiste el derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas, lo que actualmente ocurre conforme a dichos principios, sin existir la obligación de compensar a Bolivia. Aunque el tribunal decidió no manifestarse en la mayor parte de las exigencias de ambos Estados, por considerar que, ya sea antes o durante el proceso judicial, Chile y Bolivia allanaron sus posiciones y existió acuerdo en gran parte de los puntos.

CONCLUSIONES

• El fallo favoreció a Chile en todos los aspectos relevantes, especialmente al reconocer la condición internacional del río Silala, que a Chile le asiste el derecho de uso razonable y equitativo de sus aguas, que dicho derecho actualmente se ejerce respetando estos principios, por lo que no corresponde alguna indemnización al Estado boliviano al respecto.
• Bolivia sufre un importante y nuevo revés, en especial si se considera las declaraciones de Evo Morales al principio del proceso, donde aseguraba que Chile se apropiaba de las aguas del río en cuestión y que se le haría pagar por la supuesta deuda acumulada.
• Llama la atención que la CIJ no se pronunciara en la mayor parte de los puntos demandados, por considerar que ya no existían diferencias o se había llegado acuerdo entre las partes. En síntesis, el diferendo se solucionó mayormente durante el proceso del juicio, por lo que se estima que la posición de Chile era sólida y, por otro lado, que siempre hay espacio para la solución diplomática de este tipo de situaciones.
• No obstante, el éxito obtenido que cierra otro capítulo de controversias con La Paz, se estima que no se mejorarán las relaciones bilaterales y que cuestionar a Chile seguirá siendo un factor de uso en política interna boliviana, por lo que no se puede descartar nuevos conflictos, particularmente, los relacionados con el acceso al mar, aspecto establecido en la misma constitución política boliviana.
• Se deberá debatir la necesidad de que Chile continúe adscrito al Pacto de Bogotá para la solución pacífica de las controversias y reconociendo la jurisdicción de la CIJ, pues, si bien los fallos han sido relativamente favorables —especialmente ante Bolivia— se ha constituido en un escenario propicio para enfrentar a Chile con casos artificialmente fabricados y ante los cuales, en el mejor de los casos, Chile queda igual, con potenciales posibilidades de perder algo, sobre todo si la CIJ actúa de manera imaginativa, como fue en el caso ante Perú.
• Es importante que el Ministerio de Relaciones Exteriores haga un levantamiento de todos los potenciales conflictos fronterizos, de modo que pueda adelantarse en reforzar la soberanía de Chile y desactivar cualquier futura maniobra de los países vecinos. El principal objetivo de la Cancillería es promover y defender el interés nacional.

Equipo AthenaLab

1 de diciembre de 2022