En relación con el muy oportuno artículo de Enrique Elgueta sobre la magnitud de las pensiones de las fuerzas armadas en el presupuesto público y la réplica que el Comandante Fernando Thauby enviara recientemente en El Mostrador, tengo los siguientes comentarios:

Hemos visto ejemplos personales como los de Thauby y por otro lado el impacto que las pensiones tienen hoy en día en el presupuesto público. En un caso nos sirve para entender que la realidad de quienes sirven en las fuerzas armadas no es necesariamente comparable con quienes laboran en el resto de la administración pública o en el sector privado por lo que no es correcto comparar peras con manzanas, y que por ende las fuerzas armadas requieren y necesitan un esquema previsional que reconozca sus particularidades, las cuales son no menores y que incluyen entre otras cosas, estar dispuestos a dar la vida si fuese necesario. ¿Cuánto vale eso último, lo dejo abierto a la conciencia individual de los lectores de este medio? Por otro lado, y es evidente, que los presupuestos operacionales e inversiones futuras en defensa no pueden ser rehenes del tamaño que esta obligación ha alcanzado actualmente y que, de no mediar acción alguna, alcanzará niveles complejos de financiar con el presupuesto de la nación. Algo tenemos que hacer reconociendo que unos y otros tienen razón en sus puntos de vista.

La respuesta quizás necesariamente tiene que venir por el lado de la revisión de la política de defensa que actualmente está en curso por parte del ministerio del ramo, y que debiera tener como uno de sus entregables, el tipo de fuerzas armadas y capacidades estratégicas que necesitamos para la protección de los intereses nacionales. Bien puede resultar que por un lado necesitamos de menos gente, con altos niveles de especialización, y que producto de un uso intensivo de nuevas tecnologías, permitan que se reduzcan la necesidad de grandes dotaciones, y, por otro lado, en el diseño de las fuerzas reconozcamos que el capital humano tiene una mayor vida profesional que hace unos 40 años atrás, permitiendo retiros con más años de servicio, reduciendo ello el estrés sobre las pensiones, pero con un impacto en el presupuesto corriente si es que no logramos una reducción significativa de gente por la vía de la modernización tecnológica, y el rediseño de las estructuras y organizaciones de los institutos armados que privilegien lo conjunto y la eficiencia como un todo. Ya no aplica ver la realidad solo desde tres perspectivas distintas, sino como una que, entendiendo las diferencias que hay entre lo terrestre, marítimo y aéreo, se haga cargo de la defensa como un todo y optimice la forma en que se invierten los fondos que se dispongan para este efecto.

El alargue de carreras ya está reconocido en el proyecto de ley que busca modificar la carrera militar, el cual se adelanta a las conclusiones que arrojará la revisión de la política de defensa, pero que quizás esté en lo correcto ya que es un hecho de que las personas hoy en día viven más y que con los años las expectativas de vida han ido en aumento. Lo anterior va a permitir descomprimir parte del problema, pero las grandes soluciones deberán venir por el lado de las conclusiones de la revisión de la política de defensa. Es difícil darle un valor al costo de la defensa nacional si no tenemos claro qué tipo de fuerzas armadas necesitamos de cara a las amenazas del futuro y un acuerdo de los intereses nacionales que buscamos resguardar. Con ese dato en manos, y mediante un diseño de capacidades que reconozca que en este rubro prima la eficacia sobre la eficiencia, podremos saber cuánto debiera costar la defensa de los intereses de los chilenos, incluyendo como premiamos a aquellos que juran dar su vida en caso de que así fuese requerido.

Richard Kouyoumdjian Inglis
Vicepresidente Directorio AthenaLab

Columna en El Mostrador, 20 de junio de 2019

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