El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó esta semana su “Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana” (PSDCC)[1], el primer documento de este tipo producido por un gobierno de izquierda en ese país y que se plantea como objetivo prioritario la “protección de la vida”.
En una primera lectura, se advierte que es un documento, cuyo mérito es recoger muchos de los ya conocidos diagnósticos que se han hecho sobre las raíces de la violencia en Colombia y luego definir, a partir de cuatro objetivos básicos, las estrategias para alcanzarlos.
Conceptualmente, el gobierno de Petro ya había abrazado la idea de seguridad humana, que justamente tiene que ver con la integridad de las personas y también con muchos factores relacionados con su bienestar; sin embargo, eso siempre resultará difícil de implementar. Esto explica que la PSDCC, en algunos momentos, termine enfatizando aspectos de desarrollo y justicia que no son propios del Ministerio de Defensa.
Para la actual administración, el conflicto interno sufrió una “mutación” producto de la aplicación fallida del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde el Estado no copó los espacios dejados por esa guerrilla y tras la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
ECONOMÍAS ILEGALES. En el texto se afirma que las “economías ilegales”, como el narcotráfico, minería ilegal, robo de combustible, tráfico de madera y extorsiones, nutren las distintas formas de violencias que repuntan en el país, amenazado con hacer retroceder los avances alcanzados tanto por las fuerzas militares y policiales como por los negociadores de paz en los últimos años.
Si el presidente Álvaro Uribe (2002-2010) llamaba Bandas Emergentes y Bandas Criminales (Bacrim) a los grupos ilegales carentes de toda ideología y Juan Manuel Santos (2010-2018) los calificaba de Grupos Armados Organizados (GAO), nombre que mantuvo Iván Duque (2018-2022), en la política de Petro se les denomina “grupos multicrimen”, para dar cuenta de que se dedican a variadas actividades delictivas.
La PSDCC se centra en cuatro objetivos:
1. Proveer condiciones de seguridad y protección para la vida, la integridad personal y el patrimonio, con especial énfasis en los territorios bajo disputa de organizaciones criminales.
2. Contener la deforestación y contribuir con la protección, la preservación de la biodiversidad y del recurso hídrico.
3. Salvaguardar la integridad territorial, la soberanía, la independencia nacional y el orden constitucional.
4. Fortalecer a la Fuerza Pública en su talento humano, su legitimidad y sus capacidades para apoyar la transformación de los territorios.
Es decir, las fuerzas militares y policiales deben centrarse en cuidar a las personas y después atacar a los grupos multicrimen, que presentan una enorme capacidad de reciclaje. Un camino distinto al seguido por Uribe, Santos en su primer gobierno y Duque, quienes se mantenían a la ofensiva contra las guerrillas y su debilitamiento solo producía como efecto más seguridad para los ciudadanos.
Dado que las “economías ilegales” son ahora el centro de gravedad, se pone mucho énfasis en su desmonte mediante la interdicción de productos ilegales, destrucción de infraestructura criminal e inmovilización de los activos ilícitos, con particular interés en el lavado de dinero.
NARCOTRÁFICO. Por supuesto, hay una especial mención al narcotráfico, donde Colombia experimenta hoy niveles récord, con una superficie de más de 200.000 hectáreas plantadas de coca y una producción estimada de 1.400 toneladas de cocaína. Esto es resultado de una mayor productividad en la fabricación del alcaloide, de la multiplicación de las bandas dedicadas al negocio y, si bien el texto no lo dice, del hecho de que durante el pasado proceso de paz con las FARC se ralentizó la erradicación en zonas con presencia rebelde.
La PSDCC apunta más a la necesidad de sacar a los campesinos de la pobreza —que los lleva a plantar cultivos ilícitos como medio de subsistencia— que a la captura de los cabecillas de los grupos criminales, asumiendo que en el fondo hay un problema de desarrollo. Por lo tanto, se valida como herramienta la erradicación voluntaria con acuerdo de las comunidades, pero sin descartar acciones forzosas.
PAZ TOTAL. Quizás, una de las mayores complejidades deriva del hecho de que esta política se quiere implementar junto con la llamada “Paz total”, una iniciativa por la cual Petro pretende una salida negociada con los alzados en armas, pero desde bases territoriales, para que los esfuerzos sean sostenibles en el tiempo y no se produzcan reciclajes de bandas.
