El Líbero, 18 de febrero 2023
Apuntar contra el negocio legal de las forestales solo va a fortalecer a aquellos que se dedican a la explotación ilegal de ese rubro. Cada año circulan alrededor de $75.000 millones en madera robada, es decir unos 50.000 camiones. El problema no son las empresas, es la falta de capacidad institucional.
De los incendios pasamos a la industria forestal. La conversación obligada: las idas y venidas del gobierno. Todo empezó cuando el Presidente afirmó que se debía tener una conversación más larga con ese sector industrial, a eso le siguió el royalty, propuesta que no tardó en ser desautorizada por la ministra del Interior. Pero, más allá de la descoordinación que pueda haber detrás de estos cambios de opinión, preocupa la falta de relato claro para una zona y un sector productivo que se enfrenta día a día a grupos violentos organizados y mafias madereras que atacan sus terrenos.
La falta de consistencia en el mensaje debilita aún más al Estado, de hecho, ya se han comenzado a ver las consecuencias de ello, CMPC ha denunciado una red de ataques incendiarios a sus predios y brigadistas, dos bomberos fueron apuñalados y los ataques en La Araucanía no se detienen. El problema no son las empresas, es la falta de capacidad institucional para enfrentar un asunto multidimensional que impacta en la seguridad de los chilenos que habitan esa zona del país.
Apuntar contra el negocio legal de las forestales solo va a fortalecer a aquellos que se dedican a la explotación ilegal de ese rubro. Cada año circulan alrededor de $75.000 millones en madera robada, es decir unos 50.000 camiones, materia prima que es vendida, principalmente, en el mercado nacional y que para su obtención se recurre al uso de la violencia y al delito de usurpación de terrenos con el fin de explotar ilícitamente los predios. Sin considerar, por supuesto, ninguna norma ambiental, de protección a la comunidad ni laboral.
En ese contexto, el cambio de relato no ayuda, o más bien sirve para todos los grupos criminales que cada vez más organizados se aprovechan de las debilidades institucionales y el retroceso del Estado de Derecho. ¡No hay mayor muestra de un Estado frágil que quienes lo lideran no se pongan de acuerdo!
Para ejercer el poder obtenido con el triunfo en las urnas, el Presidente y sus ministros deben construir un relato para todos los chilenos, para los que votaron o no por ellos, solo así podrán generar gobernabilidad. Enfrentar a un sector productivo en medio de una emergencia por incendios y de la violencia provocada por el crimen, no es el camino. Más bien la senda a recorrer es aquella donde el trabajo de públicos y privados se coordine para restaurar la paz en una zona golpeada por las catástrofes y la delincuencia. Pero, no deben olvidar nunca que el responsable de esa paz es el Estado, los privados son un actor más en la estrategia que debe articular el Ejecutivo.
Este año se cumple una década del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, un hito que marca un antes y un después en cuanto a la violencia organizada que hoy se combina con una economía criminal al alza. Son ellos a los que hay que combatir, ¿cómo? Con legislación, penas efectivas y una estrategia clara. Para eso, el mensaje debería ser uno sólo: la delincuencia y el crimen no tienen cabida en el país. El problema es que no sabemos si un gobierno que autoriza y desautoriza a sus ministros sea capaz de construir el relato que necesitamos.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
