ESPECIAL | Agenda de seguridad: Análisis del fast track

BALANCE | Agenda de Seguridad: los movimientos del fast track

15.12.2023. Cuando faltan dos semanas para cumplir el último plazo propuesto para finalizar la tramitación de los proyectos de ley (PdL) en materia de seguridad pública, resulta necesario analizar la composición del paquete legislativo propuesto, los avances que ha tenido y dónde se encuentran los principales atrasos a la fecha.

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COMENTARIO | Usurpaciones: el impacto del veto en la seguridad

19.10.2023. Dentro de la agenda de seguridad promovida por el Gobierno, uno de los proyectos que ha evidenciado con mayor claridad las diferencias políticas entre los actores encargados de su negociación es el relativo a las usurpaciones. Tanto así que el Ejecutivo introdujo un veto al texto aprobado por el Congreso con 14 observaciones, diez de fondo y cuatro de forma enfocadas en tres ejes (…)

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ANÁLISIS | Agenda de seguridad: ¿Qué tan rápido avanza el fast track?

28.09.2023. Cumplido el segundo plazo de 150 días para la tramitación de los proyectos de ley en materias de seguridad, vale la pena revisar qué tan rápido avanza la discusión parlamentaria y, de aprobarse todos los proyectos, qué significaría para Chile. Pilar Lizana y Agustín Soto.

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COLUMNA | Usurpaciones desvirtuadas

29.09.2023. La ministra del Interior debe ser capaz de sortear las presiones políticas internas. De ceder ante ellas, entregaría más poder al PC y dañaría el poco capital político que le queda al gobierno. Pilar Lizana en El Líbero.

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COLUMNA | Veto a las usurpaciones y el valor de las palabras

06.10.2023. Utilizar el concepto “criminalizar la pobreza” es negar una realidad común para la delincuencia organizada: La explotación de las vulnerabilidades de las personas para alcanzar su fin económico. Pilar Lizana en El Líbero.

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ANÁLISIS | Una revisión al “fast track” legislativo en seguridad pública

21.04.2023. El Gobierno del presidente Gabriel Boric propuso un “fast track” legislativo con 31 proyectos de ley (PDL) a ser despachados con distinta urgencia. Algunos en un lapso de 75 días, otros en 150 días y el último grupo antes de fin de año. Esta priorización responde a un contexto de seguridad que ha estado marcado el aumento de los homicidios y una serie de tiroteos en distintas áreas del país.

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