El año pasado, en el capítulo del Informe de Narcotráfico de la Fiscalía Nacional, escrito por Gendarmería, nos advertían sobre más de 500 bandas que se encontraban en el sistema penitenciario y que —tras las rejas— mantienen funcionando sus operaciones criminales. Hoy hablamos de más de 800. Están integradas por chilenos y extranjeros, siendo los primeros más numerosos que los segundos.
No es nuevo hablar de la cárcel como un lugar donde los delincuentes aprenden nuevas técnicas y terminan retornando a la sociedad con más conocimientos que cuando entraron. La idea instalada de la puerta giratoria apunta un poco a eso. Pero, tal vez lo más preocupante tiene que ver con el sistema de poder criminal que se instala en las cárceles y que puede llegar a controlarlas. En América Latina, ejemplos de este tipo sobran. Brasil, Venezuela y Ecuador nos recuerdan a diario cómo en el sistema penitenciario han nacido grupos del crimen organizado transnacional que controlan territorio no solo en su país de origen, sino que también en otros Estados.
Hace unas semanas vimos surgir en la cárcel ecuatoriana a la banda criminal “R7”[1]. Nacen de una alianza con el grupo llamado “Los Lobos”, pero al poco andar lograron hacerse con el poder y ganar control territorial dentro de ella a medida que se iba consolidando su estructura organizacional. Hoy ya se habla de la nueva organización criminal ecuatoriana y se le achacan la masacre en la cárcel de Turi y otra en un recinto penitenciario de Santo Domingo de Tsáchilas.
Los ecuatorianos son solo los más recientes. Entre 2009 y 2010 se sitúa el surgimiento de otra organización criminal, la que actualmente es de carácter transnacional, y que cuenta con operaciones en Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Nos referimos al Tren de Aragua, la megabanda venezolana que ha llegado a nuestro país para cambiar el panorama criminal y obligar al Estado y a los chilenos a mirar la seguridad con otros ojos. Liderada por Héctor Guerrero, alias “El Niño”, tiene como centro de operaciones la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en Venezuela. Nuevamente, el sistema penitenciario aparece como cuna del crimen organizado transnacional en América Latina.
Varios años antes, décadas más bien, en el último tercio del siglo XX, período de gloria de los carteles de la droga colombianos, nacen en Brasil dos grupos que hoy se han extendido a diversos países de la región. En 1979, surge en el sistema penitenciario de Río de Janeiro el conocido Comando Vermelho, quien, con más de 20.000 miembros en esa ciudad, ha extendido su negocio criminal a Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. Años más tarde, en 1993, en una cárcel de Sao Paulo, surge el Primer Comando de la Capital (PCC), dedicado al tráfico de drogas. Hoy cuenta con operaciones en 38 países y más de 30.000 miembros.
¿Por qué mirar lo que pasa en esos países? Bueno, porque Chile no es una excepción en el panorama criminal latinoamericano. Los grupos del crimen organizado transnacional más temprano que tarde iban a terminar llegando, y vaya que lo hicieron. El Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, El cartel del Golfo, y Primer Comando Capital son sólo algunas de las organizaciones latinoamericanas que han llegado, directamente o indirectamente, a Chile. De los primeros ya tenemos líderes detenidos, además de que sus métodos se han instalado con fuerza dentro y fuera de nuestras cárceles. El problema: La integración con bandas locales, el poder que adquieren dentro de la pirámide social criminal y el traspaso de conocimiento entre los internos. La coerción es la manera de ejercer el poder, no sólo entre la población penal, sino que entre gendarmes también. Extorsión y homicidios se suman al narcotráfico como parte del menú delictual. El desafío: Evitar que nuestras cárceles sean la cuna de grupos criminales.
EL PANORAMA CARCELARIO NACIONAL
A julio del 2022 se contabilizaba un total de 127.036 personas en el sistema penitenciario. El subsistema cerrado registra 47.707 internos, donde el 92,4% corresponden a hombres. Desde febrero de este año que se evidencia un aumento en el número de personas que ingresan al subsistema cerrado. De los extranjeros detenidos, los bolivianos, colombianos y venezolanos son las principales nacionalidades observadas.
