COMENTARIO | Para recuperar América Latina, Estados Unidos necesita una sólida estrategia hemisférica de seguridad

Donald Trump debe aliarse con los países latinoamericanos para frenar la convergencia de prácticas criminales y terroristas en la región.

Los cambios de mando en Estados Unidos no revelan demasiado sobre cómo los presidentes entrantes abordarán sus relaciones internacionales, simplemente porque no suelen asistir jefes de estado extranjeros. Sin embargo, el segundo mandato de Donald Trump marca un punto de inflexión. La lista de invitados de Trump incluyó a Javier Milei (presidente de Argentina), Giorgia Meloni (primera ministra de Italia), Han Zheng (vicepresidente de China), Daniel Noboa (presidente de Ecuador), Subrahmanyam Jaishankar (ministro de Asuntos Exteriores de la India), y Takeshi Iwaya (ministro de Asuntos Exteriores de Japón), entre otros representantes. Si bien algunos observadores consideran que el mundo debe prepararse “a prueba de Trump” ante el abandono por parte de Estados Unidos, es evidente que otros buscan amigarse con el centro de poder norteamericano.

Entre los potenciales aliados de Trump, se prevé que América Latina se convierta en una “prioridad para la política exterior de EE.UU.” El deseo de Trump de volver a relacionarse con la región llega después de décadas de lo que algunos académicos han descrito como una actitud de “negligencia benigna” de parte de Washington hacia el hemisferio. El tema fronterizo, la llegada de China, y la propagación del autoritarismo en América Latina preocupan a Trump y a sus asesores más cercanos, lo que sugiere que esta negligencia podría terminar pronto. Pero ¿en qué términos se reactivarán los vínculos entre EE.UU. y América Latina?

La percepción de que la política a largo plazo de EE.UU. y la de las Américas no están alineadas, es un debate que se viene dando desde hace décadas, y que resurge en cada elección presidencial. Cobró relevancia a mediados de los años 70, cuando Jimmy Carter no tuvo éxito en sus esfuerzos por promover los derechos humanos y la democracia en una región que entonces estaba gobernada por muchos dictadores. Desde entonces, las contrapartes de los diplomáticos estadounidenses y otros funcionarios de carrera se dieron cuenta de que podían oponerse a la política estadounidense sin sufrir represalias políticas. Esta tendencia ha continuado durante más de 50 años, y hoy Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela encabezan un movimiento antiestadounidense en conexión con el movimiento global contra Occidente.

¿Puede Trump Liderar en Materia de Seguridad Regional?

El nuevo gobierno de Trump dice haber aprendido de sus errores pasados. En su primer mandato, Trump tardó demasiado en nombrar embajadores en las Américas, se retiró del Acuerdo Transpacífico, y dejó inconclusas muchas políticas públicas, incluyendo acuerdos sobre migración y asilo con países del Triángulo Norte, la disputa por el muro fronterizo con México, y las sanciones a Cuba. Y por supuesto, su principal piedra en el zapato fue el régimen antidemocrático de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro. Bajo el gobierno de Joe Biden, la Casa Blanca revirtió algunos de estos programas, levantó las sanciones, y renegoció el tema fronterizo. Más tarde, Biden endureció las medidas de seguridad y finalmente restableció las sanciones contra Venezuela (tras el fracaso del Acuerdo de Barbados), al tiempo que lanzó una ofensiva en la frontera entre EE.UU. y México. Por lo tanto, la nueva administración de Trump asume después de un período de pruebas y errores, lo que debería impulsar a los secretarios Marco Rubio y Pete Hegseth a repensar la diplomacia estadounidense y las alianzas militares en el Hemisferio Occidental.

El decreto del presidente Trump que designa a los carteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras significa que su administración impulsará una mayor cooperación para combatir a los actores que son considerados amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. La decisión de apuntar al Tren de Aragua de Venezuela y a la MS-13 de El Salvador podría convencer a muchos otros países de la región, donde ambas organizaciones han impuesto la violencia, los asesinatos, el terror, y un nivel de corrupción capaz de infiltrarse en los gobiernos. “Las actividades de los carteles amenazan la seguridad de EE.UU. y de su población, y la estabilidad del orden internacional en el Hemisferio Occidental”, afirma el decreto.

La designación de los carteles que operan dentro y fuera de EE.UU. como organizaciones terroristas podría abrir una puerta operativa para que las fuerzas de seguridad estadounidenses las ataquen directamente, si no lo hacen de manera encubierta. “Estas sofisticadas organizaciones terroristas transnacionales tienen control operativo y funcional sobre enormes porciones de territorio que limitan con Estados Unidos”, dijo Marco Rubio en su nominación para el Departamento de Estado. “Para nosotros es importante no sólo perseguir a estos grupos, sino también identificarlos y denunciarlos por lo que son: terroristas por naturaleza”, añadió.

Aunque el exsenador republicano suavizó sus comentarios al afirmar que lo ideal sería cooperar con el Ejército Mexicano, fue claro en afirmar que una de las prioridades de Estados Unidos serán los focos de inseguridad regional. Los carteles “generan terror con la migración masiva y el tráfico de drogas”, explicó Rubio.

Estados Unidos y México tienen una compleja historia de relaciones en materia de seguridad, que incluye quejas recíprocas sobre el control de la frontera de 3.200 kilómetros que se ha convertido en una autopista de doble sentido para el ingreso de drogas desde México y el contrabando de armas desde EE.UU. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se negó a vincular el fenómeno del terrorismo con el crimen organizado, advirtiendo que su país es “soberano” y que está dispuesto a “coordinarse”, pero no a “subordinarse”, lo que resulta comprensible.

