El Líbero, 1 de mayo 2024
Eliminar la insurgencia requiere de una acción conjunta del Estado de Chile, pero con mayor acento en soluciones militares de neutralización o eliminación, muy distintas de las que conocemos hasta ahora.
Lo primero es rendir un homenaje a los tres últimos mártires de Carabineros de Chile. Espero que el sacrificio de los suboficiales mayores Cisterna, Arévalo y Vidal no haya sido en vano, que algo se aprenda, ya que carabineros no sobran en Chile, y que les podamos decir a sus familias que su muerte fue un punto de inflexión en la Macrozona Sur, y que el después será mejor para los que habitan en esa zona, para las personas que Cisterna, Arévalo y Vidal protegían diariamente y como parte de su juramento de Carabineros de Chile.
Escribo esta columna siendo el mediodía del martes 30 de abril. Quizás es aún bastante temprano para llegar a algunas conclusiones y, por ende, indicar lo que está bien o mal, pero correremos el riesgo ya que no hay espacio para nuevas equivocaciones y hay que actuar pronto, ya que así lo demanda el pueblo de Chile.
Sólo la semana pasada en Enade, la ministra del Interior y Seguridad Pública mostraba indicadores de la Macrozona Sur. Ella estaba contenta ya que los números estaban mejores. No hubo muertos en el 2023. Las mejores cifras se atribuían al estado de emergencia, la presencia de las Fuerzas Armadas, al actuar del Ministerio Público, pero, por sobre todo, a que Llaitul estaba preso y que por ende la actividad de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) estaba disminuida.
Lamentablemente la alegría de la ministra, del subsecretario del Interior y del gobierno en general duró menos de 48 horas. En la madrugada del 27 de abril el asesinato de los tres carabineros destrozó las estadísticas de muertos cada 100 mil que se había publicado en los medios, sino que además le demostró que estaba equivocada respecto del estado de esa región de Chile, y que la estrategia que estaban siguiendo había fallado estrepitosamente.
Es muy posible que la muerte de los tres carabineros se deba en parte a que el gobierno se había relajado. Las cifras se veían mejor por lo que ya no era necesario que la policía circulara con protección de los infantes de marina. Muchos pensaban que podrían volver a tiempos anteriores e incluso algunos hablaban de terminar con el estado de emergencia.
El problema principal de la estrategia que sigue el gobierno en La Araucanía es que parte de un diagnóstico equivocado. Esto no es sólo una evaluación mía, sino de la mayor parte de los expertos en seguridad y defensa. Este gobierno y el anterior han insistido en que el problema es de carácter delictual, y que por ende las soluciones van por el lado de las policías y del Ministerio Público.
Tanto el gobierno de Piñera 2 como el actual hasta hace muy poco hablaban de violencia rural o delincuencia. Tímidamente antes del 27 de abril hablaban de algunos casos de terrorismo, pero era algo que les costaba decir, como que fuera contra su naturaleza reconocer que lo que había en esa zona podía ser una dolencia más compleja, que podía necesitar de un tratamiento más duro, y no simplemente de uno que buscara bajar la temperatura.
En las provincias de Biobío, Arauco y Malleco derechamente tenemos la presencia activa de grupos insurgentes de origen mapuche. La actividad subversiva también está presente, pero en menor medida, en las provincias de Cautín y Valdivia.
A veces lo que hacen los insurgentes tiene cara de delincuencia, violencia rural o de terrorismo, pero no por ello se transforman en delincuentes, violentistas o terroristas. Se debe mirar la motivación que tienen, ya que el criminal busca beneficios económicos, el terrorista causar terror y publicidad, y a diferencia de los anteriores, el insurgente busca el control territorial para ser quien lo gobierna, para ser su soberano. Va a realizar acciones delictuales o terroristas si es que las necesita para sus fines, y va a permitir robo, narcotráfico, quemas de campos y otras malas prácticas si es que ello le permite financiar sus operaciones, pero peor aún, va a extorsionar a los habitantes, cobrando impuestos por dejarlos en paz. Acciones de terror como la de la madrugada del sábado tienen un propósito.
