La reciente decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de ofrecer una recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro y una decena de altos funcionarios, porque “proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”, abre un frente muy complicado al líder venezolano, que va viene lidiando con una caída sustancial del precio del petróleo y la emergencia del coronavirus.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela están en picada desde hace ya dos décadas, pero sanciones más, sanciones menos, ahora Washington ha decidido a apuntar directamente a Maduro y “ponerle precio a su cabeza”. Nada menos que US$15 millones, lo que son US$10 millones más que el difunto jefe de Al Qaeda Osama bin Laden y US$6,5 millones más que capturado traficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Si quedar entre Bin Laden y “El Chapo” no es bueno, tampoco puede ser reconfortante ingresar al club de los narcodictadores, que integran el panameño Manuel Antonio Noriega y los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez, todos los cuales terminaron cumpliendo penas de prisión en Estados Unidos.
Pero de lo que habla la acusación del Departamento de Justicia es de la profunda criminalización del interés nacional que se ha producido bajo el gobierno de Maduro y que empezó con el difunto Hugo Chávez, quien permitió que narcoguerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ocuparan su país como refugio o áreas de retaguardia. Desde hace un tiempo, Venezuela está convertida en una verdadera plataforma de lanzamiento de cargamentos de cocaína hacia América del Norte, Europa y África Occidental, según datos del Comando Sur de EE.UU. La supervisión de esa operación estaría a cargo del llamado Cartel de los Soles, donde los militares locales tendrían una alta participación, según afirma la acusación revelada ayer por el Fiscalía Federal del Distrito Sur.
Los efectos de esta situación para el régimen Maduro son graves. De partida, varios de quienes lo rodean podrían verse tentados a cooperar con las autoridades estadounidenses con tal de obtener la recompensa o negociar penas menores a cambio de colaboración. Este es parte del propósito de estos mecanismos: sembrar terreno para la traición. Ahí vale la pena recordar un dicho atribuido al presidente mexicano Álvaro Obregón (1920-1924), que reza así: “no hay general que resista un cañonazo de 50.000 pesos”. ¡Vaya, con US$15 millones! Porque sin duda, Washington sabe dónde está el líder venezolano, mientras siga haciendo conferencias públicas.
Será muy difícil también ahora mantener relaciones con el gobierno venezolano para quienes insisten en hacerlo, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien lo invitó al cambio de mando y dice apegarse al principio de “no intervención” para justificar esta actitud. Ahora se trata de un líder acusado de “narcoterrorismo”. Esto aplica también para países que son aliados de Caracas, como China y Rusia. Existen leyes que penalizan a gobiernos, empresas y personas que hacen negocios con jefes criminales buscados por Estados Unidos.
En lo personal, a Maduro y los otros acusados se le complicarán el manejo de activos y viajar por el mundo, aunque con excepción de las visitas a Cuba y regímenes afines, esto es cada vez menos frecuente.
Teniendo clara la magnitud del problema, vamos a los otros dos asuntos.
La economía venezolana iba a sufrir una caída de 35% del PIB en 2019, según proyectaba el Fondo Monetario Internacional. Esto en un marco de destrucción de riqueza solo visto en países en guerra. Y la producción de crudo, principal fuente de ingresos, ha caído a unos 880.000 barriles diarios, frente a los 2,1 millones que se extraían en tiempos de bonanza.
Tras la guerra comercial abierta en Arabia Saudita y Rusia, los precios del barril de petróleo se han desplomado acercándose más a los 20 dólares, en niveles no vistos desde principios de los noventa. A esto se sumará una menor demanda por el freno mundial por el coronavirus, con lo cual, la exigua caja de Maduro se reducirá aún más todavía. Y sus socios internacionales, ahora están abocados a planes de rescate para sus propias economías. Así que no se ven muchos préstamos en el horizonte. La revolución bolivariana se queda sin dinero para comprar apoyos.
El triple problema se termina de configurar con la crisis desatada por el coronavirus, que llega a una Venezuela en plena emergencia humanitaria, que se refleja en una población mal nutrida y servicios hospitalarios destrozados por la falta de personal, insumos y mantención. Si ya el desempeño del régimen Maduro en otras áreas ha sido deficiente o desastroso, el efecto de la pandemia puede ser demoledor para los 26 millones de venezolanos que quedan, tras la emigración de seis millones.
No son pocos los que han fallado al predecir la caída de Maduro, sobre todo tras la aparición del presidente encargado Juan Guaidó. Y hay que advertir su gran capacidad de resistencia, que por lo demás es muy propia de los regímenes autoritarios del Caribe y Centroamérica. Sin embargo, la conjunción de factores que hoy enfrenta no puede ser más compleja. La acusación por narcoterrorismo de Estados Unidos, el desplome del precio del petróleo y el coronavirus al mismo tiempo exceden su capacidad de manejo por lejos. Son días inciertos para todos, pero más para unos.
Juan Pablo Toro V.
Director Ejecutivo de AthenaLab
