COMENTARIO | Usurpaciones: el impacto del veto en la seguridad

Dentro de la agenda de seguridad promovida por el Gobierno, uno de los proyectos que ha evidenciado con mayor claridad las diferencias políticas entre los actores encargados de su negociación es el relativo a las usurpaciones. Tanto así que el Ejecutivo introdujo un veto al texto aprobado por el Congreso con 14 observaciones, diez de fondo y cuatro de forma enfocadas en tres ejes: legítima defensa privilegiada, graduación de penas e instrumentos para concretar la restitución de los bienes.

Este proyecto de ley modifica una figura penal que ya existía en nuestro Código en su artículo 457 y cuya mayor novedad es la pena de cárcel para todo tipo de usurpación. También fue uno de los temas que presentó bastantes diferencias entre gobierno y oposición. Los primeros buscaban diferencias una usurpación violenta de una no violenta, con el fin de poder castigar a la segunda con multas. En esta materia, la ministra del Interior, en una entrevista en Radio Cooperativa, detalló los tres tipos de usurpación, dentro de los cuales se encuentra el ya mencionado y especificó que «en las tres se puede detener; el delito es permanente, y la policía puede actuar en todo momento. Además, en las tres el juez va a tener a disposición de penas de cárcel cuando su evaluación le haga pensar que eso es lo que corresponde».

Declaraciones cruzadas se presentaron en ésta y otras materias como la legítima defensa privilegiada o “autotutela” como la llama el oficialismo. La discusión política entorno a este proyecto se extiende por varios días, sin embargo, es necesario ponerla en contexto y analizar el proyecto en su mérito revisando las modificaciones y qué significan para las acciones que se emprendan en materia de seguridad.

Pero, antes de ir al detalle es importante mencionar que lo que está detrás de la discusión sobre usurpaciones es el crimen organizado, pues, lo que se busca perseguir son las tomas ilegales de terrenos, los que muchas veces son loteados y arrendados, así como también el delito inicial que está detrás de la economía ilícita de la madera: la usurpación del predio. [SEGUIR LEYENDO]

Pilar Lizana
Investigadora Athenalab
Agustín Soto Gidi
Colaborador Athenalab