La Tercera, miércoles 14 de agosto de 2019

Este medio publicó el domingo 11 de agosto un reportaje sobre la operación topógrafo de la dirección de inteligencia del Ejército de Chile (DINE). Esta operación que se realizó siguiendo el marco legal de la ley de inteligencia, tuvo lugar en el 2017 y fue autorizada por un ministro de la Corte de Apelaciones designado para aprobar operaciones de inteligencia, contrainteligencia o de seguridad militar que necesitan realizar interceptaciones telefónicas o computacionales.

Ni el actual comandante en jefe del Ejército o su Jefe de Estado Mayor, el general Nazal, están autorizados a referirse a las operaciones de inteligencia, incluyendo la operación topógrafo, ya que el mismo cuerpo legal que autoriza las intercepciones obliga a ambos generales a guardar confidencialidad so pena de ir a la cárcel si no lo hacen. Esto no es de extrañar ya que estamos hablando de operaciones de contrainteligencia o de seguridad militar, las que producto de su naturaleza son secretas, y son conducidas directamente por quien está a cargo de la DINE, sin responsabilidad directa del comandante en jefe o su jefe de estado mayor.

Quizás sea bueno que quienes filtraron la información a periodistas de este medio también recuerden sus obligaciones de reserva en esta materia, la cuales también se aplican a los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial encargados de supervisar y controlar la legalidad de las acciones de las organizaciones que operan al amparo de la ley 19.974.

Dicho todo lo anterior, si es que alguien cree que sus derechos han sido pasados a llevar, estoy de acuerdo en que acuda a la justicia y los haga valer. Tenemos que aprender a que coexistan la necesaria seguridad e inteligencia que necesitamos con un estado de derecho, en donde lo primero está al servicio de lo segundo.

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