El Líbero, 22 de mayo 2024
Los problemas actuales no se arreglan con leyes, se arreglan teniendo diagnósticos adecuados, los que a su vez permite seleccionar las soluciones correctas, pero, por sobre todo, teniendo la voluntad política para actuar en forma decidida. La opinión pública va a apoyar al que demuestre tener el carácter y fuerza para resolver los problemas, algo que tienen sobradamente los candidatos de centroderecha y derecha que buscan ser presidenta o presidente.
Actualmente se discuten en el Congreso proyectos de ley que pueden tener un impacto no menor sobre la seguridad nacional y particularmente en la forma en que se conduce la seguridad pública, la que a todas luces y por razones obvias es la primera prioridad para todos los chilenos. El gobierno, el lunes 20 de mayo entregó un nuevo listado de 32 iniciativas, la mayor parte ya conocidas, y otras nuevas, pero de importancia menor. No hay grandes novedades sobre las que fijar la vista, por lo que en esta columna nos concentraremos en lo más importante.
La centroderecha y la derecha, más aún ante la posibilidad casi cierta de ser gobierno en marzo de 2026, debieran entender bien que está en discusión y tomar una postura estratégica respecto del tema. El gobierno del Presidente Boric, que ahora goza de un cobre entrando a un “super ciclo”, que los ayuda con las cuentas fiscales y la economía, sabe que si logran dar vuelta la percepción pública en materias de seguridad pública pueden incrementar sus posibilidades de que uno de los suyos sea presidente, cosa no improbable si la actual oposición insiste en ir separada en cuanta elección existe por delante. Los escenarios de dos candidatos de oposición disputando la primera magistratura en segunda vuelta parten de la base de que el actual gobierno no será capaz de dar vuelta la situación de seguridad, lo cual puede no ser el caso si logran aprender de sus errores.
La mejora de percepción pública que busca el Ejecutivo en lo que a seguridad se refiere, viene dada tanto por el tratar de demostrar que se está haciendo algo, como también por lograr resultados concretos en lo que a reducción de criminalidad se refiere, paz en la Macrozona Sur, y reducción de la inmigración ilegal en las fronteras con el Perú y Bolivia.
Para este gobierno hacer algo pasa por sacar adelante su agenda de seguridad que tiene en el Congreso, que, si bien podrían tener algún impacto futuro, van a tener poco o nada en los menos de dos años que les quedan por delante. Las razones las detallo a continuación:
- Infraestructura crítica (IC): No hay amenazas terroristas que la pongan en riesgo. Una variante de la IC se está usando en las fronteras con Perú y Bolivia, la que permite el uso del Ejército en el resguardo de las fronteras, en un trabajo que apoya a las policías y otros servicios del Estado. Es un malgasto de recursos ya que en la práctica no hay reconducción a Bolivia de inmigrantes ilegales excepto los mismos de esa nación altiplánica. Claro que hay un trabajo más efectivo que en el pasado, y claro que sirve la presencia militar, pero no altera el hecho de que igual ingresan ilegales, los que no se pueden devolver. Adicionalmente implica el uso de militares altamente entrenados en sistemas de armas sofisticados para labores policiales, dejando de entrenarse para la guerra, la que hemos sido capaz de evitar por tener fuerzas armadas entrenadas y con probada capacidad de disuasión.
- Reglas de uso de la fuerza (RUF): Entendiendo que las fuerzas armadas no están diseñadas para el orden público, las RUF sólo son necesarias si es que existe voluntad política de uso de la fuerza, y adicionalmente, así como están, más bien buscan evitar su uso. El haber incorporado el tema de la justicia militar es positivo, sea en la forma solicitada, o por la vía de un ministerio público militar que trabaja con tribunales especializados. Es necesario dar a los militares y policías seguridad jurídica y garantías de debido proceso, las que no se ven presentes regularmente en el actuar del Ministerio Público y los tribunales ordinarios. Cosa de preguntarles al comandante Crespo, al cabo IM Seguel, cabo de Carabineros Zamora, y soldado conscripto Robledo.
- Ley de Inteligencia: Es muy necesario mejorar la ley que regula el tema de la inteligencia. Lamentablemente la que está en el Congreso no es un buen proyecto de ley. No resuelve los problemas que tiene la del 2004, y peor aún genera una burocracia y gastos a nivel central que no sirven de nada. No genera capacidades operativas centrales y una buena y efectiva coordinación entre las capacidades policiales y militares en esta materia. Así como está es un riesgo aprobarla. No se debe apurar y solo debe salir el día en que los expertos le den el VB. En lo inmediato es mucho más efectivo generar capacidades en las direcciones de inteligencia policiales, y regenerar el centro de fusión de inteligencia que el almirante Jordán generó durante su administración como director de la ANI. Los partidos del ahora se juegan con los jugadores actuales, no los futuros.
- Ley que crea el ministerio de seguridad: No va a generar más capacidades inmediatas en lo que a seguridad pública se refiere. Ya tenemos casi todo el ministerio del Interior y Seguridad Pública dedicado al tema de la seguridad pública. La derecha debe buscar que este proyecto no prospere a no ser que traiga beneficios muy concretos y claros, lo que a la fecha no está claro. Por lo demás, y similar al caso de la ANI potenciada que busca el proyecto de ley de inteligencia, cuidado con que se encuentre que les dejan un ministerio de Seguridad Pública lleno de integrantes con lealtades al actual gobierno.
- Modificaciones a la ley antiterrorista: Este es un proyecto de ley que si conviene sacar adelante y sacarlo bien. No se ven inconvenientes en que esto reciba un apoyo transversal.
