El Líbero, 13 de octubre
Los chilenos ceden sus libertades al evitar circular por ciertos lugares y a ciertas horas y la democracia se debilita con cada centímetro que gana la delincuencia.
Todo se pone cuesta arriba cuando lo prometido no se cumple. Hace exactamente un año, el 12 de octubre de 2022, el Presidente Gabriel Boric se comprometió a fortalecer la seguridad “no en palabras, en hechos concretos” mientras, anunciaba un aumento del 4,4% en el presupuesto de la nación en ese ítem. Hoy, pareciera que ese compromiso no llegó. Los chilenos evidencian el más alto índice de temor medido en la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana: un 30,5% a nivel nacional dice sentirse atemorizado.
Es cierto que los resultados de las acciones contra la delincuencia pueden tardar en llegar, pero, los chilenos tampoco evalúan con buena nota el trabajo de las instituciones. De acuerdo con ese mismo índice la Policía de Investigaciones es la mejor evaluada con un 4,7, le sigue Carabineros con un 4,4 y Gendarmería con un 4. Al menos estas instituciones aprueban, pues los alcaldes, defensores públicos, fiscales, jueces, gobierno y parlamentarios reprueban tajantemente, especialmente los dos últimos que obtienen un 3,2 y un 2,2 respectivamente.
Las instituciones del Estado parecieran no estar a la altura del desafío, o, al menos así son percibidas. Preocupa de sobremanera la nota que recibe el gobierno, pues actualmente es el responsable de entregarnos seguridad. Es ahí, cuando las promesas con las que llegaron se hacen humo y los golpes de ciego que dieron los primeros seis meses duelen más que nunca.
La mala evaluación institucional y el alto temor tienen un impacto directo en el comportamiento de los ciudadanos y la calidad de la democracia. Ante los escasos resultados de quienes nos gobiernan y el poco éxito observado en las acciones que emprenden, los chilenos han cambiado sus hábitos. Y ¡cómo no! Si casi el 40% dice sentir siempre o casi siempre balaceras o disparos al aire, más del 50% fuegos artificiales y, casi el 60% dice lo mismo sobre el consumo de drogas en la vía pública.
La demolición de narco-mausoleos y los intentos por contener los narco-funerales son asuntos de alta visibilidad, pero poco impacto. Al final del día los chilenos ceden sus libertades al evitar circular por ciertos lugares y a ciertas horas y la democracia se debilita con cada centímetro que gana la delincuencia. Lo que necesita Chile hoy es una política de seguridad clara y precisa, donde las autoridades expliciten cuáles son los ejes que guiarán su trabajo contra la delincuencia y cómo serán medidos, al mismo tiempo que inician una modernización institucional en serio, que prepare al Estado para combatir el nuevo escenario criminal que se instaló con fuerza desde el año pasado.
Es necesario diseñar una estrategia que contenga la mirada del antes y después del delito, con el fin de generar prevención, persecución y sanción integrando a todas las instituciones para responder a un fenómeno multidimensional. Están pendientes proyectos de ley como el ministerio de Seguridad y la ley de inteligencia, ambos, fundamentales para emprender la modernización que necesitamos para enfrentar el nuevo contexto delictual.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
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