El Líbero, 10 de enero 2024
La Constitución les asigna un rol a las Fuerzas Armadas en lo que a seguridad pública se refiere, pero es excepcional y no puede pasar a ser permanente. Es mejor que así quede y así sea.
Esta columna está dirigida no solo a los huérfanos del general Pinochet, sino a todos aquellos que regularmente preguntan por qué las Fuerzas Armadas de Chile no se hacen cargo del país producto de la situación de inseguridad existente, o bien, toman un rol más activo en el restablecimiento de la seguridad pública. También por defecto está dirigida a todos aquellos que buscan anularlas para tener vía libre en su búsqueda del poder por vías no democráticas, algo que sigue siendo el objetivo de grupos de ultraizquierda para los cuales el fin justifica los medios, o bien para aquellos del lado opuesto del espectro político que buscan incorporarlas como parte de su diseño de una república autoritaria tipo Bukele, en que el Poder Ejecutivo necesita del poder de las Fuerzas Armadas para desarrollar su agenda de seguridad interior.
Para aquellos que deseen profundizar más sobre la relación entre las Fuerzas Armadas, la política y los políticos, recomiendo leer un ensayo publicado en este medio en octubre del 2022.
Está más que claro que la situación política actual es compleja y que la seguridad pública no pasa por su mejor momento, y que esto se debe mayormente a la incapacidad del gobierno de turno, lo que no quiere necesariamente decir que los anteriores lo hicieran mucho mejor, lo que indica que es muy probable que el problema radique en la falta de autoridad y carácter de quienes dirigen o han dirigido el país, acompañado de un Ministerio Público y un sistema judicial que tampoco ha sido efectivo en dar soluciones a los problemas criminales y delictuales que nos aquejan, y que obviamente requieren de una mano dura que sea efectiva en restablecer el ausente estado de derecho que nos afecta.
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También está claro que las Fuerzas Armadas no sólo tienen un alto prestigio y reconocimiento ciudadano y que se confirma con la encuesta Cadem Plaza Pública N°521 publicada el domingo 7 de enero sino que, además y más importante aún, tienen lo que falta en Chile, autoridad y efectividad. El problema es que están diseñadas para la guerra y no para ser gobierno, policías, bomberos, salubristas y todas aquellas cosas que su mal entendida polivalencia les permite realizar.
Que las Fuerzas Armadas aparezcan como bien organizadas, eficientes y efectivas, que transmitan autoridad, disciplina y orden no quiere decir que estén diseñadas para ser la fuerza pública que Chile necesita. Carabineros y la PDI son las policías que están diseñadas y tienen las capacidades para colocar orden y mantener la seguridad pública. Otra cosa es que el gobierno carezca del carácter que se necesita para dirigirlas y tomar decisiones duras, como también de darles los resguardos legales que necesitan para operar y no terminar en tribunales. Para hacer una tortilla hay que quebrar huevos, algo que cualquiera sabe, menos algunos que habitan en La Moneda.
Como hemos descubierto en la historia de Chile, el que las Fuerzas Armadas tomen un rol activo en política tiene también un lado complejo que a muchos se les olvida cuando se enfrentan situaciones como las actuales. La experiencia de los militares en la política está llena de ejemplos poco felices, y no solo me refiero a los 17 años del gobierno militar que sabemos tiene un lado complejo en lo que a violaciones de los derechos humanos se refiere, sino también a lo ocurrido en las décadas del 20 y del 30 (Ver Historia Militar de Chile del Siglo XX, de Roberto Arancibia), donde las Fuerzas Armadas tomaron colores políticos e intervinieron abiertamente en la política contingente.
La Constitución política de la república busca que las Fuerzas Armadas se dediquen a lo suyo y no a otras cosas. Ello es muy importante ya que el Estado delega en ellas y en las policías el monopolio del uso de la fuerza, la que evidentemente se puede mal usar para alterar el normal desarrollo de la política interna de un país. La Constitución protege al ciudadano del mal uso de la fuerza de las armas, o bien que las armas sean usadas para llevarnos en una u otra dirección, y limita el uso de las instituciones de la defensa a situaciones muy excepcionales, algo que tanto este gobierno como el anterior no han querido entender, pero que quedó muy claro en lo que algunos llaman la Constitución de Pinochet, la que para todos los efectos sigue plenamente vigente, y muy parecida a su diseño original en lo que a Fuerzas Armadas y estados de excepción se refiere.
Las Fuerzas Armadas y sus comandantes en jefe saben que tienen poder, pero también tienen claro el propósito de ese poder, lo que implica su buen y mal uso, las lecciones que nos brinda la historia bicentenaria respecto del tema y, por sobre todo, lo que es mejor para Chile y los chilenos.
Por de pronto, lo importante es evitar el mal uso que algunos quieren dar a la figura de los 4/7, usándolo para modificar la Constitución y leyes orgánicas constitucionales en lo que a instituciones de la defensa nacional se refiere. La izquierda tiene un grupo llamado Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), al que pertenece el subsecretario Galo Eidelstein, que recientemente publicó lo que quieren cambiar en lo que en esta materia se refiere, y que, de tener éxito, dejaría a Chile con Fuerzas Armadas a la merced del gobierno de turno.
Entiendo la desesperanza de muchos, pero lamento decirles que la solución no es una solución militar. La solución es policial y pasa por una decisión que es política. Pasa por que el gobierno, las policías, el Ministerio Público y los tribunales hagan la pega: la de dar seguridad a Chile y los chilenos, los que nunca serán abandonados por sus Fuerzas Armadas, pero otra cosa es que les pidamos ser policías, gobierno y administradores del país.
La Constitución les asigna un rol a las Fuerzas Armadas en lo que a seguridad pública se refiere, pero es excepcional y no puede pasar a ser permanente. Es mejor que así quede y así sea.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
Fuente: El Líbero
