El Mostrador, 2 de junio 2021
Sobre la autonomía de las Fuerzas Armadas, llaman profundamente la atención dos aseveraciones de Eduardo Santos, autor de la columna “Fin a la autonomía militar”, que reflejan una visión de varios siglos atrás. Pretender llevar las oficinas de los CJ institucionales al edificio de las FF.AA. demuestra su falta de comprensión de cómo se conducen las instituciones modernas, de sus sistemas de mando y control. La gestión moderna es descentralizada y no necesita del contacto presencial, excepto en condiciones muy especiales. La tecnología de mando y control del siglo XXI, hoy presente y en uso en las Fuerzas Armadas, es la que permite precisamente lo anterior. Y, finalmente, la mención a la modificación del Juramento a la Bandera por uno de su propia creación, es otra propuesta que escapa a toda comprensión.
El ingeniero Eduardo Santos escribe una columna que se suma a otras voces que en la actual coyuntura solo buscan criticar a las Fuerzas Armadas de Chile y sus esfuerzos por constituir un instrumento de fuerza moderno y efectivo de cara a los desafíos del presente y los que se visualizan en el futuro cercano. La crítica siempre es buena y bien recibida, especialmente cuando está bien fundamentada y el espíritu que la motiva está bien inspirado. En este caso –honestamente– las ponencias y argumentos son poco claros, están desactualizados, no dan cuenta de la realidad, son tendenciosos y además revisten un peligro de daño, precisamente, para la Defensa Nacional. Creo pertinente referirme a algunas de las afirmaciones, para que el público lector pueda contrastar y juzgar por sí mismo las diferentes visiones que están en juego.
El primer concepto por discutir es la mencionada postura estratégica de disuasión. Dicha postura, tiene en la literatura estratégica modalidades de negación y de represalia. La adoptada por Chile es una combinación de ambas, dada la actual situación geopolítica y geoestratégica, que no ha cambiado y que nos obliga a mantener nuestras capacidades, ya que tenemos la certeza, por la declaración pública de los respectivos intereses nacionales, que actores vecinales tienen intereses contrapuestos con los de Chile y aspiran a afectar la integridad territorial de la República.
Basta un somero análisis de las políticas de Defensa de la región, así como explícitas pretensiones territoriales (terrestres, marítimas, continentales, etc.), para comprender que otros actores tratan de afectar nuestros intereses nacionales, por otros medios. En consecuencia, es un deber de la conducción política nacional evitar cualquier amenaza a nuestra soberanía y al interés nacional y, de acuerdo con nuestra posición pacifista y abiertamente sin pretensiones ni aspiraciones sobre nada, aparte de aquello que es nuestro, generar las condiciones de seguridad y defensa que permitan aspirar a la solución de las controversias, estas últimas ajenas a un espíritu de cooperación y diálogo, para mantener la paz, bien que actualmente es asegurado precisamente por la capacidades estratégicas de la Defensa, entre otros instrumentos.
Ello nos indica que una primera lección estratégica es saber leer el escenario antes de embarcarse en procesos de cooperación que –aunque muy necesarios y deseables– requieren a lo menos dos conductas similares, que se encuentren convencidas de que a través de la cooperación se obtienen ganancias absolutas y relativas que superan el interés en controversia. Ello, en el caso nacional, a la fecha no ha ocurrido, de allí que extraña que se propongan posturas estratégicas a las que les falta sustento, constituyendo más bien un anhelo, una aspiración más que una actitud responsable, ya que aún no hemos disfrutado los dividendos de la paz en función de los recientes acuerdos, sino que ello ha sido posible precisamente por lo que el Sr. Santos desea cambiar.
En materia de cooperación, el tango se baila entre dos actores, que adicionalmente disfrutan el baile. Asimismo, llama la atención que utilice la expresión “Estrategia financiable”, toda vez que una estrategia no sirve ni se puede denominar como tal, si no parte de la base de la vinculación de los objetivos, su valor político y los medios necesarios para su logro. Es de toda lógica la directa relación y coherencia entre fines y medios en toda estrategia.
Es bastante discutible el axioma que nos plantea el Sr. Santos respecto a que “los éxitos del pasado constituyen el origen de la derrota del futuro”. Coincido en que existen ejemplos en ese sentido, pero no resisten contraargumentación alguna, pues son muchos más los casos de éxitos concatenados en campañas bien planificadas que llevan al logro de objetivos bien planificados. La victoria, sí es el resultado de éxitos y derrotas, pero qué duda cabe que la victoria es el resultado de los éxitos previos, en todos los planos. De lo que si hay que cuidarse es de una mentalidad arraigada solo en los éxitos o fracasos del pasado, sin adaptarse al contexto y realidad del presente. Más discutible aún es su repetida afirmación de que las FF.AA. de Chile tienen doctrina militar del siglo XIX. De muestra algunos ejemplos, adicionales.
