Varios amigos me han preguntado en estos días con preocupación qué está pasando en Chile. Un país que desde afuera se veía como algo que funcionaba medianamente bien, con una democracia abierta, una economía que crece, lento, pero crece y con problemas muy distintos a los que ha enfrentado la región. Cárteles de drogas que arrinconan a las autoridades, recesiones, casos de corrupción a escala Odebrecht o turbulencias políticas que hacen tambalear gobiernos. Sobre todo, cuando éramos quienes parecíamos estar más cerca de ese objetivo tan deseable como difuso que se llama desarrollo.

No es fácil dar la respuesta, porque nosotros mismos no la tenemos. Es cierto que décadas de crecimiento sostenido han elevado los ingresos y reducido la pobreza, a la vez que han ido corrigiendo la desigualdad, pero quizá de una forma demasiado paulatina (cifras de la Cepal). Mientras el aumento de la cobertura de los servicios y un mayor acceso al consumo también han contribuido a mejorar el bienestar general.

Sin embargo, la vida se ha vuelto cara (lo que se expresa en el precio de las propiedades), la calidad de los servicios también depende mucho de cuando se pague por ellos (brecha abismal en salud, educación y seguridad) y, sobre todo, se ha ido incubando la percepción de que las reglas del juego no son iguales para todos, lo que es muy grave cuando se trata de un mercado tan competitivo.

Alzas unilaterales de tarifas de compañías, escándalos de colusión en empresas o las posibilidades de endeudamiento sin límites también han ido minando desde adentro la confianza en un sistema económico que en números absolutos sí da resultados.

Los disturbios que estallaron el jueves se producen luego de un aumento de 30 pesos en el billete de metro (4 centavos de dólar), una subida minimizada por un ministro que instó a los usuarios a madrugar para no enfrentar la hora peak. Toda una clase de empatía. Obviamente, eso no justifica el nivel de violencia visto, con destrucción de estaciones y saqueos. Hay algo más profundo. Problemas que tras décadas de incubación estallan en la cara.

Entre quienes estudian la radicalización de las sociedades, se apunta al efecto de la privación relativa (que se produce por caída de las expectativas) y la anomia (falta de apego a las normas, muy fuerte en las nuevas generaciones). Algo de las dos hay.

También está la falta de conexión de las élites con los sectores populares, muy fácil en una ciudad tan segregada como Santiago, pero que justo subsanaba la red de Metro, tren subterráneo que fue blanco de la ira de las turbas en una extraña paradoja. Tan extraña como el uso y abuso de las redes sociales, algo inédito.

En la primera gran protesta viralizada de esta forma han corrido rumores que hablan desde supuestas intervenciones chavistas hasta complots que utilizan a las Fuerzas Armadas para tomar el poder.

¿Cómo vamos a salir de esto? Reviviendo los acuerdos que permitieron construir la democracia. Esto es más sencillo decirlo que hacerlo. Puesto a prueba por esta crisis, el gobierno de Sebastián Piñera ha transitado desde los llamados de unidad hasta hablar de que estamos en una guerra. Lo cual dificulta lo anterior. Pero es claro que un retorno a la normalidad sin acuerdos, que puede darse, es solo garantía de una estabilidad precaria.

Probablemente, tras restituir el orden, el gobierno tendrá que pensar en un paquete de medidas sociales, que incluyan congelamientos de tarifas (como lo hizo al revocar el alza de pasaje de metro) y una revisión consensuada de reformas en marcha (tributaria y pensional). La austeridad sin dinamismo económico parece haber topado techo, pero no es un fin de modelo como han querido celebrar algunos. Luego será tiempo de una revisión general de lo que funciona y no funciona para hacer de nuevo a Chile más inclusivo. Si algo ha probado el país tras sus sucesivos terremotos es ser resiliente. Caer para aprender a levantarse de nuevo.

Juan Pablo Toro
Director ejecutivo AthenaLab

Portada Diario Milenio edición miércoles 23 de octubre 2019

Fuente: MILENIO.COM

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