El Líbero, 11 de febrero 2023
Hoy se culpa al gobierno de las desalentadoras cifras criminales en el país, y cómo no hacerlo si llevamos meses hablando de mesas de diálogo, de diagnósticos y de indultos, pero de resultados, bien poco es lo que escuchamos.
Dos de las democracias más estables de la región mostraron preocupantes incrementos en su tasa de homicidios el año 2022. Chile y Uruguay se encuentran entre los tres países que más aumentaron los asesinatos el año pasado. En nuestro caso, cuando recién recuperábamos la categoría de democracia plena, el indicador de violencia crecía un punto completo en 12 meses.
El contexto nacional esta semana lo completan las narco-casas en La Florida y el secuestro en la Plaza de Armas. La punta de un iceberg que lleva décadas formándose en el país y que con la llegada de las bandas extranjeras ha comenzado a salir a flote.
La criminalidad que vemos hoy en Chile lleva años consolidándose. Es cierto que en el norte estamos viviendo una crisis migratoria sin precedentes, pero eso no significa que esa zona no sea un histórico paso para el tráfico de drogas y el contrabando. Compartimos frontera con dos de los tres países productores de coca a nivel global, estupefaciente que alcanzó nuevos máximos de producción el año pasado.
El tránsito de drogas desde Perú, hacia Bolivia y luego a Chile por el territorio que compartimos con ese país altiplánico hoy está siendo complementado con el tráfico y trata de migrantes. Las rutas de los sicotrópicos se mezclan con las de personas; los puntos de acceso, los mismos de siempre.
Hoy se culpa al gobierno de las desalentadoras cifras criminales en el país, y cómo no hacerlo si llevamos meses hablando de mesas de diálogo, de diagnósticos y de indultos, pero de resultados, bien poco es lo que escuchamos.
Los gobiernos locales han buscado la manera de hacer frente a esta amenaza, la situación de algunos barrios de Chile no puede esperar a los acuerdos ni las mesas nacionales. Esto no tiene nada de malo, todos los niveles del Estado deben trabajar para frenar la cada vez más violenta criminalidad que crece en el país, el problema: el trabajo debe ser integrado y coordinado desde un nivel nacional, bajo una estrategia de largo plazo, para que realmente el combate contra la delincuencia organizada sea efectivo. Por el momento vemos esfuerzos individuales que responden a una pérdida de confianza en el trabajo que impulsa el gobierno central en esta materia.
Contamos con legislación que nos permite articular esfuerzos interagenciales que persigan y castiguen a la criminalidad nacional y que, a su vez, permitan diseñar estrategias nacionales contra el crimen. Tenemos pendiente en el Congreso la discusión sobre ciertas normas que actualizan las existentes y entregan nuevas herramientas a los persecutores y policías. Lo que necesitamos es la voluntad de actuar y una mirada común frente a la violencia.
Así como todos los actores se encuentran hoy combatiendo los incendios en el sur, deben unirse para apagar un fuego que se extenderá mucho más allá de marzo. Entes públicos y privados, junto a la sociedad civil deben contribuir y trabajar juntos bajo la conducción que lleve a cabo el presidente. Sólo así, las respuestas de corto plazo que podamos desarrollar hoy se integrarán a las de mediano y largo plazo y podremos seguir siendo el país con una de las tasas de homicidios más bajas en América Latina.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
