El Líbero, 5 de abril 2024
Un país tan abierto al mundo como el nuestro no puede ser cerrado en materia de seguridad, de ser así, se transforma en una oportunidad para el crimen y en un problema para quienes deben combatirlo.
Si el gobierno define al crimen organizado como el principal desafío en materia de seguridad y donde falta mucho por hacer, debiese incluir dentro de su larga lista de acciones la cooperación. No hablar de ella es un error. El crimen organizado es una amenaza transnacional, cargamentos de drogas entran y salen de Chile, grupos criminales latinoamericanos se acercan al país y las mafias globales cuentan con redes en territorio nacional entonces ¿Por qué no incorporamos la variable internacional y hablamos de relaciones internacionales en la seguridad pública?
El narcotráfico es un negocio que ha alcanzado tal nivel de rentabilidad que prácticamente sus recursos son ilimitados por lo que, el poder para corromper al Estado bien podría serlo también. El desafío ya no está en enriquecer a la organización, ya es lo suficientemente rica. El mayor reto pasa por blanquear capitales en un mundo donde cada vez se utiliza menos dinero en efectivo y existen mayores controles sobre el origen de las “platas”.
Redes globales que incluyen a personas de diversos países, que compran agentes en todos los Estados de interés y que se aprovechan de los flujos financieros para lavar activos obligan a las naciones a trabajar en conjunto.
La urgencia está puesta en la seguridad pública, pero, la amenaza es transnacional. Pensar en centros de fusión donde las policías, gendarmería y todas las instituciones de seguridad trabajen coordinadas a nivel nacional y desde allí se conecten con organismos como Interpol y potencien los intercambios de lecciones aprendidas aparece como una oportunidad para avanzar hacia una respuesta integral frente al crimen organizado.
Los secuestros, el narcotráfico y lo homicidios por encargo que tanto nos preocupan no son monopolio de Chile. Otros ya lo han vivido y los han obligado a modernizar su legislación y políticas públicas. Llevándolos a construir cárceles sólo para líderes criminales, separándolos de su organización, cortando su comunicación y prohibiendo a sus familiares comprar o arrendar activos; trabajando con los más jóvenes para evitar que sean reclutados por las mafias o recuperarlos si es que ya han sido captados; o incorporando el instrumento militar en ciertas actividades.
En este panorama la información es fundamental. Organismos públicos y privados debiesen trabajar en conjunto para asegurar los flujos de información que permitan detectar operaciones sospechosas y nutrir las investigaciones.
En Chile la amenaza del crimen organizado es un reto, pero su grado de avance no es comparable al de países como Ecuador o México. Aún existe una ventana de oportunidad para hacerse cargo del desafío, pero, para ello requerimos que nuestras autoridades tengan la voluntad política y convicción para avanzar en esta materia. Incorporar las urgencias necesarias en la discusión legislativa y empujar acuerdos transversales que superen al gobierno de turno son aspectos fundamentales. Conocer casos exitosos como por ejemplo el italiano son oportunidades para intercambiar lecciones aprendidas y poder aprovechar experiencias que enriquezcan la acción del Estado.
Sin embargo, las acciones que se impulsen a nivel nacional deben venir acompañadas de un trabajo internacional que fortalezca relaciones y participación de Chile en instancia multilaterales. Un país tan abierto al mundo como el nuestro no puede ser cerrado en materia de seguridad, de ser así, se transforma en una oportunidad para el crimen y en un problema para quienes deben combatirlo. Las relaciones internacionales no se limitan a la política exterior, y, mientras más podamos aprender de otros, más tiempo ganamos.
Pilar Lizana
Investigadora senior AthenaLab
Fuente: El Líbero