El Legado de las Antiguas ‘Guerras’

La guerra global contra el terrorismo lanzada por George W. Bush tras los atentados de 2001 en Estados Unidos no tenía límites geográficos. Donde fuera que estuvieran los enemigos, se aplicaría el merecido castigo, usando fuerzas especiales, drones, contratistas y lo que fuera necesario. La guerra contra las drogas lanzada por Richard Nixon en 1971 tendió a ser más frontal y se concentró sobre todo en América Latina y el Caribe –por razones obvias–, incluyendo un fuerte componente policial y militar.

Ambas “guerras” estaban conectadas, y lo han seguido estando de distintas maneras a lo largo de sucesivas políticas de seguridad nacional de EE.UU. La búsqueda del capo colombiano de la droga Pablo Escobar, que condujo a su muerte en 1993, fue el producto de una compleja operación que incluyó a fuerzas colombianas, agencias estadounidenses (la CIA, el FBI, la DEA y otras), y grupos rivales del Cartel de Medellín. Además de traficar miles de toneladas de cocaína, Escobar fue el cerebro de atentados con bombas contra aviones y centros comerciales, así como de asesinatos de ministros, jueces, candidatos presidenciales y policías. Esta persecución a los capos de la droga dejó muchas lecciones sobre localización y eliminación de líderes terroristas, que siguen aplicándose, por ejemplo, para combatir a los carteles de la droga en México y América Central.

Cuando el año 2000 se lanzó el Plan Colombia, financiado por EE.UU. para combatir el narcotráfico y el conflicto interno en Colombia, hubo un debate inicial sobre si el equipamiento donado por Estados Unidos, como los helicópteros Black Hawk, podía utilizarse para otros fines que no fueran el combate al narcotráfico, por ejemplo atacar a guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bastó que Al Qaeda atacara Nueva York y Washington para que el debate desapareciera. Todo lo que oliera a terrorismo podía y debía ser eliminado.

Desde el punto de vista legal, el Departamento de Estado puede designar como organizaciones terroristas extranjeras a aquellas que ejecuten una serie de actividades establecidas por normas específicas (sabotaje, asesinatos y atentados, entre otras) y cuyo efecto sea una amenaza para “ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional (defensa, relaciones exteriores o intereses económicos) de Estados Unidos”. También se castiga a instituciones o individuos que tengan una relación financiera con el grupo. Hace poco, la administración Biden ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, por su responsabilidad en el tráfico de drogas a EE.UU.

El terrorismo y el crimen organizado son dos fenómenos muy diferentes. El primero es un método de ejercer violencia que sirve para intimidar a un grupo determinado. El segundo se relaciona con asociaciones criminales cuyo objetivo último es lucrar mediante la producción de bienes o la venta de servicios. ¿Puede un cartel intimidar a través del terror? Por supuesto, y hay muchos ejemplos. El actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, fue atacado por sicarios del Cartel de Jalisco Nueva Generación en 2020, cuando trabajaba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México. Las autoridades mexicanas no han logrado hacer frente al crimen organizado, y el período presidencial anterior, de Andrés Manuel López Obrador, fue el más sangriento que se haya registrado. García Harfuch quiere fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano para revertir la violencia desatada.

¿Qué Puede Hacer Estados Unidos?

Rubio y Trump presionarán al gobierno mexicano y a otros de la región, entre ellos Colombia, Ecuador y Perú, para que ataquen directamente el flagelo del crimen transnacional. Según el Comando Sur de Estados Unidos, la ilegalidad y la violencia que emanan de la región han alcanzado escala global gracias a los amplios portafolios de los grupos criminales. Su poder de fuego los ha llevado a desarrollar brazos armados para la guerra asimétrica, que pueden manejar desde drones hasta narcosubmarinos. La mirada de EE.UU. es compartida por otros países de ideas afines, incluido el Reino Unido, como lo indicaron recientemente las autoridades gubernamentales que visitaron América Latina y el Caribe.

Pero, por sobre todo, las autoridades políticas deberían considerar una lectura realista de lo que en los estudios de seguridad se conoce como convergencia. Los grupos criminales de toda la región tienen la capacidad de atacar a las burocracias estatales, a los ciudadanos, y a los grupos adversarios, debido a que ahora poseen estructuras militares más características de las insurgencias, lo que les ha permitido ejercer un cierto control territorial. Estados Unidos afirma que los actuales carteles internacionales constituyen una amenaza a la seguridad nacional que va más allá de la que representa el crimen organizado tradicional, dada la “convergencia entre ellos y una gama de actores extrahemisféricos, desde organizaciones terroristas extranjeras hasta gobiernos extranjeros antagónicos”.

Por lo tanto, cuando se designa a los carteles como organizaciones terroristas, el mensaje es claro: la administración Trump quiere tener todas las opciones sobre la mesa para recuperar su fortaleza, o – como dijo Rubio en un ensayo de 2015 – atacarlos y no sólo ver cómo crecen. Cualquiera que sea el plan, hay implicancias políticas, operativas y, por supuesto, éticas, que deben tenerse en cuenta. Y, definitivamente, no se puede ignorar la opinión de los países latinoamericanos en la materia.

Juan Pablo Toro
Director Ejecutivo AthenaLab

Carlos Solar
Senior Research Fellow RUSI

Artículo publicado originalmente en ww.rusi.org.