El Líbero, 12 de febrero 2022
No sólo de droga viven las bandas de la delincuencia internacional; el tráfico de personas y armas junto con el lavado de activos y los delitos digitales son otras de sus especialidades. Sin embargo, hay una de la que hablamos poco: el comercio ilícito de bienes y recursos naturales.
La reciente promulgación de la ley que sanciona el comercio ilegal y la piratería intelectual, junto con ser un avance importante es también un recordatorio de cómo el crimen organizado ha ido ganando terreno en el país. No sólo de droga viven las bandas de la delincuencia internacional; el tráfico de personas y armas junto con el lavado de activos y los delitos digitales son otras de sus especialidades. Sin embargo, hay una de la que hablamos poco: el comercio ilícito de bienes y recursos naturales.
En Chile existen economías paralelas lideradas por bandas del crimen que lucran con nuestros recursos. Ahora hay especialización y toda una estructura de grupos dedicados a negocios ilícitos.
El comercio ambulante es el que más ha llamado nuestra atención en el último tiempo. Hemos sido testigos de cómo poco a poco las veredas se han ido llenando de vendedores que ofrecen productos falsificados o robados. El estallido social funcionó como gatillante del fenómeno y las investigaciones sobre los saqueos demostraron cómo se reducía en la calle lo que se robaba en las grandes tiendas. A esto, se han sumado las peleas entre grupos por dominar esquinas y sectores de alto flujo que han tenido como consecuencia incluso la muerte. Santiago, Valparaíso, Viña del Mar e Iquique, son sólo algunos ejemplos de esto.
La experiencia internacional nos dice que no seremos ni los primeros ni los últimos en convivir con esta problemática. Hay algunos que nos llevan ventaja. En India, por ejemplo, la infraestructura hídrica no avanzó tan rápido como el aumento demográfico y surgieron las mafias del agua. Un caso más cercano lo tenemos en Perú. La minería ilegal en ese país se ha transformado en un problema importante para un sector que, incluso, ha llegado a preguntarse si es que les están ganando la batalla.
Así, a lo largo del país se van configurando realidades particulares que destacan una u otra cara del crimen organizado. En el norte, al tráfico de drogas y personas se suma el robo de cobre; 257.000 toneladas de cobre se robaron en 2020. En el centro, el comercio ambulante llena las ciudades impactando fuertemente en la vida cotidiana. La Macrozona Sur está marcada por el robo de madera; en tres años se han perdido US$133 millones por este concepto. Más al sur el robo de recursos marinos reemplazó al de ganado; la pesca ilegal genera un mercado paralelo que mueve alrededor de US$60 millones al año. Mientras los delitos digitales y el lavado de activos no son específicos de ninguna zona, sino que atraviesan Chile sirviendo a quienes los “necesiten”.
El Estado en su conjunto sufre las consecuencias de la especialización del crimen. La economía nacional debe lidiar con un comercio paralelo y los sectores vulnerables son utilizados por las bandas. Llegó la hora de pensar más allá de las drogas, de entender el fenómeno de manera integral y de incorporar las relaciones que puedan existir entre cada uno de los rubros del crimen organizado. La problemática de seguridad pública en Chile cambió; ahora es el Estado el que debe ponerse al día.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
