El Líbero, 10 de mayo 2024
Contra todo pronóstico, quienes en 2019 pedían que los militares retornaran a sus cuarteles, hoy, están prolongando los estados de excepción y solicitando desplegar a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado.
“En nuestro gobierno no se va a volver a tener tribunales militares”, dijo el Presidente esta semana a raíz del debate sobre las reglas del uso de la fuerza. Pero ¿por qué debemos conversar sobre esto? Porque contra todo pronóstico, quienes en 2019 pedían que los militares retornaran a sus cuarteles, hoy, están prolongando los estados de excepción constitucional que ya parecen normalidad y solicitando desplegar a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado.
Ya no estamos debatiendo sobre si es correcto o no desplegar a los militares en territorio nacional, ahora, el fondo del problema tiene que ver con las funciones que van más allá de la defensa.
No cabe duda, y así lo expresa la Constitución, de que las Fuerzas Armadas pueden desplegarse en territorio nacional para cumplir funciones distintas a las originales. Por eso existen los Estados de Excepción, pero, para que éstos se desarrollen, deben existir garantías y reglas claras que normen las acciones de esa excepcionalidad.
No somos los únicos que buscamos recurrir a las Fuerzas Armadas para enfrentar temas de seguridad. Italia y Brasil lo han hecho y, el tipo de justicia no pareciera ser un asunto para debatir.
En el país europeo, los militares cumplen misiones de protección y vigilancia de ciertos puntos definidos como críticos, liberando recursos humanos de las agencias policiales. En Brasil, todos conocimos la intervención en el Estado de Río de Janeiro. Y, tanto en Italia como en el gigante sudamericano la justicia militar se encargaba de lo que sucedía en las operaciones. En el primero, los militares están sometidos tanto a la justicia civil como militar dependiendo la norma infringida; y en el segundo, los delitos de militares contra civiles y viceversa, mientras durara la operación, eran juzgados por la justicia militar.
Sin traumas y con claridad se normaron las operaciones. Con un objetivo final claro los países mencionados han buscado responder a la amenaza del crimen organizado. Sin embargo, en Chile, cuando se cree que la meta es clara, todo se torna borroso al teñirse el debate con una mirada ideológica y, mientras eso extiende las discusiones, el Estado pierde tiempo valioso.
Nadie dice que las conversaciones sobre esta materia deben tomarse a la ligera, lo que se pide es que sean abordadas con una visión de Estado, aprendiendo de las lecciones que otros países han sacado. Conociendo casos que han enfrentado desafíos similares y adecuando para Chile las acciones más prometedoras.
Pareciera que el gobierno tiene claridad en que la amenaza es el crimen organizado. Lo ha repetido innumerables veces, sin embargo, cuando se trata de debatir qué herramienta usar y cómo usarla, no existe esa misma claridad. La presión de un sector oficialista se torna insalvable cuando el otro sector cede ante ella. Y así, lo que otros países hacen sin traumas y con claridad, en Chile se aborda con traumas y con dificultad.
Pilar Lizana
Investigadora senior AthenaLab
Fuente: El Líbero
