Sebastián Valdés De Ferari
Lo sucedido durante el año pasado con el llamado “estallido social”, las actuales dificultades para gestionar la pandemia del coronavirus, sumado al incontrarrestable conflicto territorial de décadas en la zona sur del país, han confirmado que la institucionalidad de inteligencia y seguridad de nuestro país requería una actualización y ampliación de su espectro de acción.
De hecho, el mensaje presidencial del proyecto de ley que “Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado” presentado al congreso en 2018 (Boletín N° 12.234-02), actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, plantea que “El Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) vigente obedece a premisas que no responden adecuadamente a las necesidades actuales.” y que “resulta imperativo en la senda de la ejecución de políticas y decisiones de seguridad interna y externa, la existencia de un sistema funcional y coordinado de inteligencia, capaz de recolectar, reunir, producir y sistematizar información de inteligencia, para ser puesta a disposición de la autoridad central que tiene a su cargo el resguardo de la infraestructura crítica del Estado, y finalmente, el bienestar de las personas.”, para evitar que la fragilidad demostrada en el pasado termine atentando contra el sistema democrático de Chile.
Entre esas “necesidades actuales” se encuentran una serie de riesgos que, a partir del innegable consenso internacional y evidencia científica, y dada la reconocida exposición de nuestro país a sus consecuencias, el Estado de Chile deberá manejar en el futuro. Estos se derivan de las implicancias sobre la seguridad del Estado de los distintos escenarios de calentamiento global anticipados por el IPCC de las Naciones Unidas (Intergovernmental Panel for Climate Change).
*Los comentarios y opiniones vertidas en este documento representan el pensamiento de sus autores, no necesariamente de la institución.
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