De concretarse el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre denominar a los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, tendría serias repercusiones en materia de las relaciones entre dos vecinos donde hace décadas reina la desconfianza en materia de seguridad.

“Los designaré, absolutamente. He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. La designación no es tan fácil, debe pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso”, afirmó Trump el martes en una entrevista televisada.

En la práctica, sería una admisión por parte de Estados Unidos de que el Estado mexicano ha fallado a la hora de frenar o, al menos contener, a las bandas de crimen organizado que hoy son capaces de asesinar a una inocente familia estadounidense en medio de una carretera o forzar al ejército local a rendirse y liberar a un hijo del jefe del Cartel de Sinaloa.

A la presión pública que está haciendo la familia LeBarón para que esto ocurra, se suma la iniciativa de dos legisladores republicanos para consignar, específicamente, al Cartel Jalisco Nueva Generación, al Cartel Noreste y a los Metros, como grupos terroristas en la lista de “Organizaciones Terroristas Extranjeras” que elabora el Departamento de Estado. De este modo, quedarían en el mismo catálogo con Al Qaeda o Boko Haram, en el que también estuvieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes del último proceso de paz.

Al ser considerados en esa lista, se abren de inmediato muchas opciones a las fuerzas y agencias estadounidenses para atacar a esos grupos, desde acciones armadas a las sanciones contra quienes tengan nexos con esas organizaciones. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, más conocido por las siglas de AMLO, acusó de inmediato la maniobra y en su conferencia matutina del miércoles dijo “cooperación sí, intervencionismo no”. 

Si algo ha enseñado la Guerra Global contra el Terrorismo que lanzó Estados Unidos tras los ataques del 11-S, es que cuando se trata de llevar a los enemigos a la justicia o llevar la justicia hasta los enemigos, no hay límites territoriales, legales ni de tiempo que valgan. No importan si están en Yemen, Pakistán o Somalia.

Existen vastos antecedentes de operaciones estadounidenses, con y sin permiso, en suelo mexicano. Desde la Expedición Punitiva (1916-1917) del general John J. Pershing contra Pancho Villa tras su ataque al pueblo de Columbus, Nuevo México, hasta el caso de Enrique “Kiki” Camarena, el agente encubierto de la DEA ejecutado en 1985 por los narcos tras ser delatado por la policía local. En la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán (2016), también se reportó la participación de fuerzas federales estadounidense, pero no hubo confirmación oficial.   

Es cierto que también Estados Unidos podría incrementar su ayuda en materia de seguridad con inteligencia y asesoría, como venía haciendo desde 2008 con la Iniciativa Mérida, por medio de la cual Washington asumió su corresponsabilidad en el problema del narcotráfico y donó millones de dólares en helicópteros, equipos de rayos X y entrenamiento para las fuerzas de seguridad.

El problema es que el mismo AMLO se encargó en mayo de anunciar que su gobierno iba a hacer desaparecer la Iniciativa Mérida dentro de su estrategia de reenfoque del combate al narcotráfico de “abrazos, no balazos”.

Tras criticar fuertemente a sus antecesores Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por su falta de resultados en la lucha contra el narcotráfico –y una acumulación sin fin de muertos-, el líder centroizquierdista sostuvo que su gobierno no iba criminalizar a los consumidores ni menos librar una guerra contra los propios ciudadanos.

Pero una vez en el cargo, las inconsistencias quedaron expuestas. Y en julio pasado, puso oficialmente en marcha la Guardia Nacional, formada por exmilitares y expolicías. La idea inicial fue desplegar 70.000 agentes en las 150 regiones más violentas de México, de las 266 en que se ha subdividido el país. El objetivo sería llegar a 82.000 en los próximos seis meses y a 150.000 al final de su mandato en 2023. O sea, más de lo mismo.

Mientras tanto, 2019 se apresta a terminar como uno de los años con más homicidios en las últimas dos décadas (cifras oficiales dan cuenta de 26.000 muertos a fines de octubre). Las cárceles parecen fuera de control, la impunidad judicial campea y las autoridades municipales se doblegan ante el poder de fuego de los narcos. Y Estados Unidos podría declarar a los carteles como organizaciones terroristas por sus despiadados métodos.

Se dice que a los gobiernos latinoamericanos les resulta incómodo reconocer que las pandillas o carteles amenazan la naturaleza del Estado, al desafiar su monopolio sobre la violencia y la impartición de justicia. Pero cuando a López Obrador le preguntaron su opinión respecto a los soldados que se rindieron para entregar al hijo del “Chapo” Guzmán, contestó: “No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”. Por lo visto, no piensan lo mismo al otro lado de la frontera. Con todo lo que eso puede implicar, aún si solo fuera una forma de presión más.

Juan Pablo Toro*
Director ejecutivo AthenaLab.

*Diplomado en Seguridad Nacional del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), país donde vivió entre 2005 y 2007.

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