Investigadora AthenaLab habla con Emol Social Facts sobre ataques a infraestructura en Valparaíso

Tres atentados explosivos a infraestructura en seis días: Los hechos, lo que se investiga y sus alcances para el país

Marco Zecchetto Rocco

Los recientes ataques han movilizado a las autoridades, al tiempo que expertos y parlamentarios plantean las modalidades y la supuestas motivaciones de los autores.

Tras los recientes atentados con artefactos explosivos en contra de dos torres de alta tensión en Valparaíso y en Cañete (Región del Biobío), además de un tercer ataque que destruyó parte de la línea férrea en el puente Itata, en la Región de Ñuble, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó aplicar la Ley Antiterrorista.

“La Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos resulta mucho más eficaz para perseguir, identificar y sancionar de manera severa a los responsables”, manifestó la autoridad.

En el caso del ataque en la Región de Valparaíso, los investigadores del OS-9 de Carabineros identificaron que se trataría de un artefacto explosivo detonado, el cual fue adosado con una cinta plástica a los barrotes de la torre.

Esta explosión produjo un corte en la fibra óptica, ubicada en una torre de alta tensión que se mantiene en el lugar y que provee de electricidad a los sectores de Placilla y Curauma. Según las primeras pesquisas de la Fiscalía y Carabineros, el ataque pudo haber tenido un origen de “protesta ambientalista”.

Desde Fiscalía y el Gobierno manifestaron preocupación, debido a que las tres explosiones generaron daños en infraestructuras críticas, además de cortar el suministro de energía en el caso de las torres de alta tensión. Hasta el momento, las investigaciones no han dado ningún indicio oficial relacionado a quienes fueron los autores de estos atentados.

Por su parte, el Presidente de la República, Gabriel Boric, manifestó: “Quiero que sepan que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley, sin ningún tipo de complejo, para perseguir a quienes realizan atentados, ponen bombas e intimidan a la población. (…) Les va a caer todo el peso del Estado, de la ley, y frente a ello el Estado chileno no tiene fisuras”.

Las modalidades de ataques, los factores y su impacto

Constanza Araos, investigadora de AthenaLab, señala que la modalidad de los atentados podría estar mutando, pasando de un “piroterrorismo” enfocado principalmente a la industria maderera, a un objetivo civil abiertamente general contra toda la población, argumentando que, ya en la Macrozona Sur, se había atentado contra civiles en sus hogares, escuelas o iglesias, por un objetivo de reivindicación política.

Según la especialista, todos estos hechos vienen a enfatizar lo que caracteriza un atentado terrorista; el cual doctrinariamente, explica, se caracteriza por ser una acción con un objetivo político y violento, que afecta indiscriminadamente a la población civil, a modo de provocar terror como efecto psicológico.

“El ataque a infraestructura crítica viene a ser el atentado al bien jurídico protegido más sensible en relación a la Seguridad Nacional, porque se afecta a las instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales para la salud, el normal desarrollo de actividades o la sobrevivencia de la población o el Estado, lo que se caracteriza además porque, si éstas se ven afectadas, no pueden ser reemplazadas o es muy difícil de reestablecer como un servicio esencial”, asegura la investigadora.

Araos menciona que los recientes casos advierten que ha cambiado el factor de afectación de las conductas, y sostiene que “antes se actuaba mediante usurpaciones violentas, pero ahora se afecta de manera indiscriminada contra toda la población civil”.

Desafío al Estado

El diputado RN y miembro de la Comisión de Seguridad, José Miguel Castro, expresa que el terrorismo es un delito, argumentando que estas acciones suponen un desafío al Estado, y tienen por objeto amedrentar a la población de ser víctimas de delitos de manera masiva. “Es un desafío y es un ataque a las bases esenciales del Estado democrático, y busca conculcar el ejercicio de libertades fundamentales”, añade.

La diputada y jefa de bancada del PDG, Karen Medina, asegura que estos atentados son de carácter terrorista, y según la parlamentaria, el corte del suministro eléctrico y el daño directo al funcionamiento de la ciudad hace que se vulnere el Estado de Derecho, afectando no solo lo material, sino que a las personas que viven en esta zona del país y la seguridad de las familias.

Las medidas y respuestas que debe dar el Estado

Constanza Araos añade que, además de reinstaurarse el Estado de Derecho, se debe:

• Reinstaurar el orden y la seguridad: No solo a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad o las Fuerzas Armadas, sino también de parte de todos los demás órganos del Estado responsables de garantizar el Estado de Derecho, tales como el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, los órganos sectoriales que ayudan a tomar decisiones, todo de manera interagencial.

• Prevención: Reestructurando la institucionalidad y la regulación en materia de Inteligencia, para poder detectar de manera efectiva a los autores de estos atentados y desarticularlos.

• Generar una arquitectura de Seguridad: Estableciendo una institucionalidad que logre el diálogo entre los diferentes ministerios, que logre interrelacionar información tanto financiera como de conducta de estos grupos, además de ver cuál es el uso de armas que poseen, qué relaciones tienen con otras bandas de crimen organizado, y si esto tiene un alcance local o internacional.

“El Estado y su legislación vigente se deben actualizar. Estamos próximos a la creación del ministerio de Seguridad Pública y se torna fundamental crear una unidad especializada contra el terrorismo que genere las acciones necesarias para preservar la infraestructura crítica del país, la estabilidad social y la seguridad nacional con foco en las fronteras. Para que una vez consolidados podamos preparar al país y la región para un trabajo colaborativo que perfectamente podría ser parte de lo que realiza ONU a través del Centro de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo”, manifiesta Alejandro Vega, director de Fundación País Seguro.

Fuente: Emol