Confiar en que el sistema funciona y va a brindar protección a víctimas y testigos es la base para avanzar en las soluciones al problema de seguridad.
El Libero, 5 de julio de 2024
El sólo hecho de que esta semana debamos hablar de la protección de testigos es un signo de debilidad grave que muestra que, mientras más hablamos sobre crimen organizado, pareciera que menos sabemos de él.
Finalmente nos enteramos de que de las tres personas asesinadas sólo una había cooperado con un caso de sicariato y requería de protección, pero que la había rechazado. No se puede obligar a alguien a algo, pero, por otro lado, la razón de entregar información debiese estar en la protección que se recibe.
También se dijo que existían algo así como 13 mil testigos protegidos. Un número bastante alto que requiere ser analizado con detalle. La primera pregunta que surge tiene que ver con la clasificación del testigo protegido ¿tenemos una clasificación acorde a la amenaza? ¿Existe un protocolo cuando se trata de casos de crimen organizado?
Dudas razonables sobre todo en un contexto donde el año pasado el juez de Arica reconoció haber entregado la información de testigos protegidos y agentes encubiertos que colaboraron en el caso de Los Gallegos, poniendo en riesgo no sólo a los colaboradores, sino que al proceso de investigación.
La importancia del agente encubierto y el testigo protegido es altísima, pues, se consigue información relevante para dar con las células de los grupos que operan en el país. Pero, más allá de lo práctico, tiene que ver con un aspecto fundamental: la confianza. Confiar en que el sistema funciona y va a brindar protección a víctimas y testigos es la base para avanzar en las soluciones al problema de seguridad.
Detrás de esa protección existe un sistema que brindará el apoyo necesario y, porque eso existe y funciona, se colabora con las investigaciones. Esa es la base de la denuncia, la confianza en que los datos que se aportan contribuyen a un trabajo eficaz del Estado.
Es justamente en eso donde se está fallando. Mientras algunas instituciones y funcionarios comprenden plenamente los desafíos que plantea el crimen organizado, otros pareciera que aún no lo entienden. Tal es el caso de la jueza de garantía que dejó con arresto domiciliario a integrantes del Tren de Aragua en Los Vilos. La jueza dijo que no había pruebas suficientes para defender la peligrosidad de los reos, sin embargo, personas detenidas por secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita en una zona donde han proliferado los cultivos de marihuana y el narcotráfico, debió al menos representar alguna bandera roja para la magistrada.
Vuelve a surgir el mismo argumento: la confianza en que el Estado trabaja de manera eficaz y con pleno conocimiento. Entonces, el caso de muerte de testigos protegidos es gravísimo, pero más allá del hecho en sí debiésemos estar preguntándonos por qué están pasando estas cosas y, recién ahí se podrán identificar las vulnerabilidades estructurales asociadas a corrupción, gestión, preparación, coordinación y comprensión del fenómeno. Hay que abordar el fondo, es decir, la confianza en el trabajo del Estado que se fundamenta en su respuesta eficaz y eficiente.
Pilar Lizana
Investigadora senior AthenaLab
