ANÁLISIS | EE.UU. empieza a descarrilar al Tren de Aragua

Cuando lleva dos meses en el poder, el gobierno del presidente estadounidense, Donald J. Trump, empieza a hacer realidad su política de lucha frontal contra carteles de droga y bandas criminales latinoamericanas, como el Tren de Aragua (TdA), de origen venezolano. Al denominarlos “organizaciones terroristas extranjeras”, abrió posibilidades de utilizar una serie de herramientas para combatirlas. A continuación, el análisis de AthenaLab.

ANTECENDENTES. En Estados Unidos se designa como “organizaciones terroristas extranjeras” a grupos foráneos que realicen una serie de actividades definidas por normativas específicas (sabotajes, asesinatos y atentados, entre otras) y cuyo efecto es una amenaza directa para los “ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional (Defensa, relaciones exteriores o intereses económicos)”.

Los efectos legales de caer en tal denominación incluyen penalizar a las personas que formen parte de la organización y estén bajo jurisdicción estadounidense. Si son extranjeros, se les puede deportar o negar el ingreso al país. También se castiga a las instituciones o individuos que tengan relación financiera con el grupo. Mientras en el plano diplomático, se alienta y presiona a otras naciones para que combatan a los terroristas designados.

En ese contexto, la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga facultades al Presidente de la República para detener y deportar a extranjeros, puesto que se está ante una guerra declarada, una invasión o “incursión depredadora”. Esta última figura fue la que se empleó para expulsar con destino a El Salvador a 238 presuntos miembros de TdA que estaban en Estados Unidos. Una medida no exenta de polémica por su legalidad, pero, a la vez, un mensaje inequívoco para las bandas criminales que azotan el continente.

INSTRUMENTALIZACIÓN. En reacción a la deportación de los presuntos miembros del Tren de Aragua, el dictador Nicolás Maduro aseguró que esa organización criminal “es historia” y ahora es “polvo cósmico”. Aunque es sabido que se originó en la cárcel de Tocorón, que llegó a contar con 3.000 miembros dedicados a todo tipo de delitos en la región y que en los allanamientos penitenciarios para desmantelar la banda sus jefes desaparecían misteriosamente, el régimen venezolano ha llegado a negar incluso su existencia, pese a toda la evidencia acumulada en sentido contrario.

Sin duda, uno de los mayores temores del régimen venezolano es que se transparenten sus relaciones directas o indirectas con el TdA; por ejemplo, en la subcontratación de sus miembros para perseguir y asesinar opositores en distintos países de la región, puesto que la banda tiene filiales ahí donde se radicó la diáspora. Como lo ocurrido con la ejecución del exmilitar Ronald Ojeda en Chile el año pasado, donde una célula de esa organización llevó a cabo el homicidio en 2024 por órdenes recibidas desde Caracas. Según el gobierno de Trump, el Tren de Aragua “fue enviado aquí por el régimen hostil de Maduro en Venezuela”. Es decir, no parece haber dudas de su empleo, en la lógica de convertir todo lo posible en un arma (weaponization), ya sea migración o delincuencia.

Por Maduro y varios de sus adláteres, el Departamento de Justicia ofrece US$15 millones, debido a su vinculación con el narcotráfico a través de lo que se denomina el Cartel de los Soles, ya que los soles reemplazan las estrellas en los hombros de los militares del país. Es decir, evidencia de la imbricación criminal del régimen existiría de sobra. Justamente, esa condición es la que dificulta buscar una salida política a la eterna crisis venezolana. Los líderes del país, probablemente, le temen más a la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) que a la Corte Penal Internacional. 

Así como se puede afirmar, sin temor a equivocarse, de que el TdA es instrumentalizado por el régimen bolivariano, uno debe preguntarse si más bien ya se produjo la criminalización definitiva del interés nacional en Venezuela. Esa parece ser la lectura de la Casa Blanca hoy.

