El Líbero, 8 de enero 2022
Desde octubre de 2019 se ha instalado la violencia como un medio para alcanzar objetivos. La pandemia trajo un descanso a muchos, pero quedaba la duda sobre si ésta se había validado como método de acción política o no. El consenso en la población es claro: existe una alta preocupación por la seguridad. La reciente Encuesta Bicentenario lo comprueba: el 64% de la muestra en la región Metropolitana considera que existe la violencia en el país y hay que darle mucha importancia porque amenaza con destruir el orden institucional. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando se mira el detalle de los datos?
La percepción de inseguridad en la población es ampliamente compartida. Además, escenas como los saqueos a las bodegas de MercadoLibre no ayudan. Tampoco lo hace la constante cobertura que se le da a los asesinatos, enfrentamiento entre bandas delictuales, tráfico de drogas, etc. Estamos bombardeados con información criminal que dejaría paranoico a cualquiera. Pero en la realidad ¿cuánto justificamos el uso de la violencia? ¿confiamos en quienes deben proveernos de seguridad?
Es el Estado el responsable de dar seguridad a la población para que ésta alcance el desarrollo y el bienestar. En este sentido los datos presentados por la UC no son muy optimistas: las expectativas en cuanto a alcanzar el desarrollo bajaron, mientras que la validación del uso de la violencia aumentó.
Entre un quinto y un cuarto de la población justifica su uso para conseguir mejoras salariales, aumentar las condiciones de vida y defender el entorno, mientras que solo un 30% valida el uso de la fuerza por parte del Estado al producirse saqueos, un 21% por bloqueo de caminos y barricadas y un 16% cuando se producen manifestaciones. Por un lado, pedimos seguridad y reconocemos que la violencia amenaza a las instituciones, pero por otro, se rechaza que quien legítimamente cuenta con el monopolio de la fuerza haga uso de ella para restablecer el Estado de Derecho que asegura la paz y estabilidad a la ciudadanía.
La confianza que los ciudadanos tienen en el Estado es un aspecto relevante. El porcentaje de población que confía en los tres poderes del estado es menor al 10%. El indicador más bajo lo ostenta el Congreso con un 4%. Las instituciones más validadas son las Fuerzas Armadas con un 20%, muy lejos del 49% que tenían en 2011, y Carabineros con un 17%. ¡He aquí el dilema! Identificamos a la violencia como amenaza al orden institucional, la justificamos para causas relacionadas con la calidad de vida y no confiamos en las instituciones que deben brindar seguridad. Pareciera que ésta se ha instalado en el imaginario colectivo transformándose en un método de acción política para demandar bienestar y desarrollo.
Ataques en el sur por “demandas ancestrales”, saqueos en las ciudades, protestas para reclamar mejores pensiones y aumento de asesinatos en la macrozona norte son algunas de las manifestaciones de la violencia en el país, y que según los datos presentados por la encuesta habría llegado para quedarse, al menos por un tiempo.
Los desafíos en esta materia son muchos. La confianza en las instituciones es urgente. Validar al Estado como responsable de la paz social es fundamental para avanzar hacia esos equilibrios tan importantes para el desarrollo. El Contrato Social es puesto a prueba, los ojos del mundo miran expectantes el proceso constituyente y la capacidad del nuevo gobierno para alcanzar consensos que dejen atrás la conflictividad, la piedra angular del Chile del futuro.
Las crisis en la antigua Grecia eran vistas como un punto de inflexión para la creación de algo mejor. Una oportunidad para construir. No perdamos de vista esto y, desde la crítica constructiva y las lecciones aprendidas, pavimentemos el mejor camino al desarrollo.
