La situación en el sur ya no resiste más análisis. Las intenciones de los violentistas son claras y el gobierno debe responder a ellas con más realismo que idealismo.
Seguridad. Eso de lo que nos acordamos sólo cuando falta, pero que desde hace décadas los chilenos que viven en la Macrozona Sur no olvidan. Esta semana fuimos testigos del mayor ataque en 25 años. Se quemaron o balearon 23 camiones, 5 maquinarias, 4 camionetas y 1 auto. 40 encapuchados en 7 epicentros, ¡lo equivalente a un pelotón de infantería del Ejército! La violencia en el sur está dejando de ser solamente una prueba que el gobierno no estaría pasando.
Pero este fue sólo el cierre de una semana que empezó con el ataque incendiario contra 4 casas, 4 camionetas, 1 auto y 1 bodega en Quidico. Urge restaurar el Estado de Derecho en la zona. Además de todos los ataques, quienes viven en esa parte de Chile deben lidiar con el cobro de “peajes” para transitar por ciertas rutas y el robo de la producción de madera, entre muchas otras cosas. El normal desarrollo de la vida se ve interrumpido a diario y la comunidad ha debido organizarse para tener seguridad. Algo que es deber del Estado entregar.
Un dato importante y que es bueno recordar en esta materia es la amenaza que la Resistencia Mapuche Lavkenche hizo en diciembre del año pasado. “El weichan no parará. Ni con Piñera, ni con Boric”. Una advertencia de la que no había por qué dudar, ni menos pensar que una senda de diálogo y paz iba a cambiar la visión de éste y otros grupos que lo siguieron.
La primera medida del gobierno con respecto a la situación de violencia en el sur fue terminar con el Estado de Emergencia y retirar a más de dos mil militares. Desde que se levanta la medida, el 26 de marzo, se identificó un 300% más de usurpaciones, 106% más de atentados incendiarios y 650% más de ataques armados según el informe de la Multigremial de La Araucanía. Quedó demostrado que el mensaje de las orgánicas radicales era real y su disposición al diálogo poco creíble.
No digo que la solución sea un permanente Estado de Emergencia, ni menos el despliegue de militares en territorio nacional para solucionar problemas de seguridad interior que tienen una naturaleza política. Sin embargo, corresponde destacar que dicha medida permitió mejorar el contexto de seguridad de quienes viven en la zona, al menos en el corto plazo. Lo importante eso sí, es que vaya acompañado de estrategias de seguridad, políticas claras y una coordinación real entre todos los actores. Pero, antes que todo esto, se requiere humildad y una voluntad real de tomar medidas contundentes.
Las no tan nuevas autoridades llegaron el 11 de marzo con el idealismo del diálogo y la paz. Pero la realidad ha sido más fuerte. Se les ha impedido llegar, han sido atacados y los atentados van en aumento. En un mes y medio, los grupos violentistas de la macrozona sur han demostrado que su posición es la violencia sobre el diálogo y el gobierno debe despertar y asumirlo de una vez por todas.
Pareciera que los únicos dispuestos a usar la fuerza son los grupos radicales, quienes no tienen la legitimidad para ello. El monopolio de esta lo tiene el Estado, pero no está claro si el Gobierno quiere ejercerlo, al menos en La Araucanía.
La situación en el sur ya no resiste más análisis. Las intenciones de los violentistas son claras y el gobierno debe responder a ellas con más realismo que idealismo. Reconocer la realidad y entender un problema es la base para solucionarlo. Sabemos que las palabras importan, pero importan realmente cuando van acompañadas de acciones y ejemplos reales que respondan a las necesidades de la población y que impongan el imperio de la ley.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