COLONIA PENAL. En febrero pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele, quien ha hecho de la encarcelación masiva uno de los pilares de su estrategia contra las pandillas o maras. En esa ocasión, Bukele le ofreció recibir, a cambio de una tarifa, a criminales en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad construida en 2022 con capacidad para 40.000 reclusos, pero donde hoy se cuentan poco más de 14.000. Según Rubio, se trató del “acuerdo migratorio más inédito y extraordinario del mundo”. 

Producto de esa gestión, los miembros del TdA fueron trasladados de forma expedita desde Estados Unidos hasta El Salvador, despertando acciones de jueces federales y críticas en el país centroamericano, puesto que son nacionales de un tercer país apresados en un lugar donde no cometieron delitos.

No obstante, para El Salvador se trata de un respaldo inequívoco a la política de mano de dura de Bukele y quizás hasta exista el pago de una tarifa, cuyo monto se desconoce. A nivel internacional, parece reeditarse algo similar a las “colonias penales”, como las que implementaron en el pasado Gran Bretaña, en Australia, o Francia, en Guayana, para enviar a convictos a territorios de ultramar. 

TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO. Desde el punto de vista teórico, terrorismo y crimen organizado son dos fenómenos muy distintos. El primero es un método para ejercer violencia que sirve para amedrantar a una audiencia específica, atacando un objetivo seleccionado. El segundo tiene que ver con asociaciones delictuales cuyo objetivo último es lucrar mediante la producción de bienes o venta de servicios. 

Mientras la “Guerra contra las drogas”, lanzada por Richard Nixon en 1971, tiende a ser frontal, pero menos intrusiva en terceros países, y se concentra sobre todo en América Latina y el Caribe, siempre con un fuerte componente policial y, solo en caso de necesario, militar, la “Guerra Global contra el Terrorismo”, lanzada por George W. Bush tras los atentados del 2001 en Estados Unidos, no tiene límites de tiempo, ni geográficos ni legales. Ahí donde están los enemigos de la nación se aplicará el castigo necesario, con fuerzas especiales, drones, contratistas, o lo que sea necesario.

Ambas “guerras” se han conectado a través del tiempo. La cacería del capo colombiano Pablo Escobar es un ejemplo.  Aparte de traficar miles de toneladas de cocaína, Escobar fue el autor intelectual de numerosos atentados explosivos. Desde luego, muchas tácticas para ubicar y eliminar líderes terroristas se aprendieron de la persecución de capos del narcotráfico. 

CONCLUSIONES. Para los países que sufren la presencia criminal del Tren de Aragua, como Chile, su desmantelamiento es una buena noticia. No obstante, su posible relocalización o refuerzo en otros destinos que no sean Estados Unidos debe ser prevista. Una medida urgente es compartir inteligencia policial con Washington al respecto para evitar sorpresas.

Tal como comentó a AthenaLab uno de los artífices de la pacificación de Rosario, que pasó de ser la ciudad con más homicidios de Argentina a no registrar este tipo de crímenes durante períodos, dado el poderío actual de las organizaciones criminales, no se pueden adoptar soluciones poco contundentes cuando se trata de atacarlas. Allanamientos sorpresivos, incomunicación total de sus miembros presos, uso de herramientas tecnológicas intrusivas, cortes de rutas de suministros, inmovilización de activos, aumento de efectivos para tareas de vigilancia y deportaciones exprés son todas herramientas que deben emplearse de forma permanente y simultánea. La convergencia criminal del siglo XXI así lo demanda.

Si Washington logra eliminar al Tren de Aragua, está aún por verse, pero es claro que su presencia en Estados Unidos se empezará a reducir tras observarse la dureza de las penas contra sus miembros. Lo que es cierto, es que el grupo va a camino directo a descarrilarse producto de la velocidad que adquirió al expandirse por la región. Guste o no Trump, quienes juran como inquilinos de la Casa Blanca se comprometen a proteger al país “contra todos los enemigos”, ni más ni menos.

EQUIPO ATHENALAB