Por otro lado, no todo es malo, la recientemente publicada ley de inteligencia económica es una buena iniciativa, si tiene que ir acompañada de la facultad de investigar efectivamente los flujos de dinero, como también sus orígenes. Eso implica tener acceso a las fuentes de fondos y es algo clave para investigar lo que hace el crimen organizado y lo que sucede en la Macrozona Sur. Si esto hubiese estado disponible años atrás muchas vidas y destrucción hubiese sido evitada.
La agenda del Gobierno no incluye implementar una estrategia de seguridad nacional que se operacionaliza con la arquitectura y sistema respectivo que la ópera. Seguimos abordando los temas por partes y tratando de dar la impresión de que estamos haciendo cosas, siendo lo único efectivo en lo inmediato lo que se refiere a la ley de inteligencia económica, la antiterrorista y partes de la agenda que se venía desarrollando con el presidente del Senado. El resto no contribuye mayormente y solo desvía la atención a lo que no es relevante y efectivo.
No es relevante porque no frena la inmigración ilegal, no reduce la criminalidad o los atentados, y violencia en la Macrozona Sur por parte de insurgentes y crimen organizado. Todos estos temas pasan por tener voluntad política y no tenerle miedo a actuar. Los problemas graves siempre han requerido de soluciones duras, de lo contrario, nos pasan por arriba y destruyen.
La inmigración ilegal se para no dejando entrar más ilegales a Chile. Si eso necesita montar campamentos del tipo refugiados, que así sea. Está bien tener una actitud humanitaria, pero otra cosa es aceptar más gente en Chile de la que somos capaces de manejar, más aún si dentro de ellos hay algunos malos, muy malos. Los muros y rejas también pueden ser soluciones, pero toman tiempo y no son baratos.
El combate del crimen organizado requiere de una voluntad decidida de parte del Ejecutivo, del Ministerio Público y tribunales. Requiere además de un claro y decidido apoyo a las policías en su actuar, como también de los recursos económicos necesarios. El combate del crimen organizado requiere de recursos humanos y físicos, los que se deben financiar con recursos del Estado. Negar la sal y el agua en esto es pan para hoy y hambre para mañana. Qué mejor que el Gobierno actual se encargue de solucionar los problemas que tienen y que no queden como una carga para el entrante. Mientras antes se parte, mejor.
En el caso de la Macrozona Sur el tema no pasa por hacer más de lo mismo. Al igual que en el caso anterior pasa por un tema de voluntades y de actuar. Han pasado más de tres semanas y aún no hay resultados en la búsqueda de los asesinos de los tres mártires de Carabineros. Es una zona en que una solución del tipo Bukele perfectamente puede tener resultados positivos, pero que además se debe acompañar por una acción conjunta de todas las agencias y poderes del Estado en lo que se llama un “Whole of Government approach”. No requiere más leyes que las ya existentes y no se arregla con seguir prolongando indefinidamente los estados de emergencia. Pasa por tener un diagnóstico correcto del problema, lo que conduce poder elegir los remedios más adecuados, pero por, sobre todo, se debe actuar ahora antes de que sea tarde. Es lo mínimo que merecen los suboficiales mayores Cisterna, Arévalo y Vidal.
Los problemas actuales no se arreglan con leyes, se arreglan teniendo diagnósticos adecuados, los que a su vez permite seleccionar las soluciones correctas, pero por, sobre todo, teniendo la voluntad política para actuar en forma decidida. La opinión pública va a apoyar al que demuestre tener el carácter y fuerza para resolver los problemas, algo que tienen sobradamente los candidatos de centroderecha y derecha que buscan ser presidenta o presidente.
No quiero decir que la ley de inteligencia revisada y las RUF no sean importantes, pero no son críticas en el ahora. Mejor darles tiempo y sacar buenas leyes en esas materias, pero si yo fuera quien está a cargo, me concentraría mucho más en tener una estrategia de seguridad nacional que incluya resolver los problemas antes mencionados. De lo contrario suena como colocar la carreta delante de los bueyes y una estrategia de tratar de endosarle los problemas al Congreso.
Las soluciones de Chile no pasan por una solución única del tipo militar. Lo militar puede ayudar, pero no es una solución ideal. Es poco práctica en el combate al crimen organizado urbano, no así en la contrainsurgencia rural en donde si es aplicable junto a la acción conjunta del resto del Estado, pero requiere tanto de que el Ejército y la infantería de marina se preparen para ello, como de que se les asignen los recursos necesarios para realizar esa tarea. Ambas instituciones tienen a sus recursos humanos bastante al límite por los permanentes despliegues en estados de emergencia, soporte a las policías en las fronteras, brigadas forestales de verano, y así otras cosas más. Las fuerzas armadas se preparan para la guerra, para defender el territorio, la soberanía y el interés nacional. Estar realizando labores no principales en forma permanente no es gratis, desgasta y no es motivante. Ya no son intensivas en gente y eso es algo que se debe considerar cuando se diseñan soluciones que llevan una componente militar.
No se debe asumir por el hecho de que las fuerzas armadas sean jerárquicas, obedientes y no deliberantes que estén disponibles para cualquier cosa en cualquier minuto. Apóyenlas en lo jurídico, en lo legislativo y en lo presupuestario. Ese apoyo junto con el apoyo en las mismas materias a las policías es mucho más efectivo que estar gastando su tiempo en iniciativas legales que bien o nunca serán efectivas, o no son necesarias. Denles seguridad jurídica y garantías de debido proceso junto a órdenes claras y precisas. Verán que son capaces de hacer maravillas.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
Fuente: El Líbero
