El Líbero, 7 de enero 2023
Apuntar al trabajo interagencial es lo que necesitamos con urgencia para enfrentar los desafíos de seguridad, sin embargo, esta coordinación debería enmarcarse en una estrategia nacional.
Los indultos de fin de año no pasaron inadvertidos. Los nutridos prontuarios de los indultados confirmaban las dudas sobre la real preocupación del Presidente por la seguridad. Atrás quedaron las frases como “seremos unos perros en la persecución de la delincuencia” o “en un Estado de Derecho la violencia es inaceptable”. Parece que los perros eran de compañía y que el Estado de Derecho se rindió frente al delincuente. El resultado: una alta desaprobación por la gestión de Boric y el más alto nivel de percepción de inseguridad.
¿Qué hacemos en un escenario como ese, donde la confianza por los líderes se ha perdido? Frente a esta interrogante, hemos empezado a ver las detenciones ciudadanas, la baja en las denuncias y una preocupante pérdida de confianza en el Estado de Derecho. Las reacciones: mirar a aquellas instituciones que cuentan con un buen desempeño y buscar en ellas las respuestas. Me refiero a las Fuerzas Armadas. Sobre eso, esta semana senadores PPD, UDI, RN y Demócratas presentaron una propuesta de reforma constitucional para que las FF.AA. colaboren con las autoridades civiles y policiales en materias de tráfico de migrantes, narcotráfico y crimen organizado en zonas fronterizas.
Apuntar al trabajo interagencial es lo que necesitamos con urgencia para enfrentar los desafíos de seguridad, sin embargo, esa coordinación debería enmarcarse en una estrategia nacional, una política de Estado, construida sobre un acuerdo transversal.
Pero ¡vaya que difícil se ve alcanzar ese acuerdo transversal cuando desde el Gobierno entregan señales contradictorias! El Parlamento está intentando entregar respuestas a los ciudadanos a través de propuestas como esa buscando hacerse cargo de un tema que, siendo responsabilidad del Ejecutivo, éste pareciera no tenerlo dentro de sus prioridades. Pero la responsabilidad no es del Congreso, sin duda es un eslabón clave en la cadena de seguridad, pero la conducción de ésta la tiene el Presidente quien, con acciones como las de fin de año debilita día a día el Estado y entrega territorio al crimen.
Algunos dicen que la política es el arte de gobernar, otros, el arte de lo posible, pero más allá de todo lo que podamos decir sobre ella, hay algo claro en ambas frases: no todos son artistas. Está claro que no todos somos Da Vinci, pero eso no significa que no debamos dar lo mejor de cada uno y poner al centro las necesidades de quienes son gobernados.
En ese sentido, la última encuesta CEP mostró que la delincuencia encabeza las prioridades de los ciudadanos, por lo tanto, se esperaría lo mismo de quienes nos gobiernan. ¿Por qué decirlo en condicional? Bueno, porque aún no nos queda claro que sea prioritario para todos quienes forman la coalición oficialista, sobre todo después de escuchar a algunos parlamentarios de Apruebo Dignidad pedir más indultos para aquellos que destruyeron zonas completas de Chile durante el estallido social.
El 2022 empezó y terminó con importantes problemas de seguridad, el 2023 comenzó igual. Pidámosle al gobierno que al menos acabe con más respuestas que preguntas. ¿Será así? No lo sabemos, pero partimos mal.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