¿Algún lector cree verosímil que el Ejército de Chile haya podido asumir el mando de la componente terrestre en el ejercicio conjunto y combinado PANAMAX, desarrollado el año 2016, con doctrina militar del siglo XIX; o que la Armada de Chile hubiera asumido el mando de la componente marítima en el ejercicio RIMPAC el año 2018, el ejercicio naval más grande del mundo, o que nuestra Fuerza Aérea opere en múltiples ejercicios internacionales de primer nivel, si nuestra doctrina fuera del siglo XIX? Obviamente que no. Los niveles de capacitación del personal de las Fuerzas Armadas del siglo XXI y los niveles de interoperabilidad conjunta y combinada bilingües alcanzados con las FF.AA. del primer mundo han permitido que las Fuerzas Armadas de Chile sean una herramienta militar efectiva, que adicionalmente brinda apoyo a la política exterior de la República, e insustituibles en el resguardo de la soberanía y la protección de los intereses nacionales.
Otra afirmación del Sr. Santos que no tiene sustento y que él tiene que probar, son los supuestos espacios de autonomía de las FF.AA. La Constitución Política de 2005, firmada por el Presidente Lagos, y las respectivas leyes subsidiarias, como la Nº 20424, “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa” (2010), transformaron completamente la estructura de mando del Ministerio de Defensa, del conductor estratégico nacional y los procesos y responsabilidades de planificación primaria y secundaria. Posteriormente, la derogación de la ley de Financiamiento de Capacidades de la Defensa aportó con otro cambio importante. En la actualidad no existe autonomía alguna de las Fuerzas Armadas, excepto en aquellos elementos imprescindibles para garantizar que ellas sean profesionales, disciplinadas, jerarquizadas y no deliberantes.
El Sr. Santos pretende ponerle el cascabel al gato, para terminar con la autonomía militar y devolver a los militares a una cultura republicana, sin mencionar cuáles son esos espacios de autonomía, así como tampoco en qué cultura extrarrepublicana hoy se encuentran las Fuerza Armadas. Así como menciona que habría que restablecer la real autoridad y mando presidencial. Sería bueno que el Sr. Santos revisara los preceptos constitucionales y las leyes vigentes, para que comprobará que nada impide hacerlo, ya que dicha autoridad se encuentra muy bien definida y no son precisamente las Fuerzas Armadas el factor que lo impide. Pretender colocarle el cascabel al gato, sería reconocer que el poder político, pese a las atribuciones, no lo ha hecho. Y eso es injusto tanto para los actores políticos como para las autoridades de la Defensa.
Respecto del Capítulo XI de la Constitución Política y del Capítulo XII referido al Consejo de Seguridad Nacional, la crítica que se realiza pareciera estar dirigida al texto original, del año 1980, pero no al actual y la vigente Constitución Política del Estado, que establece en su artículo 101 el objetivo de la existencia de las FF.AA., que no es otra que la misma misión que consagran en sus constituciones un gran número de democracias de la OCDE, así como la mayoría de las democracias sudamericanas. Respecto del Consejo de Seguridad Nacional, la normativa actual de convocarlo es de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República, y si revisamos nuevamente la tendencia en democracias occidentales, es un organismo que cada día se implementa y adopta con mayor fuerza en sólidas democracias occidentales, en función del actual orden internacional y la naturaleza de las amenazas que afectan al Estado.
Dicho organismo, político en su esencia y organización, de funcionamiento permanente, tiene como principal misión asesorar al Presidente o primer ministro para lidiar con riesgos, amenazas y oportunidades. En este punto, coincido en que se debe crear una arquitectura de seguridad, diferente a la anterior, moderna eficiente, abierta, participativa y transparente. El Sr Santos menciona a los senadores designados y el sistema binominal, que no viene al caso, toda vez que ello ya es parte del pasado hace rato y consecuentemente no está vigente. Es decir, no existe en el actual texto legal, no explicándose la razón de incluirlos en los fundamentos del tema que nos convoca.