Si no entendemos que estamos frente a insurgentes nunca vamos a eliminar el problema de la Macrozona Sur. Eliminar la insurgencia requiere de una acción conjunta del Estado de Chile, pero con mayor acento en soluciones militares de neutralización o eliminación, muy distintas de las que conocemos hasta ahora, que van acompañadas de acciones económicas y sociales que buscan mejorar las condiciones de las personas que habitan los territorios afectados.
Para lo anterior se requiere de un sistema de inteligencia robusto y efectivo ya que debemos ser capaces de detectar sus unidades operativas, los nombres de sus integrantes, las comunidades que les dan protección y apoyo, y así muchas otras cosas más. También debemos ser capaces el día en que los neutralizamos, de poder dar soluciones a los problemas que permitieron que surgiera la insurgencia, es decir, de que sean parte efectiva del Estado de Chile y no territorios abandonados en donde opera la ley del más fuerte.
El asesinato de los tres carabineros sí nos deja una duda por su violencia y crueldad. Lo que vimos es más propio del crimen organizado, pero nada quita que la insurgencia esté aprendiendo de las malas prácticas que hemos visto en otras partes de Chile. Sería fatal que el crimen organizado tomara un rol más fuerte en la zona, y que sean ellos los que pasen a dominar los territorios.
Digo lo anterior porque el crimen organizado es más profesional, mejor equipado y capacitado que los movimientos insurgentes de carácter mapuche, los que para bien nuestro no operan en forma coordinada, y no tienen un liderazgo que les una y guíe en su lucha.
La necesaria solución militar, que va acompañada por el actuar de las policías y de la acción de todo el Estado de Chile, es compleja pero realizable. Las capacidades existen en las Fuerzas Armadas para eliminar o neutralizar a los movimientos insurgentes y el crimen organizado que opera junto a los subversivos. Sí se debe contar con un apoyo político transversal, y una amnistía judicial previa para las fuerzas que tendrán que actuar. La responsabilidad de esta acción recae en el Presidente de la República. Es él quien debe dar la orden y asumir las consecuencias que implica el actuar o no actuar. No hacer nada no es una opción.
Toda acción más profunda requiere de un Ministerio Público y de un sistema judicial alineado con la acción que se debe realizar. Si no es así, los militares y policías no se van a prestar para acciones en donde ellos terminen en la cárcel, como podría ser el caso del cabo infante de marina Seguel, a quien se acusa de matar a Yordan Llempi en noviembre del 2021 cuando la patrulla que integraba fue al rescate de carabineros que habían sido emboscados.
Lo que sí sabemos es que más de lo mismo no va a funcionar. La estrategia del gobierno anunciada el lunes 29 de colocar más tropas y recursos no va a eliminar las causas del problema ya que no ataca el fondo y sólo busca que no suba la temperatura. Las Fuerzas Armadas que operan en la zona no tienen facultades de detener o investigar, de buscar a los insurgentes y criminales, lo que sigue estando a cargo de las policías bajo la guía del Ministerio Público.
La solución no va por el lado de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), o de infraestructura crítica, o del Ministerio de Seguridad, o de la ley de inteligencia. Basta con indicar que las Fuerzas Armadas y las policías cuando operan en estados de excepción, o bajo la figura de infraestructura crítica estarán bajo el régimen de la justicia militar y que se deberán cumplir con la consigna que se les haya ordenado. La responsabilidad del uso de las Fuerzas Armadas y las policías es siempre una responsabilidad política. Las Fuerzas Armadas y las policías no se mandan solas.
Hora de ser efectivos y de no seguir jugando al empate. Hora de amnistiar a los militares y policías que estén afectados por acusaciones o condenados por hechos relacionados al mal llamado “estallido social”, como también a los que han sido injustamente condenados por causas de derechos humanos que vienen de la época del gobierno militar. Si este gobierno quiere solucionar los problemas de los chilenos va a necesitar de algo más que bonitas palabras. Va a necesitar de gestos y acciones que protejan a los que pertenecen o pertenecieron a las instituciones de la Defensa Nacional, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
En memoria de los SOM de Carabineros de Chile Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
Fuente: El Líbero