El gobierno actualmente busca retomar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), algunas disidencias de la FARC y el Clan del Golfo (ahora autobautizado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia), pero ninguno de estos grupos ha dado muestras sinceras de interés en la “Paz total”. El ELN, una guerrilla binacional instalada en Colombia y Venezuela, a través de su líder, Antonio García, ha dicho que Petro no es de izquierda y nunca ha sido revolucionario, entre otras cosas.
DEFENSA. En el campo específico de la Defensa, la PSDCC identifica la necesidad de recuperar capacidades ante la obsolescencia de algunos equipos y se la juega por seguir adelante con los programas para reemplazar la “flota estratégica” de la Fuerza Aérea (los cazas sucesores de los Kfir) y construir nuevas “plataformas integradas de superficie” para la Armada (cuatro fragatas basadas en el modelo Sigma 10514 de Damen).
También asegura que es necesario revisar el sistema de ascensos al interior de las fuerzas, todo esto en medio del retiro de 100 oficiales, entre generales y coroneles, desde la llegada de Petro al poder en agosto pasado. Además, plantea avanzar en la eliminación del servicio militar obligatorio.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. En materia de cooperación, se mantiene el propósito de seguir profundizando los vínculos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. No se nombra directamente a Estados Unidos, país que ha jugado un rol central en la seguridad de Colombia desde el año 2000 con la inversión de unos US$ 10.000 millones de ayuda en entrenamiento, inteligencia y equipos.
NUEVA ESTRUCTURA. La PSDCC propone la creación de un “Sistema de Coordinación para la Desarticulación del Multicrimen”, donde confluyen policías, fiscalías, entidades financieras, aduanas y cortes, pero no determina la entidad que estará a cargo. En general, en todo el documento se destaca la necesidad de tener un enfoque interagencial entre civiles, policías y militares.
DIÁLOGO Y MÁS DIÁLOGO. Si en todo momento se destaca el origen participativo de la PSDCC, también se resalta el elemento de “convivencia ciudadana” que completa el nombre de la política y que se considera indispensable para legitimar la acción del Estado. Es cierto que el diálogo es algo que ha faltado en la historia de Colombia, pero también abrirlo a nivel local significa iniciar largos procesos con comunidades que necesitan soluciones urgentes de seguridad y guía en muchos casos. Aunque el país tenga una estructura semifederal, la seguridad sigue aplicándose de manera nacional, dada la existencia de una sola policía, por ejemplo.
CONCLUSIONES
La PSDCC es un aporte como documento, porque explicita una visión e identifica que la “seguridad es un asunto político”, a la vez intenta hacerse cargo de este. Cuenta con pocos objetivos básicos, pero son claros. También reconoce la gran capacidad de reciclaje de los grupos armados y la necesidad de ocupar los espacios que dejan cuando deponen la armas; que es una forma de no repetir los errores de Santos, quien incluso auguraba que sería más fácil atacar el narcotráfico sin las FARC en pie de guerra.
Ahora bien, la excesiva apuesta en el diálogo comunitario y en la solución de problemas estructurales de desarrollo van mucho más allá de lo que una política de seguridad y defensa pueda aspirar. Y ahí está el mayor problema que se deriva del enfoque de la seguridad humana.
Cuando el país nada en coca, se necesitará una acción mucho más radical para atacar el narcotráfico. Este año, por ejemplo, la Policía dijo que su meta de erradicación de cultivos ilícitos era de 20.000 hectáreas, una reducción de 60% con respecto al objetivo del año 2022 (50.000), que no se cumplió.
También el logro de la “Paz total” es una apuesta y no puede ser una condición, porque su éxito no está garantizado. La recuperación del control territorial por parte del Estado tiene que darse con o sin diálogo con los grupos armados.
En materia de Defensa, en lo específico, es claro que a la Fuerza Aérea y la Armada les urge reemplazar sus capacidades. Pero, así como se necesita certeza en los recursos para eso, las fuerzas militares también requieren confianza y convicción respecto de la voluntad política para continuar con sus esfuerzos de recuperar la seguridad; afán que en el pasado permitió reducir la violencia y superficie de coca a niveles históricos. Destacando en numerosas oportunidades el problema de confianza que padecen los militares y policías entre la ciudadanía, la PSDCC parece hacerse cargo y hasta compartir cuestionamientos a los principales encargados de aplicarla.
Juan Pablo Toro V, director ejecutivo de AthenaLab
28 de abril de 2023
[1] “Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana” del Ministerio de Defensa de Colombia, disponible en: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Recursos%20MDN/Plantillas%20Documentos/Ministerio/CentroDocumentos/PoliticasSectoriales/PoliticaDefensaSeguridad/Recursos/PDS_2023_web.pdf