Menciona que la actual Constitución ha mantenido una supuesta autonomía militar amparando privilegios inaceptables. Sería bueno que el Sr. Santos revisara, en un ejercicio de atribuciones comparadas, los textos constitucionales y leyes que en diversas democracias occidentales establecen el marco de funcionamiento y atribuciones a las diferentes tareas de la Defensa Nacional, dada su especial naturaleza. Adicionalmente, acusa a las Fuerzas Armadas de avalar poderes fácticos, sin que presente pruebas o aclare a qué se refiere con ello.
En donde tampoco se explica su animadversión, es en acusar a las Fuerzas Armadas de secuestrar (“síndrome de Estocolmo”) a las autoridades políticas del sector, como si fueran marionetas o autoridades sin personalidad, con la finalidad de materializar compras en el contexto de “un monstruoso programa de compras”. Sr. Santos, la responsabilidad de la Defensa les ha correspondido a las legítimas autoridades políticas, muchas de su propio sector político, y ello se ha llevado a efecto con responsabilidad, realismo y seriedad, lo que ha permitido contar con capacidades estratégicas que le han dado al país la paz que requiere para el desarrollo y que usted también como ciudadano ha gozado. Es responsabilidad de todo integrante de la comunidad de Defensa estar enterado de los procesos, leyes y responsabilidades en dicha materia.
En donde sí estamos de acuerdo es en que estamos operando en el siglo XXI, con tecnologías del siglo XX, como lo hacen la mayoría de las Fuerzas Armadas de los Estados más desarrollados, ya que dichos procesos toman décadas. Solo un ejemplo, el principal tanque de batalla de EE.UU., “Abrams”, y el carro de infantería blindado “Bradley”, son efectivamente del siglo XX, entrando en servicio en el año 1980. La verdad es que su frase nos motiva a expresar que “debemos superar las críticas de siglo XXI, con opiniones desactualizadas de siglo XIX, y sesgos y prejuicios del siglo XX”. Para ello, nada mejor que lograr un mayor acercamiento y conocimiento de la Defensa Nacional y sus valiosos aportes a la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
Adicionalmente, y ya en la parte propositiva sobre la autonomía, llaman profundamente la atención dos aseveraciones del Sr Santos que reflejan una visión de varios siglos atrás. Pretender llevar las oficinas de los CJ institucionales al edificio de las FF.AA. demuestra su falta de comprensión de cómo se conducen las instituciones modernas, de sus sistemas de mando y control. La gestión moderna es descentralizada y no necesita del contacto presencial, excepto en condiciones muy especiales. La tecnología de mando y control del siglo XXI, hoy presente y en uso en las Fuerzas Armadas, es la que permite precisamente lo anterior. Y, finalmente, la mención a la modificación del Juramento a la Bandera por uno de su propia creación, es otra propuesta que escapa a toda comprensión.
Con todo, se aprecia que es importante, clave y muy valioso intercambiar opiniones, pero siempre tratando de morigerar los comentarios, críticas, sesgos y prejuicios que no son ecuánimes y que no se ajustan a la realidad. Las Fuerzas Armadas de Chile, integradas por jóvenes de todos los orígenes, sectores y localidades del país, no se lo merecen. No en vano hoy, pese a todas las críticas aquí expresadas, siguen siendo parte de las instituciones más respetadas por la sociedad chilena.
John Griffiths Spielman
Jefe de Estudios de Seguridad y Defensa AthenaLab
Columna de Eduardo Santos
El fin de la autonomía militar
El Mostrador, 28 de mayo 2021
La historia nos enseña que el éxito del pasado es el origen de la derrota del futuro, para lo cual deberemos superar la obsoleta doctrina militar del siglo XIX, para operar en el siglo XXI con tecnología del siglo XX, que sigue desarrollando nuestra Fuerza Militar mediante nuevos proyectos de compras de sistemas de armas, innecesarios e infinanciables, y que muestra que parece que siguen viviendo en otro Chile que ya no existe. Por esta razón, es imprescindible sustituir la actual postura de disuasión, basada en la amenaza de represalias a través de grandes capacidades militares incompatibles con nuestras políticas exterior y de defensa, por una nueva postura estratégica financiable de cooperación y legítima defensa, que aproveche los dividendos de la paz que surgen de los recientes acuerdos con nuestros vecinos.
La elección de los integrantes de la Convención Constitucional que reemplazará la Constitución de la Dictadura y la inédita interpelación parlamentaria al ministro de Defensa, señor Baldo Prokurica, respecto de la participación de la Fuerza Militar en actividades de orden público, de espionaje a periodistas y a una jueza y por la difusión de comunicados eventualmente deliberativos, son fuertes señales que marcan el término de la política de “en la medida de lo posible” y el inicio de la tarea de ponerle el cascabel al gato para terminar con la autonomía militar y devolver a los militares a una cultura republicana, restableciendo la real autoridad y mando presidencial e incorporando fuertes facultades parlamentarias para un efectivo equilibrio de poderes.
