La Tercera, lunes 25 de noviembre 2019

El anuncio del Presidente Sebastián Piñera, de dar facultades a los militares en el resguardo de determinadas estructuras críticas, sin la necesidad de que exista algún tipo de excepción constitucional, abrió el debate sobre las atribuciones del mundo castrense. La Tercera PM analizó la medida con expertos y revisó escenarios similares en otros países.

“La próxima semana vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estados de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, que puedan colaborar en la protección de la infraestructura crítica”.

El anuncio que realizó ayer el Presidente Sebastián Piñera abrió la discusión sobre el rol que deben asumir las instituciones castrenses en relación a la seguridad interna del país, actualmente a cargo de las policías y solo reservada para militares en situaciones de excepción, como el estado de emergencia decretado el 19 de octubre pasado.

La participación de los uniformados en el resguardo de infraestructura crítica está lejos de ser inédita en la región. En la actualidad, países como Brasil, Colombia, Ecuador, México y Nicaragua otorgan a las Fuerzas Armadas atribuciones para el resguardo de instalaciones sensibles, como pretende hacer el gobierno en el caso de Chile, de sistemas de suministro de agua, electricidad, gas y aeropuertos, entre otros.

A nivel europeo, también existen antecedentes sobre facultades de este tipo, las cuales han sido utilizadas, por ejemplo, durante grandes eventos (Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, España, Suecia y Gran Bretaña) o para el resguardo permanente de instalaciones públicas, muchas veces de carácter monárquico, o diplomáticas (Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Italia, Holanda, Noriega, Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos).

Expertos

Para Juan Pablo Toro, director ejecutivo del centro de estudios AthenaLab, dedicado a las Relaciones Internacionales y la Seguridad, medidas como la anunciada por Piñera, “se han vuelto cada vez más comunes en Europa y América Latina, en la medida que han evolucionado las amenazas a la infraestructura crítica, desde los atentados terroristas hasta los ciberataques”.

Agregó que “esto tiene mucho que ver con la creciente urbanización mundial y el hecho de que la gobernabilidad de las ciudades depende cada vez más de la fiabilidad de sus redes de transporte, de comunicaciones y de energía”.

Según Toro, “el punto acá es que las misiones de las Fuerzas Armadas deben evolucionar junto al entorno y no quedarse fijas en el tiempo. En los últimos años hemos visto militares combatiendo el Zika en Brasil y protegiendo los Juegos Olímpicos de Londres. Más encima, si se está ante una crisis inédita, como en Chile, se requerirán soluciones igual de inéditas. Los costos de no proteger la infraestructura crítica, una vez identificada, los pagan todos. El Estado debe ocupar sus instrumentos para garantizar la seguridad, el desarrollo y bienestar de la población”.

Felipe Agüero, académico de la Facultad de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, indicó que dentro de América Latina hay países que cuentan con “amplias facultades para que el Presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas en situaciones parecidas a la chilena”.

No obstante, advirtió que en los casos de países desarrollados, donde se otorga este tipo de atribuciones, “hay disposiciones más claras y constitucionales para el uso de las FF.AA., siempre privilegiando el rol de las policías en estos casos. En ningún país es una vigilancia permanente”.

De acuerdo a Agüero, el anuncio de Piñera “es un reflejo de la actitud permanente de este gobierno, incluso desde antes de la crisis, de traer a las FF.AA. gradualmente a ocuparse de materias diferentes a la defensa nacional. Así ha ocurrido en el uso de militares en el combate al narcotráfico, el resguardo de fronteras o la lucha contra el dengue”.

En este sentido, el académico considera que esta medida culmina este proceso. “Lo grave de todo es que en este contexto, la transparencia del control civil hacia los militares no está asegurada. Una ley de este tipo requiere mucha más precisión en relación a los controles y la transparencia”, agregó.

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