Pareciera que con esta normativa se vienen a modificar aquellos aspectos que no acomodan a algunos. El problema radica en que el debate legislativo debe ser para todos y no para dejar contentos a unos pocos.
Los tres carabineros baleados en un procedimiento en La Florida esta semana son una muestra más de la necesidad de legislar sobre normas que den garantías a los efectivos policiales en su labor de orden público y avanzar en procedimientos que otorguen seguridad a dichos funcionarios. Sin embargo, cuando vemos propuestas como la de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), pareciera que todo lo avanzado con la Ley Naín-Retamal, se retrocede.
La ley que lleva el nombre de dos mártires de Carabineros de Chile fue debatida en un contexto político que argumentaba abuso de fuerza y mostraba discrepancias con posible violación de Derechos Humanos. La muerte de Daniel Palma terminó con ese debate y la ley se publicó en el Diario Oficial el pasado 10 de abril. Sin embargo, las diferencias no quedaron ahí, el Gobierno, ese mismo día, despachó un mensaje para iniciar la discusión legislativa sobre una ley que regula las Reglas del Uso de la Fuerza en materias de orden público. Normativa que pareciera ser una respuesta a las incomodidades expresadas por una parte del oficialismo.
Imposible no notar el sesgo político detrás de la redacción de la norma, la que hace explícita alusión a materias de Derechos Humanos al involucrar al INDH y a la Defensoría de la Niñez cuando haya que revisar los reglamentos correspondientes. Lo anterior, no sólo podría representar una respuesta ideológica a los cuestionamientos por la ya publicada norma, sino que también deja de lado una realidad cada vez más presente en nuestro país y propia del comportamiento del crimen organizado: la utilización de menores de edad en los delitos. Entonces ¿Por qué esperar informes de estas instituciones, acaso no existe confianza en quienes imponen la ley y hacen justicia?
Además, incluye una serie de limitaciones al uso de la fuerza que más que reforzar los conceptos propuestos en la Ley Naín-Retamal vienen a anularla, generando sólo confusiones en los agentes del Estado que deben imponer la ley.
Adicionalmente, se observa una excesiva tendencia a ejercer un control civil sobre las fuerzas de orden y seguridad que en la práctica ya existe. Dependen del Ministerio del Interior y deben reportar al Congreso. No hay por qué reforzar algo que ya existe, a menos que se quiera marcar el punto político y hacer un guiño a sectores oficialistas.
Con todo, más allá del análisis jurídico que se pueda realizar de la propuesta de ley para normar el uso de la fuerza, preocupa el sesgo político que ésta trae, pues, pareciera que con esta normativa se vienen a modificar aquellos aspectos que no acomodan a algunos.
El problema radica en que el debate legislativo debe ser para todos y no para dejar contentos a unos pocos. ¿Qué pasará cuando se promulgue otra ley que no agrada, se propondrá una nueva para neutralizarla? La crisis de seguridad requiere seriedad política, dominio técnico y, lo más importante, un compromiso real con avanzar en soluciones. Aspectos que no se conseguirán si la propia coalición oficialista no se pone de acuerdo.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: EL Líbero