En el escenario de la Guerra Fría la Constitución de 1980 impuso un cerrojo ideológico a una Democracia Protegida, que para resguardar la Seguridad Nacional restringiera la soberanía popular bajo la tutela militar. Con este objeto se construyó una capciosa dependencia política de la Fuerza Militar, ubicándola en el Capítulo XI de la Constitución y en su Capítulo XII referido al Consejo de Seguridad Nacional, al mismo nivel jerárquico que otras instituciones autónomas tales como Gobierno, Congreso, Poder Judicial, Contraloría, Tribunal Constitucional y Banco Central; además de incorporar otros enclavamientos autoritarios, como los senadores designados y el sistema electoral binominal.
El resultado de este diseño institucional ha sido un baile de máscaras, donde las autoridades políticas hacen como que mandan y los militares como que obedecen, pues la permanencia de esta Constitución, aunque maquillada en 2005, ha seguido permitiendo que la gran autonomía militar remanente ampare privilegios inaceptables a través del abuso de un extendido secreto militar, facilitando conductas como las examinadas por el Congreso y el descontrol interno observado en casos de corrupción, además de avalar implícitamente a los poderes fácticos para proteger sus intereses, dificultando la construcción de una sociedad más justa, humana y fraterna que sustituya este sistema económico del abuso, consistente con su modelo ideológico.
En este ambiente los militares no han estado solos, pues nuestras autoridades y principalmente algunos ministros de Defensa se han contagiado con el “Síndrome de Estocolmo”, con una actitud complaciente que se ha traducido en que, para mantener este equilibrio inestable, adoptaran una postura de “prudencia” para no afectar la sensibilidad militar y se allanaran a financiar un monstruoso programa de compras de armas de 13 mil millones de dólares a la fecha, destinado a congraciar a los militares según una doctrina inconsistente con las prioridades sociales y con un escenario internacional que evoluciona de la guerra a la crisis, donde Chile no enfrenta amenazas en un futuro evaluable, pero sí riesgos, y en el cual la defensa es una construcción colectiva.
La historia nos enseña que el éxito del pasado es el origen de la derrota del futuro, para lo cual deberemos superar la obsoleta doctrina militar del siglo XIX, para operar en el siglo XXI con tecnología del siglo XX, que sigue desarrollando nuestra Fuerza Militar mediante nuevos proyectos de compras de sistemas de armas, innecesarios e infinanciables, y que muestra que parece que siguen viviendo en otro Chile que ya no existe. Por esta razón, es imprescindible sustituir la actual postura de disuasión, basada en la amenaza de represalias a través de grandes capacidades militares incompatibles con nuestras políticas exterior y de defensa, por una nueva postura estratégica financiable de cooperación y legítima defensa, que aproveche los dividendos de la paz que surgen de los recientes acuerdos con nuestros vecinos.
Para comenzar con la restauración militar propuesta, deberemos impulsar iniciativas señeras, como por ejemplo, ordenando el inmediato retorno de las oficinas permanentes de los comandantes en Jefe al edificio del Ministerio de Defensa y tramitando la modificación legal de la fórmula establecida en la Ley N°10.544 para el juramento “por Dios y por esta Bandera” que debe cumplir la Fuerza Militar, incorporando “jurar o prometer cumplir fielmente la Constitución y la ley”, de modo que la cercanía con las autoridades políticas y este nuevo compromiso de vida faciliten construir confianzas y permitan que civiles y militares –juntos– iniciemos el camino hacia un nuevo futuro común del que todos podamos volver a sentirnos orgullosos, para, a continuación, hacer efectivo el liderazgo político incorporando en la Nueva Constitución lo siguiente: “Son atribuciones especiales del Presidente de la República: … Ejercer la Jefatura Suprema de la Fuerza Militar en tiempos de paz, crisis externa o estado de guerra”.
En este escenario, la Nueva Constitución permitirá emprender un largo proceso legal y político de muchos años de trabajo para deshacer estos enclavamientos y terminar con una cultura de autonomía, para lo cual es imprescindible que nuestras autoridades políticas asuman su responsabilidad, despertando de su actual letargo complaciente, para con voluntad empezar a ejercer sin miedo las nuevas atribuciones que se dispongan. La democracia es más fuerte.
