ANÁLISIS | Una revisión al “fast track” legislativo en seguridad pública

Foto: France Presse

El Gobierno del presidente Gabriel Boric propuso un “fast track” legislativo con 31 proyectos de ley (PDL) a ser despachados con distinta urgencia. Algunos en un lapso de 75 días, otros en 150 días y el último grupo antes de fin de año. Esta priorización responde a un contexto de seguridad que ha estado marcado el aumento de los homicidios y una serie de tiroteos en distintas áreas del país. Estos proyectos son un esfuerzo por responder y actuar en contra de la amenaza del crimen organizado. La más de una treintena de proyectos pueden ser agrupados en las siguientes categorías:

Revisado lo anterior, es relevante destacar ciertos aspectos en cuanto a la priorización propuesta por el Gobierno:

1. Considerando la naturaleza del fenómeno criminal actual, se requiere del desarrollo de una estructura orgánica de seguridad para enfrentarlo. En ese sentido, aquellos proyectos que permiten el desarrollo de institucionalidad son los que tendrán una mayor contribución en lo anterior, por lo tanto, no es posible que algunos de ellos estén listados para ser despachados durante los próximos 150 días, ya que deberían ser los primeros en debatirse. 
2. Si bien la intención de la propuesta busca enfatizar las medidas de persecución del patrimonio producto de una actividad ilícita, así como los mismos efectos del delito, pareciera ser que dicha intención queda relegada a una segunda prioridad con seis propuestas, en consecuencia no se estaría enmarcando en un debate legislativo que realmente busque normar y entregar herramientas para perseguir ese tipo de criminalidad.
3. En cuanto a la política criminal, se observan normas tanto para lidiar con delitos propios del crimen organizado (sicariato), con una fenomenología particular, como otras que buscan mejorar la acción judicial en materia de delincuencia común (delitos de mayor connotación social). En ese sentido, es importante que el debate esté dirigido a neutralizar las diversas naturalezas del fenómeno criminal según sus diferentes dimensiones y la profundidad de bien jurídico que afectan, con el fin de establecer prioridades.
4. El “fast track” legislativo queda al debe en materia de migración y política carcelaria. El descontrol del primero ha permitido construir un contexto privilegiado para el ingreso de la delincuencia organizada a Chile, mientras que el segundo carece de un diseño moderno que permita la rehabilitación, la reinserción y la separación de la población penal con el fin de evitar que se traspase conocimiento criminal, que se mantenga la organización de las bandas y que lo primerizos tengan una opción real de rehabilitación.
5. Si bien algo de esto último se plantea en los proyectos, es importante mencionar que ellos deben ir asociados a una política carcelaria que permita lo anterior y aborde la problemática actual de falta de espacio. En ese sentido, es menester mencionar también que, para asegurar el cumplimiento penas efectivas, se debe implementar mayor infraestructura carcelaria y reforzamiento efectivo al accionar de gendarmería.

Conclusiones

A la luz del análisis de los proyectos de ley, el Estado continúa estando en deuda, esto por contar con una arquitectura que no da respuesta eficiente a los actuales desafíos en materias de seguridad que han venido incrementándose desde al menos hace una década y el solo hecho de generar un debate legislativo al respecto no basta para presentar soluciones efectivas.

Una amenaza tan compleja como la derivada del crimen organizado transnacional requiere de una profunda modernización del Estado, así como de los procesos tanto penales como administrativos.

Para conseguir lo anterior se requiere de:

1. Generar institucionalidad especializada que lidere las estrategias y coordine las medidas de seguridad pública.
2. Incorporar una mirada sistemática a la hora de desarrollar la institucionalidad con el fin de avanzar hacia un trabajo interagencial efectivo. Asimismo, actualizar los procedimientos de coordinación y capacitación del Estado frente a esta amenaza.
3. Modernizar el proceso de formulación de leyes para responder a tiempo ante las nuevas fenomenologías criminales.
4. Contar con un Ministerio Público eficiente y eficaz, en cuanto a las herramientas procesales idóneas para perseguir nuevos delitos.
5. Continuar profundizando las medidas anticorrupción en todo el Estado con el fin de proteger a sus instituciones del poder de coaptación del dinero de origen ilícito.

Finalmente, lo anterior debe desarrollarse bajo un paraguas institucional derivado de una estructura de seguridad robusta. Será el poder del Estado expresado en una institucionalidad fuerte el que de sostenibilidad a las medidas específicas de combate contra el crimen y la delincuencia.

Pilar Lizana T., investigadora AthenaLab

21 de abril de 2023