El Líbero, sábado 3 de diciembre 2022
Lo que necesitamos de verdad es tener la certeza de que quienes están hoy liderando el país, no sólo comprenden las dimensiones del problema, sino que realmente realicen un esfuerzo importante para solucionarlo.
Esta semana fuimos testigos de cómo dos niños se enfrentaban con cuchillos en plena calle, los barrios Puente y Meiggs en Santiago han sido copados por el comercio ambulante y hace unos días recibíamos el VII informe de narcotráfico de la Fiscalía. Todos, asuntos distintos de una misma temática: la seguridad pública.
Cada vez más vemos y oímos análisis técnicos sobre qué deberíamos hacer y hacia dónde deberíamos apuntar, pero falta la piedra angular que sostendrá todas las estrategias: la voluntad política.
Las tendencias son claras, el crimen organizado está en expansión, nuestros barrios han cambiado su perfil y aquellos que recibían a miles de personas para las compras navideñas hoy tienen que lidiar con un comercio informal desatado y la violencia derivada del enfrentamiento de grupos delictuales.
La alcaldesa de Santiago decía a comienzo de semana que la seguridad pública es tarea del Ejecutivo, en parte es cierto. Es el Presidente quien conduce la seguridad a través del Ministerio del Interior, por lo que es el Ejecutivo quien debe definir los lineamientos. Pero no puede hacerlo solo, la coordinación con todos los actores involucrados es fundamental, sobre todo con aquellos cercanos a su coalición política.
Sobre este punto, se levantan reales dudas: ¿existe voluntad política? Este año hemos visto cambiar el relato en materias de seguridad. El Gobierno empezó impulsando un proyecto de indulto para los presos de la revuelta y hablando del Wallmapu. Con el pasar del tiempo aplicaron el copamiento en Meiggs y siguen renovando el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur.
Ha sido una evolución interesante, pero sus acciones pasadas también abren muchas preguntas. ¿Dicen priorizar el combate al crimen organizado porque quieren realmente hacerlo o porque es una prioridad que muestran las encuestas? Una aprehensión legítima para muchos.
El asunto es que, frente a un año donde los homicidios informados por PDI aumentaron un 33%, donde a mayo los decomisos de armas se habían incrementado en un 11,2% y donde más de la mitad de los asesinatos realizados con arma de fuego son por ajuste de cuentas, no hay cabida a las preguntas.
La voluntad para actuar debe ser clara y decidida, de otra forma, esa tendencia de expansión de crimen organizado en el país que muestra el reciente informe de la Fiscalía va a aumentar en velocidad y ya será demasiado tarde.
Ahora, ¿voluntad política de quién? De quienes nos gobiernan, por supuesto. Se pueden buscar acuerdos transversales, eso es importante para avanzar hacia respuestas de largo plazo, pero lo que necesitamos de verdad es tener la certeza de que quienes están hoy liderando el país, no sólo comprenden las dimensiones del problema, sino que realmente realicen un esfuerzo importante para solucionarlo.
Una cosa es lo que dicen y otra sus acciones. Asegurar un entorno de paz es costoso, requiere un esfuerzo presupuestario importante, por ello la necesidad de presentar una planificación, trabajarla con todas las agencias involucradas, mostrar resultados en el corto plazo y consolidarlos en el largo. Sólo así se despejarán las dudas y todos quienes nos preguntamos si es que existe esa voluntad política, dejaremos de hacerlo.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
