El Mostrador, 6 de diciembre de 2020
Escuchando las justificaciones del Presidente para extender el período de excepción constitucional, me llamó la atención que la principal razón -que es la única figura que permite implementar toques de queda y restricciones al movimiento de las personas-, sea por esta vía. Efectivamente es correcto que el Código Sanitario solo puede restringir el movimiento de aquellos que están contagiados o que posiblemente lo puedan estar, pero, dicho eso, en un país al que le resultan tan fáciles las enmiendas o modificaciones de la Constitución, no veo por qué no modificar y adaptar nuestro instrumental legal y adaptarnos al siglo XXI, ya que no me cabe en la cabeza que cada vez que en Chile hay problemas la única solución sean las Fuerzas Armadas. Hora de dar soluciones médicas y policiales a problemas médicos y policiales, y no de usar las FF.AA. para apagar incendios, controlar cuarentenas y manejar la administración pública.
Es jueves 3 de diciembre de 2020 y el Presidente Piñera anunció una extensión del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por otros 90 días más, lo que nos llevará en marzo del 2021 a tener un año bajo un régimen que se supone es de excepción y que está demostrando ser casi permanente. Un régimen donde el país está bajo el mando de los jefes de la Defensa Nacional designados por el Presidente de la República y donde estos reportan directamente a La Moneda y no a sus respectivos comandantes en Jefe, y donde además los intendentes y otras autoridades civiles quedan con responsabilidades reducidas, a pesar de los intentos de tiempo en tiempo de saltarse las reglas establecidas y no someterse a las autoridades castrenses, nominadas para ejercer la autoridad en las distintas regiones.
Uno se pregunta qué pensarán las Fuerzas Armadas de todo esto. Es difícil saberlo, porque si opinan o abren la boca se les acusa de deliberación, pero de seguro felices no están en algo que, a pesar de su bienintencionada naturaleza, no es lo propio y menos cuando se apunta a llegar a los 365 días bajo esta modalidad, la que implica entre otras cosas dejar de lado el entrenamiento de las unidades de combate, clave en la disuasión estratégica sobre la cual se basa la defensa de Chile. No sacamos nada con tener buen material si no nos entrenamos en su uso y eso es algo que aplica tanto a la FACH como a la Marina y al Ejército por igual.
Tampoco deben estar muy contentas con el hecho de que el presupuesto 2021 terminó siendo muy extremadamente apretado, más aún porque el del 2020 venía afectado por los ajustes posestallido social. La preocupación debe haber aumentado la semana pasada cuando se le hizo una segunda reducción para poder financiar cultura, educación y otras legítimas demandas y muy justificadas, pero que fueron contra el presupuesto de las instituciones y que van a afectar de una manera u otra su capacidad de realizar mantención, de operar y de estar en óptimas condiciones para defender los intereses de Chile. En ese sentido solo me queda decir: “Perdónalos, señor, no saben lo que hacen”.
Me imagino que los integrantes de los institutos armados deben estar tratando de entender la movida del Gobierno que, por un lado, les quita presupuesto y, por otro, los mantiene en la calle o en alto estado de alerta para ser desplegados, si las necesidades lo ameritan. Lo que tampoco deben entender son los recortes que se realizaron a los presupuestos de la DGAC y la Directemar, ya que estas reducciones son directamente proporcionales a la seguridad de la aeronavegación, de la vida humana en el mar, ríos y lagos y, lo que es más importante, reduce las operaciones de patrullaje en el mar de Chile, destinadas a detectar la pesca ilegal, contrabando y narcotráfico realizado por vía marítima, las que ocurren y no son eventos teóricos, como recientemente demostró la incautación de más de US$14 millones o 532 kilos de clorhidrato de cocaína realizada por la policía marítima en el norte de Chile en noviembre de este año.
En relación con lo anterior, el discurso del Gobierno no ha sido muy coherente, ya que por un lado declaran prioridad el tema del combate al narcotráfico, y por otro reducen el presupuesto de la Directemar. Quién entiende. Yo por lo menos no entiendo la estrategia que están siguiendo en esa sección y solo espero que alguien de Hacienda haya dimensionado correctamente la magnitud e impacto de los recortes realizados a las instituciones, las que entiendo fueron sorprendidas tanto como los que seguimos el mundo de la defensa y la seguridad nacional.
Esa misma incoherencia en el discurso se nota en las recientes declaraciones del canciller en relación con nuestros intereses marítimos, tanto en Chile como las que realizó en el extranjero. Están geniales y muy correctas, pero tienen un gran problema: no traen presupuesto o recursos asociados. Qué sacamos con declarar buena parte del mar de Chile como zonas marítimas protegidas, si no asignamos los fondos necesarios para su resguardo y protección. Sin recursos son solo palabras y lo que más me sorprende es que pensaba que después del paseo de la flota pesquera China por los límites de nuestra zona económica exclusiva y la conmoción que ello causó en la opinión publica, las autoridades de Hacienda habrían entendido finalmente que los recursos marinos, a pesar de no estar en tierra firme, son recursos chilenos que igual deben ser protegidos, ya que les aseguro que, si nos damos vuelta un minuto y no miramos, alguien va a aparecer y se llevará lo que a todo Chile le pertenece.
Dos cosas para ir terminando. Asumo que el Gobierno analizó las capacidades de las Fuerzas Armadas para continuar desplegadas hasta marzo del 2021. Si lo hizo, perfecto, y si no lo hizo, que es lo que sospecho, ya que les redujo su presupuesto de operación, recomiendo que además revisen el resultado del último llamado al Servicio Militar, el que arrojó que solo unos 6.000 ciudadanos o menos se presentaron y eso va a implicar una capacidad reducida para eventuales necesidades de despliegue, ya que el Ejército, el cual depende hoy menos de los conscriptos, aun basa un tercio de su capacidad en ellos.
Y lo segundo, escuchando las justificaciones del Presidente para extender el período de excepción constitucional, me llamó la atención que la principal razón -que es la única figura que permite implementar toques de queda y restricciones al movimiento de las personas- sea por esta vía. Efectivamente es correcto que el Código Sanitario solo puede restringir el movimiento de aquellos que están contagiados o que posiblemente lo puedan estar, pero, dicho eso, en un país al que le resultan tan fáciles las enmiendas o modificaciones de la Constitución, no veo por qué no modificar y adaptar nuestro instrumental legal y adaptarnos al siglo XXI, ya que no me cabe en la cabeza de que cada vez que en Chile hay problemas la única solución sean las Fuerzas Armadas. Hora de dar soluciones médicas y policiales a problemas médicos y policiales, y no de usar las FF.AA. para apagar incendios, controlar cuarentenas y manejar la administración pública.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente de AthenaLab