Figura 1: Resumen de población atendida por subsistema cerrado
Fuente: Estadísticas de Gendarmería de Chile, https://www.gendarmeria.gob.cl/est_general.html
Ese contexto, pese a ser cerrado, no puede disociarse del entorno social. La cárcel es un eslabón más de la cadena de seguridad pública y es vulnerable a ser permeada por el ambiente libre. Ejemplo de ello es cómo se comporta el delito tras las rejas. Cuando en 2020 aumentaron los homicidios a nivel nacional, lo mismo pasó en el sistema penitenciario, el que vio un aumento del 75% respecto de los cuatro años anteriores.
En el medio libre, el crimen se instala donde el Estado no llega y ejerce el control territorial de barrios. Dentro de la cárcel no es muy distinto. El sistema de dominación fuera de los muros, se replica dentro y el sistema penitenciario se transforma en un “centro de negocios criminal” donde se somete al más débil y se mata o extorsiona por poder.
Esta situación no es nueva, hace un tiempo que se viene hablando de lo que sucede en las cárceles. Pero ¿qué pasa cuando se agregan los nuevos elementos que llegan con el crimen organizado transnacional? Ya no hablamos ni del mismo control territorial ni de la misma manera de ejercer el poder. Además, en un contexto donde no hay segregación de la población penal, los delincuentes más jóvenes van a ver en aquellos que llegan con una carrera criminal internacional una oportunidad para destacar en su entorno social. Entonces, se constituirá un sistema de control y dominación totalmente nuevo donde delincuentes comunes aprenderán nuevas técnicas y se conformarán nuevos grupos criminales dentro del sistema penitenciario. ¿Quién dice que si no se toman medidas a tiempo no nacerán bandas criminales nacionales que se internacionalizarán y tomarán control de las cárceles?
Ya pasó en otros países y en esto no hay casos excepcionales, a menos que, se desarrollen medidas concretas que fortalezcan las instituciones y generen políticas carcelarias acordes al nuevo escenario criminal que irrumpió con fuerza en Chile durante el último año.
El trabajo no es fácil, pero podemos empezar con construir bases de datos integradas con todos los eslabones de la cadena de seguridad pública, trabajar en cooperación policial con otras agencias de cumplimiento de la ley, tanto en América como en el mundo. Construir perfiles criminales y recopilar información que permitan adelantarse a ciertas situaciones. Básicamente hablamos de Inteligencia, de un sistema de inteligencia que nutra de información a todos aquellos actores involucrados en el trabajo de seguridad pública.
A ese sistema, debemos incluirle —adicionalmente— el fortalecimiento de las instituciones, de Gendarmería en este caso. En un contexto donde la cárcel es un eslabón más de la cadena de seguridad pública, sus servicios no pueden quedar al margen de las estrategias que se desarrollen.
Otro aspecto para considerar y que puede implementarse desde ya, tiene que ver con la segregación de la población carcelaria y la reinserción de los reos. El delincuente primerizo no debería compartir recinto penitenciario con aquel reincidente, lo mismo pasa con el tipo de delitos. El delincuente común debería estar separado de aquel que comete delitos de mayor connotación social, como los homicidios. De esa manera, se puede resguardar la seguridad de los detenidos y dificultar la coerción entre los presos.
La segregación permite también, la integración de la cárcel con un sistema de reinserción, en especial de aquellos reos primerizos que han cometido delito común. Al final, a lo que se debe apuntar con todo esto, es a evitar que la cárcel se transforme en el semillero para bandas criminales organizadas y que exista un real proceso de reinserción que disminuya la reincidencia.
Finalmente, para que lo anterior tenga reales posibilidades de éxito, el debate debe darse con una mirada transversal, de Estado, alejada de las tendencias políticas. La seguridad supera a los gobiernos, sus respuestas deben ser de largo plazo. Entender a la amenaza es fundamental, pero igual de importante es conocer las capacidades que tiene el Estado para combatirla. La situación carcelaria es una de las tantas dimensiones donde hay que preguntarse cuáles son las debilidades y fortalezas. Potenciar las segundas y trabajar en mejorar las primeras. En ese sentido, reforzar a Gendarmería, segregar población carcelaria y desarrollar inteligencia son medidas que se pueden aplicar ahora y que contribuirían a marcar una diferencia en el futuro.
Pilar Lizana, investigadora AthenaLab
14 de septiembre de 2022
[1] https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/los-r7-banda-que-surgio-a-la-sombra-de-otras-organizaciones-criminales-esta-vinculada-por-tercera-vez-en-una-masacre-nota/
