A instancias de India, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconoció el pasado lunes, en una declaración aprobada por unanimidad, la importancia de la cooperación para mejorar la seguridad marítima tras un debate de alto nivel encabezado por el primer ministro Narendra Modi.
“El Consejo de Seguridad observa con preocupación las continuas amenazas a la seguridad marítima que plantean la piratería, el robo a mano armada en el mar, los viajes de terroristas y el uso del mar para cometer delitos y actos contra la navegación, las instalaciones costa afuera, la infraestructura crítica y otros intereses marítimos”, dice el texto (ver documento completo).
El mismo organismo agrega que “toma nota del problema persistente de los delitos organizados transnacionales cometidos en el mar, incluido el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de personas y el tráfico ilícito de armas de fuego, y también toma nota de las demás actividades ilícitas”.
La importancia del documento no solo radica en que lo promueva India —una potencia asiática ascendente en el escenario global—, sino en la caracterización que se otorga a los océanos como escenas del crimen, que por sus dimensiones requieren del manejo cooperativo de gobiernos, marinas y guardias costeras afines.
Hoy no existe ningún país que pueda afirmar que tiene todas sus fronteras marítimas controladas o aseguradas totalmente en las rutas por las cuales se conecta con el mundo. No importa si es una potencia del Indo-Pacífico, una nación europea con presencia tradicional en el Mediterráneo, o un país con costas en el Pacífico suroriental.
El mismo día en que se pronunciaba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Chile se daba a conocer el término de la llamada “Operación Jalisco”, que permitió incautar 2,6 toneladas de marihuana procedentes de México y que se pretendían ingresar por el puerto de San Antonio en cuatro cargamentos, desde diciembre de 2020. La acción contó con la participación de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, Carabineros y de la Fiscalía.
A su vez, el último día de julio, Aduanas y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) incautaron dentro de contenedores en el puerto de Iquique, piezas para armar alrededor de treinta fusiles modelo AM-15 Multi Cal. Las armas estaban ocultas en vehículos que llegaron desde Nueva York, con trasbordo en Panamá. La pista que permitió el decomiso se originó en un hallazgo de fusiles en Paraguay.
Los hechos anteriores son pruebas fehacientes sobre cómo las actividades descritas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se manifiestan en los mares y costas de Chile, a pesar de las enormes distancias que deben sortear los traficantes para llegar hasta este país remoto.
Es una realidad compleja de digerir que en el continente americano existan verdaderas multinacionales del crimen organizado. Grupos ilícitos capaces de incursionar en distintos tipos de negocios (tráfico de drogas y armas) y con un alcance global que les permite llegar a los mercados asiáticos y europeos, incluso desarrollando soluciones tecnológicas propias, como los narcosubmarinos o embarcaciones de bajo perfil. Cuando la misma inestabilidad política y económica, agudizada por la pandemia, hace tambalear a los gobiernos de toda la región, estos grupos parecen avanzar por tierra y ahora por mar de una forma no vista.
Si la definición de “seguridad marítima” es “la respuesta estatal a las amenazas que se precipitan de actores no estatales, frecuentemente transnacionales, que al operar quebrantan la legislación nacional e internacional y mantienen la capacidad de emplear la violencia para esas acciones”, como sostiene Joshua Tallis, entonces lo que procede es que Chile refuerce esta respuesta, dadas las nuevas presiones sobre los puertos.
El hecho de que carteles mexicanos estén bajando hasta estas costas, probablemente para probar puntos dónde reexportar droga a Asia (no tiene sentido enviar marihuana a países sudamericanos donde abunda), combinado con los récords de producción de cocaína de Colombia, es un dato preocupante sobre lo que se viene para la región. Ciertamente, lo mismo sucede respecto del tráfico de armas.
Por tanto, los países que tienen marinas en el Pacífico Oriental, siguiendo la inédita propuesta del Consejo de Seguridad, debieran avanzar hacia el desarrollo de más operaciones marítimas combinadas, mientras terminan por adoptar marcos regulatorios compartidos, como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y medidas comunes, como las contenidas en el Código Internacional de Protección de Barcos e Instalaciones Portuarias (surgido en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001).
Que la Armada, la PDI, Aduanas y la Fiscalía hayan participado en los últimos decomisos también es un indicativo sobre la necesidad de avanzar hacia un esquema interagencial permanente, puesto que ahí, donde los Estados no se organizan, el crimen transnacional sí lo hace, incluso sobre el agua salada.
Juan Pablo Toro V.
