DOCUMENTO DE TRABAJO Nº14 | Violencia en la Macrozona Sur: una mirada desde los estudios de conflictos internos

Los psicólogos suelen decir que el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Y en ese sentido, el presidente electo Gabriel Boric tiene uno crucial, que es la violencia en la macrozona sur. Un tema muy complejo, que ningún gobierno ha podido resolver desde 1990 y sobre el que ha tenido que ir aclarando su postura. La última Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica de Chile indicó que el conflicto entre “mapuches y el Estado chileno” se percibe como el más intenso por la población (88%), entre muchos otros; su punto más alto desde que se comenzó a medir en 2011. Si bien, el presidente electo ha condenado la violencia, no participó en algunos debates sobre La Araucanía y ha votado como diputado en contra del estado de excepción que permite el despliegue de militares en apoyo de las policías.

No obstante, dos de los cuatro grupos más radicales —Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) y la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)— ya le anunciaron que su lucha continuará, con lo cual se despejan inmediatamente las dudas sobre cualquier cambio de actitud que estas organizaciones armadas podrían tener respecto de la llegada al poder de un gobierno de izquierda.

En una declaración difundida el miércoles 22 de diciembre por diversos blogs y reproducida por varios medios de comunicación, RML advirtió que “frente a los discursos de paz que intenta imponer esta falsa democracia, dejamos en claro que no soltaremos nuestras tralkas (armas de fuego). Mientras las forestales y empresas de áridos sigan devastando nuestro territorio, las empresas turísticas sigan lucrando de nuestros recursos y las cárceles del sur continúen llenas de mapuche, el weichan (lucha) no parará. Ni con (Sebastián) Piñera ni con (Gabriel) Boric”. En la misma declaración también se adjudicaron el incendio de 31 cabañas en torno al lago Lanalhue.

A su vez, la CAM hizo un llamado al “pueblo mapuche rebelde a seguir resistiendo y a reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea que esté gobernando (…). Le respondemos a esa nueva izquierda ‘hippie, progre y buena onda’ y que hoy celebra un gobierno socialdemócrata o, para ser más precisos, de centro-izquierda, que el pueblo mapuche tiene su propio ordenamiento político-militar desde antes de la formación del Estado chileno”.

Ante esta clase de emplazamientos, el mandatario electo respondió: “Nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz, esa es nuestra posición. Con todos quienes quieran retomar la paz nosotros vamos a tener diálogo, y ahí nosotros tenemos que, como futuro gobierno, ser muy cuidadosos. En esto también lo que les pido es que seamos todos cuidadosos, es un tema muy sensible, hay gente que ha sufrido mucho, ya sea en el pueblo nación mapuche o las víctimas de atentados o de violencia, así que en esto no especulemos”.

Es decir, las posiciones de las partes están meridianamente claras: enfrentamiento directo y diálogo desde la legalidad. Aún faltan los pronunciamientos de Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y de Weichan Auka Mapu (WAM), con lo cual se completan los cuatro grupos radicales mencionados por las autoridades y la Multigremial de La Araucanía como responsables de la mayor parte de los atentados en la macrozona sur, que abarca desde el Biobío hasta Los Lagos.

El propósito de este documento no es revisar las causas profundas que explicarían en el conflicto ni las demandas que lo asisten en su dimensión actual, ya que han sido ampliamente expuestas en distintos libros y ensayos. Mientras las causas hacen énfasis en la historia, la cultura y factores socioeconómicos de larga data, las demandas más bien coinciden en elementos como la restitución de territorios considerados ancestrales; autonomía y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios; término o restricción de las actividades forestales; y fin de la denominación de “terrorista” a los alzados en armas (de ahí la insistencia en llamarlos “presos políticos”). De lo que se trata acá, es de examinar la situación de conflicto a la luz de los estudios y experiencias sobre insurgencias o guerrillas. Porque si bien lo que ocurre en la macrozona sur no tiene la magnitud de lo vivido en países como Perú entre 1980 y 1992 o Colombia entre 1964 y 2016, se presentan elementos recurrentes e inquietantes que permiten obtener lecciones que sean un aporte para abordar el conflicto y evitar su escalada. Por ejemplo, en lo que se refiere a la progresiva pérdida de control territorial por parte del Estado, a la necesidad de proteger a las comunidades locales que sufren la violencia de los grupos armados organizados, o bien las condiciones que deben rodear un eventual diálogo de paz.

Es pertinente tener en cuenta, antes de empezar, la advertencia del economista Paul Collier, que tras comparar múltiples conflictos internos, sostiene que los líderes guerrilleros explotan las diferencias étnicas para reclutar a sus miembros y justificar sus llamados a la guerra, aunque rara vez la etnia sea la causa real del problema. “Los cabecillas rebeldes utilizan los reclamos étnicos como cortina de humo para agendas menos respetables”.