El Líbero, 21 de febrero 2024
La agenda legislativa del gobierno en materia de seguridad pública no necesariamente será la solución a los problemas. Deben primero tener un diagnóstico adecuado y con ello diseñar la estrategia.
Junto con la citación al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) por parte del Presidente de la República; la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, indicó que el plan del gobierno para arreglar los problemas de seguridad pasa básicamente por aprobar en el Congreso:
- Ley de infraestructura crítica.
- Ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).
- Ley de inteligencia.
- Ministerio de seguridad pública.
- Continuar avanzando con el plan de 31 proyectos que venían desarrollando con el Senado y Cámara de Diputados en el 2023, del cual quedan aproximadamente un tercio pendientes.
Para el actual gobierno todo pasa por aprobar leyes, como si es que eso en sí mismo arreglara el problema de inmediato, lo que me recuerda al gobierno anterior que pensaba que todo se arreglaba presentando querellas, con lo cual traspasaban el problema al Ministerio Público.
Para que todos estemos en la misma página, los tres problemas básicos de seguridad que tenemos en Chile son, en orden de importancia:
- Crimen organizado, delincuencia y altos niveles de violencia en los principales centros urbanos.
- Insurgencia mapuche en la llamada Macrozona Sur, la que a veces se presenta como terrorismo, delincuencia o violencia rural.
- Inmigración ilegal en las fronteras con Perú y Bolivia, la que permite el ingreso de mano de obra criminal que viene a aumentar las capacidades del crimen organizado que opera en territorio nacional.
Los problemas recién mencionados se hacen más críticos por la ausencia de una estrategia-arquitectura-sistema de seguridad nacional, un sistema de inteligencia efectivo, la falta de coordinación de los poderes y agencias del Estado que tienen relación con el manejo de la seguridad pública y, principalmente, la falta de voluntad política para actuar y resolver los problemas, que incluye el nulo o poco apoyo a las policías y unidades de las fuerzas armadas que deben enfrentar a criminales, narcotraficantes, insurgentes, delincuentes y terroristas.
Si uno mira las iniciativas con las cuales el gobierno piensa resolver los problemas, la de infraestructura critica no reduce la criminalidad, la insurgencia o el ingreso de criminales a Chile. Su propósito es proteger o resguardar infraestructura crítica, algo que ni siquiera los insurgentes mapuche han buscado afectar y menos piensa el crimen organizado.https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/seguridad-nacional/embed/#?secret=Al9eKxL6Wq#?secret=jcoR65q2sF
Las RUF en sí mismas no resuelven nada. Solo pasan a ser relevantes si es que se determina que las fuerzas armadas deben ser usadas con amplias facultades en restablecer el orden público, algo para lo cual no están preparadas o entrenadas, o bien se les pide eliminar o neutralizar insurgentes en la Macrozona Sur, o algo similar con los criminales que buscan ingresar a Chile por nuestras fronteras del norte o noreste.
El ministerio de seguridad pública solo agrega burocracia y costos al Estado. El problema de la seguridad pública no pasa por agregar nuevas agencias al Estado, pasa por hacer funcionar lo que existe y por la voluntad política necesaria para querer resolver los problemas que nos aquejan.
Sí contribuye a resolver los problemas una nueva ley de inteligencia que corrija los defectos que tiene la ley 19974. El proyecto de ley que presentó en el 2018 el presidente Piñera, y que después de mas de cinco años aún no ve la luz, tiene su acento en la integración de los sistemas existentes, en un gobierno corporativo adecuado y en el diseño de una estrategia que se haga cargo de los desafíos que actualmente existen en la materia.
La existencia de un sistema de inteligencia efectivo no garantiza éxito en la estrategia contra el crimen organizado u otros problemas que tenemos. Si las autoridades reciben información oportuna y de calidad, pero no actúan sobre ella o no la usan para resolver los problemas, habremos malgastado tiempo y recursos, y quizás quedemos peor que antes.
Avanzar y dejar aprobado el paquete completo de 31 proyectos legales dirigidos a problemas de seguridad pública es algo que se debe hacer ya que algunos de ellos han demostrado ser muy efectivos. Necesitamos proyectos de ley del tipo Nain-Retamal, los que ayudan a las policías a ser más efectivas, pero que, dicho sea de paso, no resuelven las inoperancias que a veces demuestran el Ministerio Público o los tribunales en el combate al crimen y delincuentes.
Una de las conclusiones que viene en el acta del Cosena es la necesidad de tener una estrategia estatal para la seguridad pública, si se aplican un poco más, la pueden transformar en una estrategia de seguridad nacional que incluya también amenazas que vienen del cambio climático, desastres naturales, incendios forestales y, obviamente, la protección del territorio, mares, espacios aéreos y espaciales, la soberanía y el interés nacional donde sea que esté ubicado.
Las claves del éxito para resolver problemas, incluyendo los de seguridad publica pasan por:
- Un diagnóstico correcto del problema y sus causas.
- Diseñar una estrategia que tenga como propósito resolver el problema.
- Asignar los medios necesarios para la ejecución de la estrategia.
- Claridad en el mando y control de la ejecución.
- Voluntad política para resolver el problema.
- Aprender de los errores que se cometan y con ello mejorar los planes y ejecución.
Si se observa la lista anterior, la agenda legislativa del gobierno en materia de seguridad pública no necesariamente será la solución a los problemas. Deben primero tener un diagnóstico adecuado y con ello diseñar la estrategia. Colocar soluciones antes de tener la estrategia es como colocar la carreta delante de los bueyes.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
Fuente: El Líbero
