El Mostrador, 16 de agosto 2021
Calificar a todas las instituciones de la Defensa de corruptas por hechos del pasado es una falacia y una falta de respeto con las personas que las integran, que buscan hacer bien su trabajo y que sirven a Chile sin reclamar cuando se les arrastra por el suelo o se les afecta su honra y prestigio, ya que, si lo hacen, se les califica de deliberantes e inconstitucionales.
El tema de la probidad en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública volvió a llamar la atención de la opinión pública producto de los avances en el proceso del caso Fuente-Alba y la querella criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Héctor Espinosa, quien hace menos de dos meses entregó el mando de la PDI después de 6 años a la cabeza de esa institución.
Veremos en qué termina la acusación contra Espinosa, una acusación que, de ser cierta preocupa, pero que cuesta creer sea correcta, toda vez que estamos hablando de un exdirector general de la PDI que se destacó por el reposicionamiento de la Policía de Investigaciones, logrando una confianza y satisfacción de la opinión pública que otras instituciones envidiarían, y que incluso les permitió salir indemnes después del fallido operativo de Temucuicui.
Lo que sí llama la atención y hace difícil creer en un ilícito, es que a un exjefe de una de las policías lo pillen en un acto impropio, ya que uno pensaría que, si se va a portar mal, sabría cómo hacerlo y no realizaría acciones criminales dejando todo tipo de evidencias y huellas que lo incriminen, al punto de ser en extremo burdo para alguien que se dedicaba a pillar ladrones.
La querella contra Espinosa ha vuelto a colocar el tema de la probidad de las instituciones encima de la mesa, al punto que un connotado y prestigioso periodista llegó a decir que con esto se confirmaba que todos los institutos armados eran corruptos, algo que no deja de sorprender y hace pensar que ese profesional cometió un error o tuvo un lapsus mental, ya que, de no ser así, está faltando gravemente a la verdad y enlodando a instituciones como la Marina y la Fuerza Aérea, que no son en absoluto corruptas y no tienen casos que lamentar desde hace muchos años. Lo mismo aplica a la actual administración del Ejército, la que se tuvo que hacer cargo de problemas del pasado y se hizo cargo de que no vuelvan a ocurrir, y lo mismo se podría decir del actual general director de Carabineros, quien tiene que modernizar su institución, a la vez que están manejando escenarios policiales complicados.
Son tiempos complejos y agitados, y es por eso es que debemos cuidar el lenguaje y ser precisos en lo que decimos, evitando generalizar. Decir que las instituciones armadas son corruptas sube el rating, pero si lo hacen deben hacerse cargo de sus palabras e indicar en qué se basan. Tiempo de que vuelva la racionalidad, las opiniones basadas en evidencias y de los argumentos no falaces.
Para ser precisos, la Armada tuvo un evento poco feliz en la compra de las fragatas holandesas, una acción que resultó con solo dos condenados, los que a la fecha del ilícito ya estaban en retiro. No hubo condenas a oficiales que hayan estado en servicio al minuto de la ocurrencia de los hechos. Indicar que la Marina del bicentenario tiene faltas a la probidad es un juicio en extremo aventurado, más aún conociendo de los ambientes de control y gobierno corporativo de los que disponen, y que no tienen nada que envidiar a las organizaciones líderes en la materia.
Respecto a la Fuerza Aérea, está el caso de la compra de los Mirage a Holanda en 1994, pero desde entonces nada que reportar. Un hecho ocurrido hace 27 años no permite dar la calificación de corrupta a la FACH del 2021 y, menos, sabiendo de la corrección con que manejan su institución.
En lo que se refiere al Ejército de Chile, conocemos de múltiples casos complejos, pero son todos anteriores a la actual administración, la que ha puesto un foco importante en el control interno y los procesos de auditoría, llegando a implementar un modelo de prevención de delitos de la misma forma que lo hacen las empresas públicas y privadas que deben cumplir con la Ley 20.393.
No son actos de corrupción los casos que se conocen por pasajes y viáticos. A quienes se les acusa de haber hecho mal uso, cumplían en esa época los procedimientos establecidos para esos fines, algo que a la fecha no ha resultado en condenas, a pesar de estar siendo investigados por más de dos años, y que indica que la acción de enviar a retiro a buena parte de los generales en servicio a fines del 2018 fue incorrecta y apresurada, que en el fragor del combate puede haber aparecido como apropiada, pero que el tiempo ha demostrado que no fue la mejor decisión. Lamentablemente, una acción que pareció correcta a la autoridad política afectó al prestigio y honor de muchos excelentes oficiales generales y superiores de esa institución, los que fueron forzados a un prematuro retiro. Quien sabe si efectivamente hubo alguno que se aprovechó del sistema, pero de ahí a calificarlos a todos de corruptos o de realizar actos impropios, hay un largo trecho.
Gran parte de la responsabilidad de los casos de corrupción que hemos conocido son efectivamente por acciones incorrectas de los mandos de turno, pero podrían no haber ocurrido si es que las autoridades políticas respectivas de los ministerios de Interior y Seguridad Pública o del Ministerio de Defensa hubiesen hecho la pega de supervisar y controlar, algo que recién comenzó a realizarse en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en forma efectiva, bajo la administración de Alberto Espina, en lo que considero fue su gran legado.
Para ir terminando y, en conclusión, calificar a todas las instituciones de la Defensa de corruptas por hechos del pasado es una falacia y una falta de respeto con las personas que las integran, que buscan hacer bien su trabajo y que sirven a Chile sin reclamar cuando se les arrastra por el suelo o se les afecta su honra y prestigio, ya que, si lo hacen, se les califica de deliberantes e inconstitucionales
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
