En el primer documento de trabajo público preparado por AthenaLab, abordamos el enorme desafío que significa para el país proteger sus intereses marítimos, que han experimentado un aumento sostenido en las últimas dos décadas. Una tarea que viene realizando la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, pero que no ha tenido como correlato un alza significativa de recursos financieros y humanos necesarios.
Resumen ejecutivo
- El escenario marítimo de Chile es mucho mayor que solamente las áreas geográficas jurisdiccionales y los espacios de responsabilidad asumidos ante la comunidad internacional. A raíz de su modelo económico abierto al mundo, el país se ha transformado en un Estado dependiente del mar para su desarrollo.
- Existe la necesidad real de dar seguridad a una red de líneas de comunicaciones marítimas que nos vinculan con el mundo y procurar el buen orden del mar, y así frenar actividades ilegales que se pueden dar por falta de presencia y vigilancia efectiva.
- Las expresiones del Estado en el mar requieren de capacidades estratégicas diferentes. Se demanda una función policial (constabulary role) para dar efectividad a la ley y una función defensiva que resguarde los intereses nacionales que estén amenazados por una controversia o definitivamente en un conflicto.
- Al revisar casos como los de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y Australia, por mencionar algunos, se evidencia que no existe una forma única de organización que un Estado puede adoptar para ejercer esa función policial en el mar, y que todos los países que comprenden la importancia de sus intereses marítimos asignan importantes medios para velar por ellos.
- En nuestro país, las actividades policiales en el mar, propias del rol de Autoridad Marítima, son exclusivas de la Armada de Chile a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar). Esta forma de organización permite una sinergia complementaria entre la Armada y la Directemar, que redunda en un empleo más efectivo de los medios existentes. La Armada, por su rol y capacidades estratégicas, es la que provee la seguridad y defensa de carácter general al sistema completo de actividades marítimas, domésticas y de ultramar.
- Es evidente que las actividades de comercio marítimo, pesca, acuicultura, tendido de cables submarinos, recreación y deportes náuticos, etc. han aumentado en forma significativa en las últimas dos décadas, en una situación que no tiene un correlato con los recursos humanos, materiales y financieros asignados a Directemar. Este aumento de actividades se manifiesta también en lagos y ríos navegables del país, redundando en una mayor demanda de seguridad y servicios marítimos a Directemar. El legislador previó el financiamiento de las actividades de Directemar, distintas de la Armada, a través de la Ley de Navegación. Esa ley da cuenta de una de las múltiples variables de servicio público que provee la Directemar y de esa forma está previsto que financie el apoyo a funciones que corresponden a varios ministerios y servicios públicos. Sin embargo, para mantener el balance macroeconómico, el Ministerio de Hacienda no siempre autoriza a Directemar para ocupar los recursos ya asignados por el Congreso, vía ley específica, para cumplir su misión y financiar parte de su operación.
- De forma reciente, por ejemplo, se decidió la creación de áreas marinas protegidas que abarcan prácticamente el 48% de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y que demandan una vigilancia y control especiales, pero no se asignaron los medios para hacerlo.
- La realidad de Chile indica que converger sobre la Armada para desempeñar las funciones de Defensa y de Autoridad Marítima sigue siendo una solución razonable, más económica y relativamente eficiente. Es necesario destacar que Directemar, aparte de sus funciones como Autoridad Marítima, es un servicio público que presta atención a todas las personas, naturales y jurídicas, vinculadas con la actividad marítima, portuaria, de deportes náuticos, y en general, a todas las personas que requieren algo del Estado para desarrollar actividades en, o relacionadas con, el mar, y también, con otros cuerpos de agua, como los lagos y ríos navegables.
- La inversión en nuevas tecnologías de vigilancia sobre los espacios marítimos de jurisdicción nacional es una necesidad imperiosa. Esta custodia debe poder explotar todas las formas que la tecnología pone al alcance del país, en cualquiera de sus instituciones y organizaciones, en la combinación adecuada, para mejorar la cobertura de vigilancia sobre las actividades marítimas y optimizar la asignación de recursos y capacidad de respuesta con los medios que hacen presencia efectiva.
- Si bien la Directemar tiene la misión legal de ejercer la autoridad para velar por la actividad marítima, lacustre y fluvial en el país, se le terminan delegando y agregando nuevas tareas —como de Autoridad Marítima y Servicio Público Marítimo—, sin que exista una política de Estado integral al respecto, pese a que los intereses son de carácter nacional, abarcan responsabilidades de varios ministerios y, más que nunca, son claves para el desarrollo del país.
